Claves de la noticia
- El laberinto de Monika en Cancún: El expediente familiar 1729/2022 de la ciudadana checa Monika Sevkova devela un catálogo de anomalías en el Poder Judicial del Estado.
- Contexto: Un juicio de amparo oculto que salvó al agresor del arresto, una Fiscalía que congela denuncias bajo el pretexto de la “diplomacia” y una jueza que fue removida tras ser denunciada por el propio victimario.
CANCÚN, QR.- Monika Sevkova llegó a Cancún hace varios años. Conoció a Christopher N., un ciudadano estadounidense, se enamoró y tuvieron dos hijos. Lo que parecía un proyecto de vida en el paraíso caribeño se fue transformando en una pesadilla de la que aún no logra salir.
“Todo inició en una relación normal, conocí a Christopher y me enamoré, después tuvimos dos hijos. Empecé a notar rasgos narcisistas. Me dejaba de hablar por días y tenía que pedir perdón por cosas que no hice. Esto hacía que me sintiera con miedo de salir de esta situación. Muchas veces el universo nos da señales y no las queremos ver”, aseveró Monika.
También te podría interesar: Retratos de la infancia invisible en Cancún; la lucha que los discursos oficiales ignoran
“Al final me enteré de que tuvo otra pareja y me quitó a mis hijos. No podía verlos, mi casa estaba vacía y estaba la policía con una demanda falsa”.
El caso de la ciudadana de origen checo se ha convertido en la radiografía más cruda de cómo el sistema judicial local puede ser moldeado por el litigio malicioso, la asimetría económica y la parálisis institucional.
Tan solo en Quintana Roo, durante 2025 se registraron alrededor de 70 denuncias relacionadas con violencia vicaria y retención indebida de menores, según reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y colectivos de apoyo legal. A nivel nacional, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) del Inegi señala que el 70.1% de las mujeres de 15 años o más han experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida.
A casi cuatro años de haber denunciado la sustracción de sus dos hijos menores de edad por parte de su expareja, Christopher N., el expediente 1729/2022 del Juzgado Primero Familiar Oral de Cancún acumula un historial de violaciones procesales que rayan en lo inverosímil: un amparo “fantasma” que mutiló los derechos económicos de los niños, audiencias suspendidas por falta de traductores y una Fiscalía General del Estado (FGE) que opera con dos velocidades diametralmente opuestas.
El expediente “fantasma” que frenó la justicia
En noviembre de 2022, la autoridad judicial fijó una pensión alimenticia provisional de 28 mil pesos quincenales a favor de Monika y sus dos hijos. Sin embargo, Christopher N. sistemáticamente desacató la orden, realizando únicamente depósitos parciales de 5 mil pesos bajo el argumento de que sus ingresos mensuales eran inferiores a los 50 mil pesos.
La realidad, según consta en los expedientes, es que el agresor nunca presentó pruebas fehacientes de sus ingresos reales, aprovechándose de un sistema que no exige la documentación fiscal necesaria a los extranjeros.
El punto de quiebre ocurrió el 28 de mayo de 2025. Ante el reiterado incumplimiento, el Juzgado Primero Familiar Oral actuó con firmeza: decretó un arresto por seis horas en el Centro de Retención Municipal contra Christopher N. y ordenó el embargo inmediato de sus bienes.
Sin embargo, el agresor sacó un “as bajo la manga” que evidenció las fallas del sistema: alegó la existencia de la ejecutoria de amparo 174/2022 (y su cuadernillo 174/2024), dictada por un juez federal, que supuestamente reducía la pensión a 5 mil pesos quincenales con efecto retroactivo a 2022.
Monika afirmó que su defensa nunca fue notificada de dicho juicio constitucional. Peor aún, el propio Juzgado Familiar tuvo que reconocer una falla crítica: el cuadernillo de amparo no se encontraba glosado al expediente físico ni vinculado al sistema electrónico del juzgado. Era, en la práctica, un expediente fantasma.
Bajo la justificación de “regularizar el procedimiento” ante el documento omitido por el propio personal del juzgado, la autoridad judicial dio marcha atrás: canceló la orden de arresto, dejó sin efectos el embargo y borró al estadounidense del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, sepultando el reclamo de una madre que hoy apenas sobrevive económicamente.
Una Fiscalía de dos velocidades
La disparidad con la que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo integra las carpetas de investigación en Cancún evidencia un sesgo institucional sistemático.
