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CIUDAD DE MÉXICO.- Dos sujetos desconocidos allanaron el día de ayer el domicilio de la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho. Robaron equipo de trabajo y material periodístico altamente sensible, además mataron a una perra que protegía la casa y otra fue envenenada. Se trata de un acto de represalia por su ejercicio de defensa de derechos humanos y de su libertad de expresión.

Los agresores irrumpieron al domicilio en Puerto Morelos, Quintana Roo, a las 18:30 hrs, aproximadamente, después de romper los cables de las cámaras de seguridad y desactivar la alarma. Sustrajeron equipo de trabajo, incluyendo una grabadora de audio, 3 cámaras fotográficas, varias tarjetas de memoria, una computadora portátil, y 10 discos duros con información de alto interés público relacionada con casos de pederastia. Afortunadamente, la periodista tiene respaldos de seguridad en el extranjero.

Además del robo de información, desordenaron su recamara, destrozaron objetos, entre ellos fotografías familiares y ropa interior.

Esto sucede en el contexto de la búsqueda de justicia de Lydia Cacho por la tortura a la que fue sometida en 2005 por parte de un grupo criminal de poder encabezado por altos funcionarios y empresarios de los estados de Puebla y Quintana Roo. El Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró a México responsable por la violación a sus derechos humanos, por la tortura a la que fue sujeta y por la falta de debida diligencia en la investigación. Todo esto como consecuencia de la publicación del libro “Los demonios del edén” en el cual se exhibe una red de pederastas que opera en los Estados mencionados. La periodista, sin embargo, sigue investigando casos de su especialidad periodística.

Expertos en seguridad, consultados por la periodista después del allanamiento, aseguran que “iban por ella” y que, afortunadamente, no se encontraba en su hogar.

Como consecuencia del dictamen del CDH de la ONU, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) giró el pasado 11 de abril órdenes de aprehensión contra Mario Marín Torres (ex gobernador de Puebla), Kamel Nacif, Juan Sánchez Moreno y Hugo Adolfo Karam, por su probable responsabilidad como autores intelectuales por los hechos de tortura en contra de la periodista.

Para ARTICLE 19, las agresiones del día de ayer constituyen un ataque frontal a la búsqueda de justicia de Lydia, que ha llevado más de 14 años. En su momento el CDH señaló que “las agresiones que sufrió la periodista habían sido focalizadas y con contenido discriminatorio en razón de género y connotación sexual”. El mismo patrón sucedido en el 2005 se repite en las agresiones de ayer; la ruptura de fotos familiares, de su ropa íntima y el asesinato de su perra, pretenden dar un mensaje amenazador e intimidante para la periodista.

El allanamiento y la sustracción de material periodístico con información de interés público figuran como elementos intimidatorios que pretenden generar un efecto inhibidor en el activismo, defensa derechos humanos y ejercicio de la libertad de expresión de Lydia Cacho, quien hoy es una referencia a nivel internacional sobre el ejercicio periodístico y la defensa de derechos humanos de las mujeres y la niñez.

Por ello, a pocos días del primer aniversario del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU y a casi 5 meses de la disculpa pública del Estado mexicano en que se reconocieron las violaciones a los derechos humanos de la periodista y se comprometió a lograr una reparación integral del daño y todas las medidas para garantizar su vida, integridad y libertad de expresión, ARTICLE 19 exige a la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía General de la República, especialmente a la FEADLE, se cumplan las garantías de no repetición, se garantice su seguridad y su vida en todo momento y se sancione a los responsables de estos hechos.

David Acosta | R360

CHETUMAL, Q.Roo.- Sus familiares lloran la muerte de Marcelo, David y Luis Gerardo, los tres jóvenes que encontraron la muerte en un accidente mientras realizaban trabajos para el drenaje de la ciudad. Los tres fueron velados en sus viviendas; ninguna autoridad hizo acto de presencia, pese a que perdieron la vida por la falta de supervisión de al menos dos secretarías y la dirección de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA). 

