CHETUMAL, QR.- La titular de la Secretaría de Gobierno, Cristina Torres Gómez, aseguró que las autoridades estatales nada pueden hacer en el caso de María Adela, pues la familia determinó no interponer la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo con la encargada de la política interna, el Gobierno del Estado apoyó a la familia de María Adela luego de ser notificada su desaparición. La joven fue localizada en colaboración entre la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo y su homóloga de la Ciudad de México.
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Indicó que, a través de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, se confirmó que está internada en el Instituto Nacional de Psiquiatría “Juan Ramón de la Fuente Muñiz” (Inprfm), donde se obtuvo la prueba de vida.
Según Torres Gómez, la joven manifiesta que no quiere ser localizada por sus familiares en Quintana Roo.
Posteriormente —agregó—, los familiares señalaron que María Adela presuntamente no está por su voluntad y que pudo ser víctima de un delito.
En la Ciudad de México se ha iniciado un proceso y, en Quintana Roo, se recomendó a la familia que interponga una denuncia para que el Gobierno del Estado pueda intervenir en la carpeta correspondiente; sin embargo, determinaron no hacerlo.
“Mientras no haya denuncia, nosotros no podemos intervenir en la carpeta para investigar otro hecho probablemente constitutivo de delito o, en su caso, reconfirmar la voluntad de la persona de no ser localizada o que es de su interés permanecer en ese lugar”, justificó.
Torres Gómez mencionó que la voluntad de María Adela quedó expresada en un video cuando fue localizada y se obtuvo la prueba de vida.
“Ella está bien, está en un estado de salud visible y hasta ahí la información que tenemos”, comentó la funcionaria estatal.
Aseguró que la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) ha dado acompañamiento en todo momento a la familia.
Contradice familia de María Adela a las autoridades
Contrario a las declaraciones de la titular de la Segob, la familia de María Adela destacó que no ha recibido el apoyo necesario y que el hallazgo de la joven fue por parte de la madre, y no de las autoridades, como pretende señalar Cristina Torres.
Aseguraron que las autoridades intervinieron cuando el escándalo creció y no desde el primer momento en que se solicitó el apoyo de la gobernadora Mara Lezama.
Josefina Ramírez, tía de la joven, informó que la razón de no interponer la denuncia ante la FGE de Quintana Roo fue por la seguridad de María Adela, pues son las autoridades de la Ciudad de México quienes la tienen bajo su resguardo, y denunciar no solo podría complicar o alargar el proceso de su liberación, sino que podrían tomar acciones en su contra.
Fue la madre, Cristina Ramírez, quien tomó la decisión de no presentar la querella y optó por seguir el proceso en la Ciudad de México, además de buscar ayuda jurídica a través de colectivas.
María Adela viajó a la Ciudad de México por una oportunidad de trabajo desde el 27 de enero pasado, y fue Georgina Reus su contacto. Desapareció el 8 de abril del presente año; su madre viajó al centro del país para buscarla, y se tuvo noticias de ella hasta el 11 de abril, gracias a una conocida, quien le informó que estaba internada en el Inprfm.
Hasta el 20 de abril, y gracias a un amparo, su madre pudo confirmar que se encontraba en dicho lugar; sin embargo, le niegan la salida y no se tiene información sobre Georgina Reus, quien ahora trasciende que es su representante legal y concubina, pero cuyo nombre real sería Andrea Martínez Hernández, además de haber sido su contacto para la oportunidad de trabajo por la que emigró de Chetumal desde el 27 de enero del presente año.
Cristina Ramírez aseguró que, cuando pudo ver a María Adela en el Inprfm, no se encontraba bien y estaba “como sedada”. La joven le dijo que quería salir del lugar y que le habían ocurrido muchas cosas que no quiso contarle a su madre, lo que acrecentó las sospechas de que presuntamente fue víctima de un delito como la trata de personas.
El caso generó mayores suspicacias cuando el fiscal de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas (Fipede) de la Ciudad de México, Omar Montoya Rojas, la intimidó para que dejara de investigar, pues, de lo contrario, “podría resultar contraproducente”.
La familia ha pedido ayuda incluso a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, pero no ha recibido el apoyo requerido.
La madre y los familiares no cuentan con recursos para solventar los gastos que genera el seguimiento del proceso en la Ciudad de México.
El caso ha tenido un impacto nacional y, en Chetumal, es uno de los temas más comentados por la población.
