Siguiendo al analista Edgardo Buscaglia, la administración de Sheinbaum debe cumplir tratados internacionales para colaborar con EE. UU. en investigaciones contra políticos vinculados al crimen organizado. Bloquear cooperación en extradiciones y pruebas se configura como un delito transnacional, con implicaciones legales severas.
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Los tratados mexicanos exigen la cooperación judicial internacional
El analista político y académico Edgardo Buscaglia sostiene que el gobierno de Claudia Sheinbaum está jurídicamente obligado a colaborar con las investigaciones de Estados Unidos. Esta obligación emana de tratados internacionales que México ha firmado y ratificado, los cuales se enfocan en la lucha contra políticos y funcionarios mexicanos presuntamente ligados al crimen organizado. Durante una entrevista, Buscaglia enfatizó que la soberanía nacional está supeditada a estos compromisos internacionales previamente establecidos por el Estado mexicano. México suscribió convenciones internacionales de las Naciones Unidas, entre ellas aquellas contra la delincuencia organizada, la corrupción y el financiamiento del terrorismo. Dichos acuerdos internacionales imponen al Estado mexicano la responsabilidad de facilitar extradiciones, compartir información crítica y ejecutar investigaciones conjuntas con otras naciones. La mandataria, como jefa del Poder Ejecutivo, debe cooperar y facilitar las solicitudes de investigación y extradición de cualquier país que haya suscrito y ratificado estas normativas.
El escudo de soberanía no aplica ante crimen organizado
Buscaglia refuta la invocación de soberanía como mecanismo para eludir la cooperación judicial. El principio de soberanía no es aplicable en situaciones donde la administración se resiste a colaborar en solicitudes de extradición, investigación o provisión de evidencia. El académico también puntualizó que las afirmaciones presidenciales sobre la ausencia de pruebas, a su juicio, revelan una interpretación errónea del procedimiento judicial. La prueba, según indicó, se genera y valida durante el juicio, subrayando el principio de presunción de inocencia hasta la declaración de culpabilidad. Además, Buscaglia advirtió que cualquier acción de obstrucción a la justicia, incluyendo el bloqueo de investigaciones o extradiciones, puede ser tipificada como delito tanto en México como en Estados Unidos.
Estados Unidos redefine la protección criminal como terrorismo
La estrategia de Washington ha experimentado una reconfiguración significativa con el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Esta transformación ha llevado a la integración de acusaciones relacionadas con terrorismo contra organizaciones criminales mexicanas. Buscaglia precisó que estos casos, que antes se clasificaban únicamente como delincuencia organizada, ahora son marcados como actos de terrorismo por parte de Estados Unidos. Una de las acusaciones más prominentes en Estados Unidos involucra al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales. Estas imputaciones están directamente vinculadas con el tráfico de fentanilo hacia el territorio estadounidense. La protección brindada por un político a una organización criminal exportadora de fentanilo es catalogada como un acto de terrorismo por la nación norteamericana. Ante este escenario, Buscaglia anticipa una intensificación de las operaciones de inteligencia de Estados Unidos contra grupos criminales mexicanos, con o sin la cooperación explícita de la presidenta Sheinbaum. Aunque Buscaglia se opone a que se envíen equipos encubiertos al territorio mexicano sin el consentimiento del gobierno, al considerarlo una violación del marco jurídico internacional, subraya la probabilidad de que tales operaciones se realicen.
La vía de cooperación: investigaciones conjuntas para la justicia
Como alternativa viable, Buscaglia propone que el gobierno mexicano promueva un marco de investigaciones conjuntas entre las autoridades de ambos países, articulado a través de la Fiscalía General de la República. Estas investigaciones, según el académico, deberían abarcar no solo a las diez personas actualmente señaladas, sino también a un listado más amplio que se encuentra bajo revisión del Departamento de Justicia estadounidense. Se ha recordado que este tipo de esquemas colaborativos ya se implementaron en México durante el sexenio de Ernesto Zedillo, citando como precedente el caso del exgobernador Mario Villanueva en Quintana Roo. El alcance de estos procesos judiciales, afirmó Buscaglia, debe trascender el mero congelamiento de cuentas. El congelamiento representa una medida preventiva. En cambio, en caso de sentencias condenatorias, se impone el decomiso de bienes de los individuos implicados y de sus familiares vinculados a esos patrimonios, procurando una recuperación tangible.
Más allá del congelamiento: decomiso y reparación para víctimas
La crisis de violencia y las desapariciones forzadas en México requieren investigaciones de gran envergadura contra las estructuras político-criminales. Las causas penales impulsadas actualmente por Estados Unidos se enfocan primordialmente en las muertes de ciudadanos estadounidenses, dejando sin justicia a las víctimas mexicanas. Buscaglia enfatizó la necesidad de que la presidenta Sheinbaum demuestre un rol histórico como estadista, o asuma la posibilidad de ser percibida como una protectora de la delincuencia organizada, una situación que, según su análisis, ha afectado a presidentes anteriores, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador. Este escenario representa una coyuntura política e histórica definitoria para la actual mandataria. Legalmente, la presidenta carece de opciones en el marco jurídico establecido.
