Exigen pueblos mayas declaratoria de emergencia ambiental por contaminación del agua

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CANCÚN, QR.- La contaminación del agua en la Península de Yucatán ya no es una alerta: es un hecho. Mientras el acuífero que abastece a millones de personas se degrada por agroquímicos, descargas industriales y megaproyectos, el Estado mexicano no ha reconocido la emergencia ni ha implementado mecanismos eficaces para detener el daño.

Contaminación del agua en la Península de Yucatán

Desde octubre de 2025, pueblos mayas y organizaciones ambientales entregaron una Declaratoria de Emergencia Socioambiental, al Gobierno federal, así como a los gobiernos estatales de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, además de instituciones como Semarnat, Profepa, Conagua y la Secretaría de Salud.

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El documento advierte sobre la contaminación del manto freático en toda la Península de Yucatán. La respuesta institucional ha sido la omisión. No hay pronunciamiento oficial. No hay reconocimiento del problema. No hay estrategia integral.

Sistema hídrico sin protección

Alberto Carlos Velázquez Solís, coordinador de comunicación de la asociación civil, Utsil Kuxtal, recalcó que la Península de Yucatán depende de un sistema hídrico subterráneo único en el país. No hay ríos superficiales. Todo fluye bajo tierra: cenotes, cavernas y acuíferos que hoy están siendo impactados por un modelo de desarrollo que prioriza la explotación sobre la conservación.

La evidencia es acumulativa. Agroquímicos como el glifosato y el fipronil prohibidos en Europa siguen utilizándose en fumigaciones aéreas. Su filtración al subsuelo compromete la calidad del agua de consumo y plantea riesgos directos a la salud pública.

Industria y megaproyectos, la presión territorial

A esto se suma la expansión de la industria porcícola, avícola y cárnica. Miles de unidades de producción operan en la región sin un control efectivo de sus descargas. El resultado: residuos que se infiltran en el mismo acuífero del que dependen comunidades enteras.

El vacío institucional es evidente. La Comisión Nacional del Agua registra niveles de extracción, pero no cuenta con un sistema para medir cuánta agua contaminada regresa al subsuelo. No hay trazabilidad del daño. No hay diagnóstico completo. No hay control real.

En paralelo, el impulso a megaproyectos ha intensificado la presión territorial. Desde 2018, con el desarrollo de infraestructura como el Tren Maya, se han abierto más de 300 bancos de material pétreo en la península. Muchos operan cerca de comunidades, generando impactos directos: contaminación del aire, afectaciones a la salud, daños estructurales en viviendas y alteración de ecosistemas.

El patrón se repite: crecimiento sin regulación suficiente, instituciones rebasadas y comunidades expuestas. Para los pueblos mayas, el problema no es técnico, es existencial.

El agua no es un insumo: es territorio, cultura y vida. Su contaminación implica una ruptura profunda en el equilibrio social y ambiental.

Contaminación del agua en la península de Yucatán
Integrantes de la Red de Pueblos contra la Minería exigen el cese de megaproyectos que no consultan a las comunidades originarias. Foto: Jennifer Aguilera.

La Red de Pueblos contra la Minería

En Yucatán, comunidades como Xcucul Sur, Tebec, Hotzuc, Yaxcopoil, San José Tzal y Texán Cámara han conformado una Red de Pueblos contra la Minería. Denuncian que los proyectos extractivos avanzan sin consulta previa, libre e informada, como exige la ley.

Señalan violaciones a derechos fundamentales: territorio, autonomía y libre determinación. Los impactos ya son visibles: explosiones constantes, polvo en el aire, afectaciones a la salud, viviendas dañadas, pérdida de monte y deterioro del patrimonio cultural.

“Nos están dinamitando el territorio”, advierten.

La exigencia es concreta: alto a nuevos proyectos extractivos, prohibición de químicos altamente tóxicos, reparación del daño ambiental y reconocimiento inmediato de la emergencia socioambiental.

En su lugar, persiste un modelo que prioriza la inversión sobre el equilibrio ambiental y social, sin asumir los costos a largo plazo. La crisis en la Península de Yucatán no es un caso aislado. Es un síntoma de un sistema que ha normalizado la degradación ambiental como parte del desarrollo.

Y mientras las instituciones discuten cifras y competencias, el daño avanza bajo tierra. Invisible. Acumulativo. Irreversible. Porque en la península, el problema ya no es solo cuánta agua hay. Es que el agua… está dejando de ser vida.


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Exigen pueblos mayas declaratoria de emergencia ambiental por contaminación del agua

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Jennifer Aguilera
Ha sido reportera por más de 17 años; en ese tiempo también se ha desempeñado como locutora, editora web, periodista de investigación y coordinadora editorial de una revista. Ha colaborado en periódicos, televisoras, revistas, estaciones de radio y portales web, además de formar parte de la Asociación de Comunicadores del Club Leones Internacional.

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