CHETUMAL, QR.- Un estudio realizado por la Universidad de las Américas Puebla dio como resultado que el gobierno de Carlos Joaquín dejó a Quintana Roo con un alto grado de impunidad.

El estudio denominado Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) 2022 y que se elaboró con datos del 2020 y 2021, es decir, corresponde al sexenio pasado, fue presentado el 18 de octubre del presente año, a través del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ).

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El IGI-MEX 2022 además de la puntuación se divide en cuatro grupos:

  • Media Baja Impunidad (2 estados)
  • Media Impunidad (8 estados)
  • Alta Impunidad (11 estados)
  • Muy Alta Impunidad (11 estados)

Quintana Roo se encuentra entre los 11 estados con alta impunidad con una puntuación de 60.32, en la posición número 15, por debajo de la media nacional que es de 60.08.

El estado de mayor puntuación es el Estado de México con 74.55 y el de menor puntuación, Baja California Sur, con 49.05.

Las fuentes de información primarias del índice son:

  • Censos Nacionales de Procuración e Impartición de Justicia Estatal de 2021
  • Censo Nacional de Derechos Humanos Federal 2021
  • Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal 2020
  • Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020
  • Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2020
  • Secretariado Ejecutivo y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020

El IGI-MEX 2022 analiza 32 indicadores, que están contenidos en cuatro rubros:

  1. Dimensión estructural, subdividida en sistema de seguridad y sistema de justicia
  2. Dimensión funcional, subdividida en sistema de seguridad y sistema de justicia
  3. Derechos humanos
  4. Cifra negra

Indicadores de impunidad

Quintana Roo por rubros obtuvo la siguiente puntuación:

Dimensión estructura

  • Sistema de Seguridad, 75.07
  • Sistema de Justicia, 71.25

Dimensión Funcional

  • Sistema de Seguridad, 34.24
  • Sistema de Justicia, 39.38

Derechos Humanos, 50.87

  • Cifra Negra, 91.10

Entre los indicadores que se analizan están:

– Personal en las procuradurías por cada 100 mil habitantes

– Agencias del Ministerio Público especializadas en delitos graves

– Agencias del ministerio público por cada 100 mil habitantes

– Personal con funciones de seguridad pública por cada 100 mil habitantes

– Policías judiciales por cada 100 mil habitantes

– Magistrados y jueces por 100 mil habitantes

– Personal en Tribunal Superior de Justicia por 100 mil habitantes

– Personal carcelario entre reclusos

– Presupuesto per cápita en procuración de justicia

– Presuntos delitos por cada 100 mil habitantes

– Porcentajes encarcelados por homicidio, entre homicidios en carpeta de investigación iniciadas

– Porcentaje de encarcelados por tobo en averiguaciones previas iniciadas

– Causas penales en primera instancia entre carpetas de investigación totales

– Porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia

– Victimas registradas en averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación abiertas por el Ministerio Público

– Solicitud de quejas recibidas por el organismo de derechos humanos

– Servicios de atención inmediata por el organismo de derechos humanos

– Expedientes de quejas atendidos por el organismo de derechos humanos

– Personal de las áreas operativas del organismo de derechos humanos

– Personal de visitadurías de los organismos

– Expedientes de queja atendido entre solicitudes de queja atendidos

– Actos delictivos no reportados (cifra negra).

El estudio es un referente de investigación académica y tiene por objetivo incidir en el impulso de políticas públicas para erradicar la impunidad en las entidades del país.

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