Claves de la noticia:
- Protección Civil Lázaro Cárdenas: Trabajadores denuncian descuentos injustificados en su nómina y el posible desvío de recursos públicos al cierre de contratos.
- Riesgo operativo: El personal labora con vehículos en mal estado, sin neumáticos de refacción y con desabasto constante de combustible.
- Exigencia de auditoría: Los denunciantes han solicitado formalmente la intervención del Órgano Interno de Control y de la Contraloría del Estado.
KANTUNILKÍN, QR.- Un grupo de 28 trabajadores adscritos a la Dirección de Protección Civil del municipio de Lázaro Cárdenas ha roto el silencio para denunciar una red de presuntas irregularidades administrativas que incluyen descuentos salariales arbitrarios, posibles desvíos de recursos y condiciones de trabajo deplorables que ponen en riesgo su integridad física.
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A través de un reporte formal entregado al Órgano Interno de Control, a la Presidencia Municipal y a la Contraloría del Estado, los brigadistas —quienes solicitaron el anonimato por temor a represalias directas— expusieron que estas anomalías se han agudizado en la etapa final de sus contratos. Los afectados son, principalmente, personal operativo que desempeña labores de alto riesgo en el combate de incendios y atención de emergencias.
El golpe al bolsillo: Descuentos sin justificación
La denuncia principal se centra en la aplicación de deducciones en la nómina que carecen de sustento legal o administrativo. Según el documento presentado ante las autoridades fiscales y de control, los trabajadores aseguran que estos descuentos no corresponden a faltas reglamentarias ni a sanciones previstas en la ley.
“Nos están quitando parte de nuestro sustento justo cuando más lo necesitamos. Es un impacto directo a la economía de nuestras familias y no hay un documento que explique por qué ese dinero no está llegando a nuestras manos”, señala el reporte.
Los denunciantes sugieren que estos recursos retenidos podrían estar siendo desviados para beneficio personal de altos mandos de la Dirección, aprovechando la coyuntura del término de las relaciones laborales. Además, alertaron sobre una posible complicidad con enlaces de dependencias federales, específicamente de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), para validar estos movimientos financieros irregulares.
Precariedad en el campo de batalla
Más allá de la crisis financiera, los brigadistas denunciaron una situación crítica en materia operativa. A pesar de la importancia estratégica de su labor en una zona vulnerable a incendios forestales, el equipo con el que cuentan es insuficiente y peligroso.
El vehículo asignado para el transporte de las brigadas se encuentra en condiciones mecánicas alarmantes, con neumáticos desgastados y sin unidad de refacción. Esta falta de mantenimiento ha provocado que, en diversas ocasiones, el personal quede varado en zonas remotas de trabajo, exponiéndolos a los elementos y a situaciones de peligro innecesarias.
Asimismo, los trabajadores reportaron el desabasto constante de insumos básicos, como el combustible para las unidades y el equipo de protección personal necesario para sus funciones, lo que evidencia una gestión administrativa deficiente o una retención indebida de los gastos de operación.
Señalamientos contra la titularidad
El clima laboral dentro de la dependencia ha sido calificado como “insoportable”. Los trabajadores describieron al titular del área como una persona de trato déspota y manipuladora. Lo más preocupante, según la denuncia, es que este tipo de conductas y manejos financieros no son nuevos; aseguran que situaciones similares ocurrieron en administraciones pasadas bajo la misma gestión, sin que hasta ahora se haya interpuesto un freno definitivo.
La desmoralización del personal es evidente. Los brigadistas aseguran sentirse vulnerables, no solo frente a los riesgos del oficio, sino frente a una estructura administrativa que, en lugar de respaldarlos, parece lucrar con su esfuerzo.
El llamado a la rendición de cuentas
Ante la gravedad de los hechos, el colectivo de trabajadores exige una auditoría inmediata a las nóminas y estados financieros de la Dirección de Protección Civil. Solicitan que la investigación se extienda a los vínculos con las dependencias federales para descartar una red de encubrimiento más amplia.
La exigencia es clara: la restitución íntegra de los recursos descontados de manera indebida y la garantía de condiciones laborales dignas, en estricto apego a la Ley de los Municipios y al Reglamento Interior vigente. Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido una postura oficial respecto a estos señalamientos que empañan la administración local.
