Claves de la noticia:
- Uso público: El Gobierno de México busca que el puerto de Punta Venado deje de ser exclusivo para la exportación de material pétreo y se abra a la utilidad pública.
- El caso llega a la SCJN: Tras la inacción de magistrados en Quintana Roo, la Suprema Corte atrajo el caso donde Calica impugna las leyes aplicadas para retirarle el control de la infraestructura.
- Negociación condicionada: La presidenta Claudia Sheinbaum condicionó cualquier acuerdo con Vulcan Materials a que no exista explotación de piedra caliza en la zona afectada.
PLAYA DEL CARMEN, QR.- El Gobierno de México planea reabrir el puerto de Punta Venado, infraestructura que anteriormente estaba concesionada a la filial de Vulcan Materials, Calica, al sur de Playa del Carmen. El objetivo de la administración federal es reactivar este punto estratégico para su utilización con fines públicos, una decisión que coincide con el momento más tenso del litigio, ya que la empresa de origen estadounidense ha escalado el conflicto legal hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Este importante puerto de Quintana Roo se encuentra cerrado desde mayo de 2022, cuando las autoridades federales del anterior sexenio clausuraron las operaciones de extracción y exportación de la compañía. Hasta ese momento, la terminal marítima funcionaba como el punto de embarque desde donde se enviaba el material pétreo extraído de la península hacia los Estados Unidos.
También te puede interesar: Mara Lezama entrega domo a Bachilleres de José María Morelos tras 40 años de espera
El plan del Gobierno de México para el puerto de Punta Venado
En su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el destino de esta infraestructura forma parte de la mesa de renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La mandataria enfatizó que la prioridad es rescatar el espacio para el beneficio nacional.
“Que el puerto se pueda utilizar para otras cosas porque hoy es para la salida de piedra caliza, y se está viendo, porque han sido varios meses, si se puede llegar a un acuerdo para beneficio evidentemente de México y que ellos pudieran tener otras posibilidades. No hemos hecho público el acuerdo porque todavía no se llega a él”, detalló la presidenta.
Sheinbaum Pardo fue clara al señalar las condiciones que el Gobierno de México ha puesto sobre la mesa para destrabar el conflicto: en el puerto de Punta Venado no se permitirá ninguna actividad relacionada con la explotación minera. En caso de que la empresa insista en la extracción de piedra caliza, esta tendría que mudarse a un sitio que sea ambientalmente factible y bajo volúmenes mucho menores a los proyectados originalmente.

Calica lleva el litigio por la concesión ante la SCJN
El anuncio del gobierno ocurre semanas después de que magistrados federales asentados en Quintana Roo determinaran no resolver las impugnaciones promovidas por Calica contra la ocupación de la Marina y otros requerimientos regulatorios. Ante esta parálisis judicial, la SCJN decidió atraer el caso para emitir un fallo definitivo.
La firma estadounidense busca que el máximo tribunal del país declare inconstitucionales diversos artículos de la Ley de Aduanas y la Ley Orgánica de la Armada. Dichos marcos legales fueron los instrumentos jurídicos utilizados por la federación entre 2022 y 2023 para retirarle el control de la concesión portuaria mediante diversos actos administrativos y despliegues de las fuerzas armadas.
De zona de extracción a área natural protegida
El declive operativo de la filial de Vulcan Materials comenzó formalmente en 2022 con la clausura de sus actividades extractivas en una superficie de alrededor de dos mil hectáreas. El golpe definitivo a la actividad minera de la empresa ocurrió en septiembre de 2024, cuando el territorio fue declarado formalmente como área natural protegida.
Esta declaratoria ambiental funcionó como un candado jurídico definitivo que sepultó cualquier posibilidad de continuar con la remoción de roca caliza para el mercado estadounidense. Ahora, con el destino de las tierras configurado hacia la conservación, el Gobierno de México enfoca sus esfuerzos en recuperar el muelle colindante, buscando transformar un antiguo enclave industrial privado en un nodo de desarrollo e infraestructura pública para el sureste mexicano.