Por un lado, la maquinaria penal avanzó en tiempo récord cuando el agresor denunció a la víctima. La carpeta FGE/QROO/CAN/UAT/10/12378/2023 (judicializada bajo la Carpeta Administrativa 906/2024), donde se acusa a Monika de presunta violencia familiar, fue integrada y turnada a los juzgados orales con una celeridad inusual.
Para armar ese caso fast-track, la Fiscalía utilizó un peritaje psicológico notoriamente irregular y presuntamente manipulado; el estudio se le realizó a un niño de apenas cuatro años sin la presencia obligatoria de un oficial de menores, una violación flagrante a los protocolos internacionales de infancia.
Por el otro lado, las denuncias donde Monika y sus hijos son las víctimas permanecen en la congeladora de la misma dependencia:
- Carpeta 938/2022 (Violencia Familiar): Iniciada por Monika en 2022. Aunque ya está judicializada, el proceso está paralizado porque la FGE no ha realizado la notificación formal al agresor.
- Carpeta 801/2023 (Incumplimiento de Obligaciones Alimentarias): Paralizada bajo el mismo argumento. La Fiscalía aduce que el imputado solicitó “asistencia y apoyo de su embajada”, usando la vía consular como un escudo burocrático para frenar la acción de la justicia local.
El caso ha escalado a tal nivel de tensión que ya provocó la remoción de la primera juzgadora. La Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Cometidos por Servidores Públicos inició el oficio FGE/QROO/CAN/FECDCPSPYT/10/1809/2025 para investigar a la jueza Marcela del Pilar Campos Chalé por el probable delito de abuso de autoridad, tras una denuncia interpuesta por el propio Christopher N.
Ante la evidente presión y el riesgo de perder la imparcialidad, la jueza de alzada declaró fundada una excusa legal en noviembre de 2025. El expediente fue retirado y turnado de manera directa a la jueza Aholibama Torres Bui, señalada por litigantes locales por su cercanía con el poder político y sobre quien pesan críticas por la falta de aplicación rigurosa de los protocolos de perspectiva de género.
El castigo de no hablar español
“Todo esto empezó por la falta de un traductor de checo. Mi idioma es el checo, no sé leer ni escribir en inglés. Hay tratados internacionales que México firmó y me deben proporcionar uno. Y eso no ha sido posible. De hecho, el juicio lo tuvieron que suspender porque no había traductor”, lamentó la víctima.
A pesar de que México es firmante de tratados internacionales que garantizan el debido proceso a ciudadanos extranjeros (entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos), el Poder Judicial de Quintana Roo ha sido incapaz de dotar al juicio de las herramientas mínimas de derechos humanos.
Durante casi tres años, y contando con una recomendación expresa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEQROO) bajo el expediente VG/BJ/23/01/2024, Monika solicitó la asignación de un perito traductor en lengua checa para ella y sus hijos.
El sistema ignoró la petición de tal forma que, en la audiencia del 11 de julio de 2025, el juicio tuvo que suspenderse y diferirse porque el juzgado simplemente no contaba con el intérprete, pretendiendo obligar a una madre sin recursos económicos a costear un perito privado. Al día de hoy, el tribunal local ha tenido que enviar exhortos hasta el estado de Querétaro para solicitar el apoyo de un traductor público.
Mientras tanto, el agresor interpone recursos desproporcionados para estrangular económicamente a la madre y solicita de forma recurrente que le quiten la custodia provisional de los niños, usando incidentes comunes, como el contagio de una infección cutánea escolar, para tachar de omisa a Monika.
El caso de Monika Sevkova ya no es un asunto doméstico. Las instituciones encargadas de impartir justicia están obligadas a demostrar si sus criterios se rigen por las leyes vigentes de violencia vicaria y el interés superior de la niñez o si, por el contrario, la nacionalidad del agresor y su capacidad para litigar determinan quién merece justicia en Quintana Roo.
Para esta investigación, Ruptura 360 buscó de manera formal a la directora de Comunicación Social del Poder Judicial de Quintana Roo. Tras hacer el contacto, la titular indicó que ya conocía el caso y se comprometió a hacernos llegar una ficha técnica con la postura oficial del tribunal; sin embargo, hasta el momento del cierre de esta edición y la publicación de esta nota, dicha información no fue entregada.
