Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa, solicitó una pensión anticipada para Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe policial acusado por EE. UU. de lazos con Los Chapitos. Esta medida ha iniciado su trámite legislativo en el Congreso local.
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Solicitud de pensión bajo fuerte escrutinio
El Congreso de Sinaloa ha dado la primera lectura a una propuesta polémica para jubilar anticipadamente a un exjefe policial.
La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, ha impulsado el decreto para la pensión por retiro anticipado de Alberto Jorge Contreras Núñez. Este funcionario es el exjefe de la Policía de Investigación y se encuentra entre los diez sinaloenses directamente señalados por una corte de Estados Unidos por sus vínculos con la facción de Los Chapitos. La solicitud fue presentada en la sesión legislativa del pasado jueves.
El perfil de Alberto Jorge Contreras Núñez
Contreras Núñez enfrenta una orden de extradición de Estados Unidos por cargos de narcotráfico y protección a Los Chapitos.
Alberto Jorge Contreras Núñez desempeñó el cargo de jefe de la Policía de Investigación desde 2022 hasta febrero de este año, momento en que causó baja de la Fiscalía General del Estado (FGE). La gravedad de su situación radica en la existencia de una orden de extradición activa por parte del gobierno estadounidense, que lo requiere para comparecer ante la justicia por acusaciones directas de narcotráfico y de haber proporcionado protección al grupo criminal conocido como Los Chapitos. Esta circunstancia agrava la polémica en torno a la propuesta de pensión.
Implicaciones políticas y el caso de Rubén Rocha Moya
La controversia se extiende con la mención del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, también en la acusación estadounidense.
El exgobernador Rubén Rocha Moya, actualmente con licencia y ausente de la esfera pública desde el 1 de mayo último, también figura en la acusación federal estadounidense que vincula a Contreras Núñez con actividades delictivas. Este hecho añade una capa de complejidad política al escándalo, sugiriendo una posible red de complicidades a nivel estatal. El vínculo con un exmandatario eleva el cuestionamiento sobre la integridad de las instituciones de seguridad y gobierno en la entidad.
Monto y base legal de la pensión anticipada
La solicitud busca una jubilación superior a 67 mil pesos mensuales, conforme a las leyes locales.
La pensión solicitada para el exjefe policial asciende a una cantidad superior a los 67 mil pesos mensuales, según lo estipulado por las leyes locales vigentes en Sinaloa para retiros. Este monto significativo, en el contexto de las graves acusaciones que pesan sobre el beneficiario, intensifica el debate sobre el uso de recursos públicos y la responsabilidad política.
Urgencia de la transparencia en la gestión pública
Este incidente subraya la necesidad de una rendición de cuentas estricta en la administración de fondos estatales.
La solicitud de una pensión anticipada para un exfuncionario con un expediente tan comprometido exige una revisión exhaustiva de los criterios de jubilación y las implicaciones éticas. Desde una perspectiva progresista, este tipo de acciones merman el capital social y la confianza ciudadana en las instituciones, al tiempo que legitiman, aunque sea indirectamente, estructuras de poder que coluden con el crimen organizado. La sociedad espera que los recursos públicos no beneficien a quienes han sido señalados por atentar contra la legalidad y la seguridad.
