Jazmín Ramos | R360

(Segunda de dos partes)

CANCÚN, Q.Roo.- Referente al incumplimiento de las recomendaciones dictadas por la alerta de género, Mercedes Hernández Rojas, enlace del gobierno de Quintana Roo con la Conavim, admitió que aún no se han  cumplido todos los requerimientos por la instancia federal, aunque aseguró que sí se tienen avances y consideró que hay voluntad política para dar cumplimiento a las observaciones.

Según Mercedes Hernández, los atrasos en el cumplimiento a la Conavim radican principalmente  en materia de infraestructura, cuyos trabajos se han retrasando por el cambio tanto de las administraciones municipales como federales, por lo que se tienen que hacer ajustes a los presupuestos y adecuarse a la nuevos gobiernos.

Referente al por qué sigue avanzando la violencia feminicidad aseguró que se debe básicamente a que la violencia es un tema donde influyen varios factores y en el caso de Quintana Roo, el hecho de que se tenga una marcada migración deriva mucho problemas sociales y ese es un fenómeno que pesa a la hora de atender las necesidades de la población.

Es evidente que se tiene que seguir trabajando con los tres niveles de gobierno en el tema de la violencia, en donde es necesario una mayor sensibilización y mentalizarse con el tema de la perspectiva de género, que era un termino muy ajeno, ahora ya lo adaptaron, pero se está en ese proceso de cambio de todas las instituciones de gobierno.

Sostuvo que no es fácil combatir esta violencia generalizada, la cual inicia desde el hogar y se va extendiendo de forma sistematizada, por eso la importancia de la prevención, de la concientización, así como la capacitación de quienes están involucrados en atender el problema, de tal suerte que se está en este proceso.

Por su parte la diputada de la Comisión de Derechos Humanos, Eugenia Solís Salazar, mencionó que a pesar de los esfuerzos que se han realizado por erradicar la violencia de género, todavía existe fallas en las instituciones y dependencias encargadas de llevar a cabo las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de desarrollo de las mujeres.

Dijo que un ejemplo de ello son las carencias del Instituto Quintanarroense de la Mujer que opera con poco personal y no se difunden correctamente los programa de prevención de la violencia, mientras tanto la Comisión de Atención a Víctimas, no cuentan con el presupuesto suficiente para la reparación oportuna del daño.

Mencionó que hay más de 80 casos que se encuentran empantanados por falta de presupuesto y a esto se le suma que no hay un albergue adecuado para las mujeres y los menores violentados, entonces desde el estado mismo comienza la violencia, pues el no responder adecuadamente a la población en riesgo también implica un violación al derecho a la justicia.

Consideró que como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo Local, han realizado diversos exhortos para que se refuercen las acciones al combate y atención de la violencia contra las mujeres, pero ha sido insuficiente y el hecho está en que estos delitos van en aumento.

Ineficaz e ineficiente

Ante el incremento de los índices delictivos relacionado con la violencia feminicida y trata de personas no solo en Quintana Roo, sino en 27 estados del país donde hay activos 29 mecanismos de alerta de violencia de género, activistas, líderes de organizaciones sociales y legisladoras han considerado como un fracaso este instrumento que busca garantizar la integridad de las mujeres.

Un informe  de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, revela que a pesar de que hay un gran número de dependencias involucradas en la aplicación de este mecanismos se han detectado fallas conceptualizadas como en situaciones recurrentes, que refieren a la falta de protocolos de investigación y deficiente incorporación de la perspectiva de género en la investigación de delitos por las autoridades ministeriales y periciales.

Ese es el caso de Quintana Roo, donde se carece de sensibilidad del personal y no existe capacitación en el recurso humano involucrado en las tareas de prevención y procuración de justicia, además se carece de homologación en las estrategias de formación de los funcionarios públicos que atienden la violencia contra las mujeres y niñas

De hecho en el informe presentado por la Cámara Alta se indica que existe opacidad en la información referente a las acciones para erradicar la violencia feminicida; hubo 7 estados que no dieron acceso a ningún dato.

