Investigan red financiera de Rocha Moya. Hijos y socios tejen contratos públicos y licitaciones a modo, triangulando recursos. UIF y justicia de EE. UU. indagan nexos con ‘Los Chapitos’.
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Arquitectura de la red: contratos públicos y desvío de recursos
La red de empresas vinculadas a la familia Rocha Moya ha operado mediante licitaciones a modo y triangulación de fondos, resultando en un vasto esquema de apropiación indebida de recursos públicos.
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, estableció una estructura burocrática y empresarial al margen de su función pública. Esta estructura facilitó negocios al amparo del poder, contratando compañías creadas por socios de sus hijos y su yerno. El gobierno estatal organizó licitaciones diseñadas para beneficiar a estas empresas, las cuales posteriormente triangularon parte de los recursos hacia las compañías de los hijos del mandatario.
Esta vasta red de compañías está liderada por Rubén, José Jesús y Ricardo Rocha Ruiz, los hijos del gobernador.
Escrutinio internacional: la Unidad de Inteligencia Financiera y EE. UU.
La investigación sobre la red financiera de Rocha Moya ha escalado a nivel internacional, con la UIF congelando cuentas bancarias y la justicia estadounidense ejerciendo un seguimiento detallado de los involucrados.
El gobierno de Estados Unidos conduce una investigación sobre esta red de empresas. Este escrutinio ha impulsado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a indagar las compañías de los hijos del mandatario. Consecuentemente, la UIF ha ordenado a las entidades del sistema financiero mexicano el congelamiento de las cuentas bancarias de los Rocha Ruiz y de otros nueve coacusados. Esta medida, catalogada como “preventiva” por la UIF el 18 de mayo último, no constituye aún una determinación definitiva.
Las empresas bajo investigación incluyen:
- Constructora Chocosa
- Stare It Services
- Construcciones Suaqui
- Grupo Rofcar
- A&R Inyecta Soluciones
- A&R Soluciones y Estadísticas
- Agronegocios y Servicios El Águila del Norte
- Chocosa Ranch
Vínculos estratégicos: funcionarios y empresas con ‘Los Chapitos’
Socios clave de las empresas de los hijos de Rocha Moya han sido designados en puestos gubernamentales, evidenciando una presunta colusión entre la burocracia estatal y la facción criminal de ‘Los Chapitos’.
Entre los socios de las empresas de los hijos de Rocha Ruiz destaca José Carlos Cárdenas Mellado. Este fue nombrado director del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) en 2024. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lo identificó como uno de los enlaces de Rocha Moya con ‘Los Chapitos’, según reveló la revista Proceso.
Luis Manuel Mercado Rosales, presidente suplente del Comité de Obras de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM), también figura en esta red. La JUMAPAM recibió 198 millones de pesos del gobierno de Sinaloa durante los primeros cinco meses de 2026. Esta cifra se desprende de una revisión de convenios y contratos otorgados por la administración de Rocha entre 2021 y 2024, y lo que va de 2026, disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). De forma anómala, la PNT no presenta los contratos de obras y servicios entregados por el gobierno de Sinaloa en 2025.
JUMAPAM: control operativo y asignaciones millonarias
La Junta Municipal de Agua Potable de Mazatlán, y otras similares, se encuentran bajo el control de operadores vinculados a ‘Los Chapitos’, habiendo recibido cuantiosos recursos públicos de manera anómala.
Un reportaje de N+, publicado el 6 de mayo, documentó que el gobierno de Rubén Rocha entregó el control de la JUMAPAM a operadores de ‘Los Chapitos’. Esta entrega incluyó también las juntas municipales de agua potable de Culiacán y Guamúchil, centralizando el manejo de recursos hídricos en manos de presuntos enlaces criminales.
Nepotismo institucional: la proliferación de familiares en cargos clave
La administración estatal de Sinaloa ha integrado a familiares y socios de los Rocha en posiciones estratégicas, consolidando una estructura de poder que facilita la asignación de contratos y recursos.