Desde temprana hora del jueves, los cuerpos de los jóvenes llegaron a sus viviendas. Dos sobre la calle Celul, a unos metros de donde ocurrió el trágico “accidente”, en la colonia Payo Obispo, y uno en el fraccionamiento Caribe. 

No sin antes atravesar por problemas, debido a que la empresa se negaba a cubrir el costo de unas cajas fúnebres acordes al tamaño de los cuerpos; pagaron por unas económicas y  los cadáveres pretendían ser entregados con las extremidades dobladas y mal acomodadas. El argumento fue que la compañía Integradora de Construcciones Civiles y Viales S.A. de C.V., propiedad de Carlos Tuz, del municipio de José María Morelos, no tenía recursos. 

Los familiares tuvieron que ejercer presión para que la empresa pagara una diferencia y lograr unos ataúdes en el que entraran los cuerpos. 

Sobre la calle Celul, frente a la vivienda se instaló un toldo con sillas, familiares y amigos acompañaron a los deudos. Los féretros, uno color azul y otro verde, fueron colocados casi en la entrada de la casa de condiciones humildes. 

Los familiares amablemente accedieron a una entrevista y señalaron muchas de las irregularidades que la empresa cometió en contra de los trabajadores, sin embargo fue la necesidad, aseguraron, las que orillaron a los tres compañeros de trabajo a permanecer en ese empleo. 

Carlos Alamilla Cetina hermano de uno de los occisos hizo un llamado al gobernador, Carlos Joaquín, para que ponga mayor interés en las condiciones de trabajo en las obras. Las dependencias de gobierno como CAPA y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STYPS) son responsables también de los hechos por no supervisar que los obreros tengan el equipo necesario. 

La CAPA, dijo, no ha dado la cara y solo se dignó a emitir un comunicado para solidarizarse, cuando las familias requieren más que eso. 

Lilia Alamilla Cetina, visiblemente molesta y con voz entrecortada, fue más allá y responsabilizó al Gobierno del Estado de lo ocurrido y de lo que pueda ocurrir en un futuro con los trabajadores por no contar con seguridad laboral. “Entiendo que hay cosas que no puede controlar el gobierno, pero en esta ocasión se pudo prevenir, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para honrar la memoria de mi hermano por esta lucha que inició”, manifestó. 

En el sitio se encontraban las esposas de Luis Gerardo y Marcelo, Dianeli del Carmen y Wendy, quienes se quedaron con seis hijos en total. Ambas, con lágrimas en los ojos, exigieron justicia y por lo menos una indemnización, porque es evidente que hay un cúmulo de irregularidades en la muerte de sus esposos de las que nadie se quiere hacer responsable. Hasta la tarde de este jueves ninguna autoridad se había acercado a ofrecerles su ayuda, en persona. 

Recriminaron el trabajo de los cuerpos de emergencias y de las autoridades de seguridad, pues al momento del incidente no se metieron a rescatar a sus familiares en la zanja y tampoco permitieron que la gente del lugar lo intentara.

Durante el velorio también trascendió que el salario de los trabajadores oscilaba entre los mil 500 y dos mil pesos semanales, que de acuerdo a familiares y amigos no valían la pena para exponer su vida, más si no contaban con seguridad social. Y aunque el horario laboral era de 8:00 a 18:00 horas como máximo en ocasiones laboraban hasta las 2 de la madrugada, del siguiente día, por el mismo sueldo.

Los tres trabajadores, cuyas edades oscilaban entre 21 y 25 años, tenían su residencia en la ciudad, pero solo uno será sepultado este viernes en la capital, en tanto los otros sus últimas moradas serán las comunidades de Xulhá y Jesús González Ortega, de este municipio. 

A unos metros de donde se realizaba el sepelio y sitio donde ocurrió el trágico incidente, personal de la CAPA arribó e informó que las obras continuarán pese a los hechos y será la misma empresa la que realice los trabajos. Además se definirá si los compañeros de los tres difuntos seguirán prestando su servicio o serán liquidados.