A esto se suma el hecho de que del total de asesinatos cometido en los últimos tres años, de 6 mil 297 mujeres  solo 886 casos fueron investigados como feminicidios, de estos seis se encuentran en Quintana Roo, donde en ese lapso se tuvo la muerte violenta de 120 mujeres, de esta cifra 20 fueron transexuales.

Bajo ese contexto la presidenta del Colectivo Red por la Equidad y los Derechos Humanos, Rosa María Márquez Pérez, indicó que los datos estadísticos y los informes relacionados con la aplicación de la alerta de género demuestran que este mecanismo es ineficaz e ineficiente, por lo que es urgente hacer un análisis del porque está fallando y modificarlo, peros sobre todo fincar responsabilidad por las omisiones de las autoridades, en este caso del gobierno que encabeza Carlos Joaquín González, que solamente ha simulado.

Explicó que de nada sirve tener una alerta de género sino no se puede garantizar la integridad y la libertad de las mujeres, hay casos documentados de mujeres que fueron golpeadas y la autoridad no tuvo sensibilidad a tal grado de revictimizar o criminalizar a la víctima.

La alerta de género es un fracaso en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, un fracaso de los tres niveles de gobierno y del legislativo local, que solo simulan que hacen, pero no hacen nada y la prueba son lo altos índices de hechos violentos donde hay mujeres que perdieron la vida.

La activista dijo que en Quintana Roo la Conavim ha destinado más de cinco millones de pesos en la activación de este protocolo, pero no se tienen los resultados esperado, al contrario el año pasado se cerró con una cifra “espantosa” de mujeres asesinadas, cuyos casos no se tipificaron como feminicidios, porque no se tiene los conocimientos para llevar a cabo las investigaciones.

Señaló que es lamentable que en un estado donde el 60% de la Población Económicamente Activa (PEA) son mujeres, no se les garantice la seguridad, al grado de que una trabajadora ni si quiera tiene la certeza que al salir de su casa regresará sanas y salvas.

Mencionó que ahora la alerta de género se extendió a dos municipios más, sin embargo ya se ha demostrado que el mecanismo es fallido, porque no solo se trata de acciones emergentes, se trata de establecer políticas transversales que incluyan desde regular los horarios tan inestables que genera la industria turística hasta garantizar el acceso a la salud, la educación y generar entornos aptos para el desarrollo de este sector.

No obstante, la realidad, es que las mujeres viven una situación constante de riesgo, en la que quienes tienen que garantizar la seguridad solo simulan y las instituciones encargadas de fomentar las políticas que permitan su desarrollo están en manos de gente inexperta, que no tiene esa visión integral y el resultado está a la vista de todos.

Jazmín Ramos | R360

(Primera de dos partes)

CANCÚN, Q.Roo.- Debido a que la violencia feminicida en Quintana Roo sigue en ascenso al cerrar el 2018 con un alza del 173% de casos en los que se registró la muerte violenta de mujeres, la administración de Carlos Joaquín González, tendrá que enviar a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública un informe sobre los recursos aplicados a los procedimientos y protocolos de la declaratoria de alerta de género, la cual no ha dado los resultados esperados.

El requerimiento de las instancias federales al gobierno de Quintana Roo, tiene su origen en un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, en donde se expuso el incremento del asesinato de mujeres de manera violenta y las denuncias de trata de personas a pesar de que desde hace dos años se emitió la alerta de género en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel, mecanismo que a finales del año pasado se extendió a Tulum y Othón P. Blanco.

Al respecto la senadora Marybel Villegas Canché detalló que en ese punto de acuerdo  también se exhortó a la Fiscalía del Estado de Quintana Roo y a la Secretaría de Seguridad Pública a establecer acciones urgentes para detener el crecimiento exponencial de los delitos del comercio ilegal de personas y feminicidios, así como la conformación de  una mesa de trabajo interinstitucional a efecto de que se tomen medidas que coadyuven a la disminución de la incidencia delictiva.