En Constructora Chocosa, una de las empresas de los Rocha, el socio Francisco Javier Barrón Sandoval tiene hijos que han ocupado cargos en la administración estatal. Francisco Javier Barrón Aguayo, uno de sus hijos, fue designado subsecretario de Desarrollo Sustentable en la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable en febrero pasado. Esta dependencia era dirigida por Omar López Campos, suplente de Enrique Inzunza Cázarez en el Senado; Inzunza Cázarez es coacusado de Rocha en Estados Unidos.
Barrón Aguayo, además, fue socio en Grupo del Siaric 2019, una empresa de comercialización de sal, con Juan de Dios Gámez Mendívil. Gámez Mendívil es ahijado de Rubén Rocha Moya y presidente municipal de Culiacán con licencia. La justicia estadounidense lo acusa de trabajar para ‘Los Chapitos’. El tercer socio de Grupo del Siaric 2019 es Jorge Miguel Morales Donada, hermano de María del Carmen Morales Donada, la actual secretaria de Obras y Servicios Públicos de Culiacán.
La militancia de izquierda: trayectoria y contradicciones de Eduardo Aguirre Medina
Un funcionario clave en la red de contratos, Eduardo Aguirre Medina, exhibe una trayectoria política de izquierda que contrasta con su actual rol en la asignación de recursos a empresas vinculadas.
Eduardo Aguirre Medina, director administrativo de los Servicios de Salud del Estado, representa otro vínculo crítico. Su institución, junto con el DIF, ha otorgado contratos a la red de compañías y socios de los hijos de Rocha Moya. La trayectoria de Aguirre Medina se inició en la militancia de las izquierdas, siendo estudiante y maestro normalista en los setenta, periodo en el que se relacionó con la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Su carrera continuó en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y se consolidó en el PRD a finales de los noventa, cuando Andrés Manuel López Obrador presidía el partido.
Precedentes ignorados: denuncias periodísticas y la ceguera oficial
A pesar de múltiples denuncias periodísticas y señalamientos tempranos, las autoridades federales y estatales desestimaron las alertas sobre la red de corrupción y los nexos con el crimen organizado.
Los señalamientos sobre estas redes empresariales en Sinaloa no son recientes. En noviembre de 2020, durante la contienda por la candidatura de Morena a la gubernatura, Julio Cahue Heras, político de Redes Sociales Progresistas, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado. La acusación señalaba a Rubén Rocha Moya, entonces senador de Morena, por tráfico de influencias, debido a asignaciones de contratos públicos por 64 millones 660 mil pesos a la constructora Chocosa durante los gobiernos priistas de Jesús Aguilar Padilla y Quirino Ordaz Coppel, de quienes Rocha había sido asesor.
Otros casos de asignación de recursos públicos a empresas de esta red fueron detalladamente documentados por periodistas de Sinaloa, incluyendo a Aarón Ibarra en Proceso, Marcos Vizcarra, Sibely Cañedo, Adrián López, y el equipo de Ríodoce. Sin embargo, el gobierno federal y el oficialismo ignoraron estas investigaciones durante cinco años. También fueron desestimadas las denuncias sobre la participación de hombres armados para beneficiar a Rocha Moya en las elecciones de 2021, así como los señalamientos sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda durante el secuestro de Ismael ‘el Mayo’ Zambada en julio de 2024.
Simulaciones en obra pública: el colapso del puente El Quelite
Un patrón de simulación y asignaciones irregulares en la obra pública culminó con el derrumbe de infraestructura crítica, evidenciando la falta de supervisión y la calidad deficiente de las construcciones.
El año pasado, el medio Xpectro reveló, mediante una exhaustiva investigación basada en documentos de Estados Unidos y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la vasta simulación en el otorgamiento de contratos de obra pública en Sinaloa. Un grupo de 23 empresas se repartieron las contrataciones mediante ofertas notablemente similares, a veces con diferencias de centavos. Estas asignaciones resultaron en obras mal construidas.
El caso del puente El Quelite ilustra esta problemática. Adjudicado a Grobson, una de las empresas de la red, el puente se derrumbó tres semanas antes de su fecha de inauguración. La investigación también apuntó a asignaciones irregulares desde el DIF, entonces encabezado por Eneyda Rocha Ruiz, hija del gobernador, que entregó contratos por cientos de millones de pesos.
