CHETUMAL, QR.– El Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente Muñiz (Inprfm) dio a conocer que María Adela recibe atención, aunque no dio detalles clínicos de su estado de salud mental.
Luego de semanas de permanecer en silencio y ante la insistencia de medios de comunicación, redes sociales y familiares, el centro psiquiátrico, a través de un comunicado, proporcionó algunos datos de la joven chetumaleña.
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El Inprfm destacó que María Adela Morales Correa recibe atención médica y el acompañamiento institucional respectivo.
Además, agrega que se ha mantenido comunicación con su familia por los canales correspondientes y de acuerdo con la autorización de la paciente.
También acota que “por respeto a su privacidad, dignidad y confidencialidad, no se difundirán detalles clínicos adicionales”.
La institución añade que la información vertida a través del comunicado es con autorización expresa de la persona usuaria (María Adela) y conforme a la normatividad aplicable a la protección de datos personales, por lo que tampoco proporcionó detalles de cómo y cuándo ingresó la joven chetumaleña, de profesión arquitecta, ni si ingresó por su propia voluntad o si alguien fue responsable de internarla.
Hasta el momento, la familia informa que todo sigue igual y no ha habido avances; además, ahora solo la madre, Cristina Ramírez Tapia, es la autorizada para dar informes sobre el caso de su hija, todo ello para no entorpecer o complicar más la situación.
En Chetumal, la última declaración fue por parte de la tía, Josefina Ramírez Tapia, quien señaló que son mentiras las declaraciones de la titular de la Secretaría de Gobierno, Cristina Torres Gómez, quien dijo que María Adela no quiere regresar a su casa y que está en el Inprfm por voluntad propia.
Resaltó que es evidente que hay irregularidades en el caso de su sobrina y, ante la falta de un apoyo real por parte de las autoridades del Gobierno de Quintana Roo, su hermana seguirá con el proceso legal en la Ciudad de México, además de que buscará apoyo jurídico mediante colectivas del centro del país.
Por su parte, Torres Gómez señaló que, por la falta de denuncia de la familia ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), las autoridades locales están impedidas para investigar el caso, del que asegura se ha brindado el apoyo respectivo.
Caso María Adela
María Adela viajó a la Ciudad de México por una oportunidad de trabajo desde el 27 de enero pasado y fue Georgina Reus su contacto. Desapareció el 8 de abril del presente año; su madre, Cristina Ramírez Tapia, viajó al centro del país para buscarla, y se tuvo noticias de ella hasta el 11 de abril, gracias a una conocida, quien le dijo que estaba internada en el Inprfm.
Hasta el 20 de abril y gracias a un amparo, la madre de María Adela pudo confirmar que estaba en dicho lugar, pero le niegan la salida. No se tiene información de Georgina Reus, quien ahora trasciende es su representante legal y concubina, pero que en realidad se llama Andrea Martínez Hernández, y que además fue su contacto para la oportunidad de trabajo por la que emigró de Chetumal desde el 27 de enero del presente año.
Ramírez Tapia aseguró que, cuando pudo ver a su hija en el Inprfm, no se encontraba bien y estaba “como sedada”. La joven le dijo que quería salir del lugar y que le habían pasado muchas cosas que no quiso contar a su madre, lo que acrecentó las sospechas de que presuntamente fue víctima de un delito como la trata de personas.
El caso generó mayores suspicacias cuando el fiscal de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas (Fipede) de la Ciudad de México, Omar Montoya Rojas, la intimidó para que dejara de investigar, pues, de lo contrario, “podría resultar contraproducente”.
La familia pidió ayuda incluso a la titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, pero no hubo el apoyo requerido.
