Claves de la noticia:
- Filtro de seguridad de Claudia Sheinbaum: La presidenta de México impulsa una iniciativa para que una nueva comisión del INE investigue a los aspirantes a cargos públicos, evitando perfiles vinculados a la delincuencia organizada.
- Coordinación de inteligencia: El organismo cruzará información confidencial con instituciones clave como la UIF, la FGR, el CNI y la CNBV.
- Rumbo a 2027: La propuesta de reforma se enviará a la Comisión Permanente del Congreso para que el mecanismo ya se tome en cuenta en los próximos comicios.
CDMX. — Con el objetivo de blindar los procesos democráticos y evitar la infiltración de la delincuencia organizada en las estructuras del Estado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el envío de una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La propuesta contempla la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un nuevo órgano dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE).
Durante su conferencia matutina, “Las mañaneras del pueblo”, la Jefa del Ejecutivo Federal detalló que este proyecto se turnará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La intención es acelerar su análisis y aprobación para que las reglas estén vigentes de cara al periodo electoral del año 2027.
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“Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada”, puntualizó la mandataria, tras señalar que es una medida que se ha venido estructurando desde hace tiempo.
El plan de Claudia Sheinbaum bajo la presunción de inocencia
La presidenta aclaró que el diseño de esta iniciativa respeta estrictamente el principio constitucional de la presunción de inocencia. Se concibe, principalmente, como una herramienta preventiva y de apoyo para los partidos políticos, permitiéndoles conocer si las personas que buscan postularse cuentan con antecedentes de riesgo antes de formalizar sus candidaturas.
No obstante, la mandataria advirtió que el Estado no será omiso: en caso de que las autoridades detecten un peligro real o indicios sólidos, las instituciones correspondientes procederán a presentar las denuncias penales pertinentes.
Cómo operará la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas
Por su parte, la consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, profundizó en los detalles operativos de la propuesta. Explicó que este órgano estará integrado por cinco consejeros electorales, quienes serán elegidos y votados por el Consejo General del INE para ejercer el cargo por un periodo de tres años.
La comisión funcionará como un puente directo entre los partidos políticos que decidan participar de forma voluntaria y el aparato de seguridad y procuración de justicia del país. Al recibir los listados de los aspirantes, el INE consultará a dependencias estratégicas:
- Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
- Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
- Fiscalía General de la República (FGR)
Estas instancias analizarán la información disponible para determinar el estatus del ciudadano, clasificándolo bajo los criterios de “no existe riesgo” o “existe riesgo razonable”.
Confidencialidad y el proceso de evaluación de los aspirantes
El flujo de trabajo establece que el INE notificará formalmente a los partidos políticos si se advierte un riesgo razonable en algún perfil, especificando qué dependencias del Estado levantaron la alerta. A partir de ese momento, la responsabilidad final de registrar o descartar la candidatura recaerá en el partido político. Paralelamente, si se halla información relevante, las autoridades de justicia continuarán las indagatorias por su cuenta.
Para que este proceso sea viable, se fijará como requisito obligatorio que cualquier ciudadano que aspire a una postulación firme un consentimiento expreso manifestando su conformidad para ser evaluado por esta comisión del INE.
Finalmente, Luisa María Alcalde enfatizó que todo el procedimiento se blindará bajo estrictas condiciones de confidencialidad. La información que identifiquen y compartan las dependencias de inteligencia tendrá el carácter de reservada, garantizando así que no se afecte el debido proceso ni se vulneren los derechos de los involucrados.