Argumentó que el llamado de los legisladores se basa en el hecho de que a pesar de que existe una alerta de género y recursos públicos que fueron destinados para atender los temas relacionados a la violencia contra las mujeres e impulsar políticas públicas enfocadas al desarrollo de este sector, los resultados han sido adversos y prueba de ello es que la comisión delictivos van en ascenso.

“La alerta de género no ha funcionado como tal, porque es un tema de voluntad política por parte de todas las autoridades de los tres ordenes de gobierno, es un tema de sensibilizar a los ministerios públicos y de capacitación de los policías, porque de nada sirve tener una alerta de género si la autoridad nos cumple con sus responsabilidades”.

Añadió que desde que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) activó el protocolo se destinaron recursos a fin de atender el problema, pero se desconoce porque no hay resultados.

“El el gobierno del estado tiene que dar un informe de que ha pasado, en que se ha fallado, debe rendir cuentas del trabajo realizado y del cumplimiento de las recomendaciones emitidas para frenar la violencia contra las mujeres, un problema que se recrudece, lejos de ser combatido”, recalcó.

Las estadísticas

De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los Semáforos Delictivos y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, Quintana Roo destaca como una de las entidades con mayor índices de violencia en el país en relación con el número de habitantes y en donde las mujeres se considera uno de los sectores más vulnerables al enfrentar un entorno no apto para su desarrollo.

Los diversos cotejos sobre la inseguridad que permea en el estado muestran que Quintana Roo cerró el 2018 con 550 ejecutados de los cuales  52 fueron mujeres entre las edades de 17 a 35 años, esta cifra comparada con el 2017 refiere un incremento del 173%, toda vez que en ese ejercicio fiscal las muertes violenta de mujeres fue de 19 y a esto se le suman las denuncias por abuso sexual que aumentaron un 53% al registrarse el año pasado 250 casos.

Ante ello, el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, consideró que la inseguridad es la principal preocupación de la ciudadanía y las mujeres es el sector que está más expuesto a esa violencia como lo refieren las estadísticas, por ello la necesidad de reforzar las acciones en materia de combate a la delincuencias, así como garantizar la procuración de justicia.

La inseguridad se generaliza, no podemos ignorarlo y en el caso concreto de la violencia contra las mujeres es un problema multifactorial que debe atacarse de manera transversal, en donde todas las instancias involucradas en las políticas públicas dirigidas a las mujeres se coordinen para enfrentar el problema.

Sostuvo que la declaratoria de alerta de género que se dictaminó en varios municipios del estado, demuestra que tan grave es la violencia que sufre este sector, pero de nada sirve establecer un protocolo sino existe esa coordinación entre las instituciones y sobre todo si se carece de recursos para cumplir con las recomendaciones.

“Esto no quiere decir que no haya avances, sí se tienen avances, pero también me he dado cuenta en las visitas que he realizado a las instituciones y dependencias encargadas de atender a las mujeres que han sido violentadas que existen deficiencias por la falta de recursos e hice lo posible para que en este 2019 se aumentaran los recursos para la Fiscalía Especializada para la Mujer¨.

En ese sentido la activista Eva Aguilar López, dijo que  a pesar de que la alerta de género se decretó hace casi dos años, el gobierno del estado todavía no concluye las 70 acciones solicitadas por la Conavim, por lo que esa instancia federal les fijó un plazo para que realice los cambios solicitados.

Mencionó que entre los incumplimientos destaca la aprobación de la Ley de la Trata de Personas y la construcción de un refugio de alta seguridad para lo cual la Conavim ha destinado recursos adicionales, no obstante no se tienen avances y la violencia contra las mujeres va en aumento al grado que está ya se extendió a los municipios de Tulúm y Othón P. Blanco.

De acuerdo a los reportes de Seguridad Pública del Estado desde el 2015 a la fecha se tiene el registro de 130 casos de mujeres que perdieron la vida de manera violenta, de esos caso solo se han tipificado como feminicidio seis debido a que no se siguió el protocolo al momento de iniciarse las carpetas de investigación, pues los primeros respondientes carecen de capacitación para realizar las diligencias.