CHETUMAL, QR.- Por presuntas irregularidades en el desempeño de la función pública, abuso de poder, tráfico de influencias y violencia institucional, una madre de familia de origen colombiano interpuso una solicitud de juicio político en contra de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Verónica Acacio Trujillo.

La afectada es Catalina Castro Meneses, ex esposa del ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Sergio L. C.

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En compañía de su abogada, Aracely Andrade y apoyadas por representantes de colectivas feministas, acudieron a Oficialía de Partes del Congreso del Estado, para ingresar el documento respectivo.

Este presunto desempeño irregular en la función pública se deriva del caso de divorcio de Castro Meneses y L. C., por lo que también se interpuso una denuncia penal contra la Juez de lo Familiar en Solidaridad, Citlali Marisol Padilla Zúñiga.

La abogada indicó que se configura un conflicto de intereses porque la juez es amiga cercana de la magistrada y ésta a su vez tiene una relación “íntima” con L. C.

Destacó que se hicieron cosas que solo ocurren cuando hay un nivel de complicidad alto, para que solo en unos días la afectada perdiera su casa e hijos, pese a ser violentada.

Castro Meneses informó que su divorcio tiene como origen la violencia física que sufrió por parte de su ex esposo.

A raíz de ello interpuso una denuncia y comenzó el proceso de divorcio, en el que se percató del influyentismo por parte de las autoridades jurisdiccionales señaladas.

Aseguró que perder a sus hijos, de 3 y 9 años, el 11 de febrero del 2022, es parte del maltrato generado en complicidad.

Actualmente no tiene dónde quedarse porque es de origen colombiana y no cuenta con propiedad ni familia en Cancún, que es donde reside.

Antecedentes del juicio político

La abogada destacó que el proceso fue exprés, es decir, que algunos de los procedimientos a favor del agresor se dieron en día, incluso en horas.

Enfatizó que la relación estrecha entre la jueza, Verónica y Sergio, no se oculta, y al parecer proviene desde el 2020, más que una amistad fue una alianza, especificó.

Mencionó que una prueba contundente de dicha complicidad fue que “cuando se separa Sergio, vivió en la casa de Verónica Acacio; fue en enero”. La dirección es en calle Bacalar, lote 80 manzana 7, supermanzana 11, propiedad de la magistrada.

“Si inicia tu divorcio y estás viviendo en casa de la magistrada, creo que rebasa el terreno de la suspicacia y del porqué están las cosas así”, aseguró la abogada.

A esta situación se le agrega que el caso de Sergio, lo llevó el despacho jurídico de Acacio Trujillo, ubicado en Cancún.

Castro Meneses apenas pudo ver sus hijos, luego de 54 días de no verlos. La juez le fijo una hora sábados y domingos, cada 15 días, para convivir con ellos.

De acuerdo con Ariadne Song Anguas, abogada y representante de la colectiva Xtabay, esta situación se configura en un conflicto de intereses.

“Como funcionario público no está prohibido tener amistades, pero por ética moral y legal, la jueza debió excusarse, además de que todos los jueces están obligados a aplicar la ley con perspectiva de género”, argumentó.

En este caso también hay una grave violación a los derechos de los hijos, al ser utilizados como “mercancía de cambio”, y sin duda se trata de violencia vicaria.

Por todo lo anterior, que favoreció a la parte agresora, se determinó interponer la solicitud de juicio político en contra de la magistrada; la denuncia penal en contra de la jueza y se hizo énfasis de la denuncia penal por violencia contra Sergio.

La Red de Víctimas Quintanarroense (RVQ) y el Colectivo Xtabay solicitaron la protección para la agraviada, a quien anticiparon su respaldo en todo momento, porque además teme por su vida.

Los representantes de las colectivas pidieron a los diputados dar atención a la solicitud de juicio político y legislar para incluir en el código penal, el delito de violencia vicaria, para garantizar a las madres una vida libre de violencia a través de sus hijos.

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