CHETUMAL.- QR.- En Quintana Roo ya no se puede penalizar el aborto, derivado de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), confirmó Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo).
De presentarse un caso en el estado, el Poder Judicial no podrá procesarla. Puede un Congreso no modificar su Código Penal, pero ya no tendrá validez, es letra muerta, según el diputado.
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“Podrá no gustarme, pero lo que celebro es que finalmente la Suprema Corte decidió dar un paso y establecer de manera categórica y clara cuál es su sentencia al respecto”, dijo.
Comentó que se desconoce si es de condición obligatoria para los estados, es decir, si es necesario cambiar sus leyes, pues no cuentan con el “engrose” de la resolución, solo les ha llegado la versión estenográfica.
Reiteró que es en el “engrose” donde vienen detalles y consideraciones sobre la sentencia.
“Por ejemplo, apenas resolvieron que los médicos no están obligados a practicar el aborto por objeción de conciencia”, comentó.
De momento, no hay iniciativa
El diputado destacó que, por el momento, en el Congreso del Estado no ha ingresado ninguna iniciativa sobre la despenalización del aborto.
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“De presentarse una propuesta, será analizada y sometida a pleno, tomando como referencia la sentencia de la SCJN”, afirmó.
Aseguró que será respetuoso de la decisión de la mayoría, en caso de que ingrese una propuesta sobre el tema.
“Voy a hacer papel de doctor, yo por mi conciencia no puedo votar así, pero tampoco puedo evitar que se apruebe, ya es un tema legal definido por la SCJN, tengo que apegarme a eso y respetar el derecho que la Suprema Corte le está reconociendo a las mujeres”, aclaró.
Precedente
Explicó que lo que hizo la SCJN fue invalidar un artículo de un estado (Coahuila) que penalizaba el aborto, ahora ninguna mujer puede ser procesada por ello en el país, salvo por las consideraciones que tenga la propia sentencia.
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El aborto está permitido hasta las 12 semanas de gestación en Coahuila. La sentencia es de observancia en todo el país para jueces y autoridades que atiendan este tipo casos, de acuerdo con la SCJN.
