La justicia federal ordena la suspensión definitiva del Tramo 5 Sur ante la falta de transparencia en los programas de restauración ambiental y las denuncias de ecocidio en la Península de Yucatán.
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Mandato federal exige inspección ambiental urgente en el sureste
El Tribunal Colegiado dicta una orden judicial inmediata para verificar, inspeccionar y resguardar los recursos naturales afectados por las obras ferroviarias entre Cancún y Tulum.
La resolución del Tribunal Colegiado marca un punto de inflexión en la batalla legal sobre el desarrollo de infraestructura en el sureste mexicano. Esta medida vincula directamente a la Subprocuraduría de Recursos Naturales y a la Dirección General de Delitos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Las dependencias señaladas deben intervenir de forma prioritaria debido a la existencia de suspensiones judiciales previas y acusaciones de etnocidio. El objetivo central es detener el deterioro ecológico en una de las regiones más vulnerables del país.
Opacidad institucional en los programas de restauración ecológica
La ausencia de reportes públicos sobre los avances ambientales y el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales motiva la intervención directa de los jueces.
El proyecto insignia de infraestructura diseñado para impulsar el turismo regional mantiene una deuda la transparencia informativa. El propio Gobierno Federal ha reconocido los perjuicios ocasionados en el polémico Tramo 5.
Organizaciones civiles e investigaciones independientes detallan los daños estructurales provocados por la construcción:
- Destrucción forestal: Pérdida de extensiones críticas de la selva en la Península de Yucatán.
- Contaminación hídrica: Afectación directa y alteración de cenotes estratégicos para el abastecimiento de agua.
- Fragmentación biológica: Ruptura de los corredores ecológicos y afectación severa a los ecosistemas locales.
Sentencia internacional condena al Estado Mexicano por ecocidio
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza dictamina que el proyecto ferroviario vulnera de forma flagrante los derechos de las comunidades originarias y el entorno natural.
A finales de 2025, este organismo internacional ratificó un fallo histórico que califica la megaobra como ecocidio y etnocidio. El dictamen, enviado directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria Alicia Bárcena, responsabiliza formalmente a las autoridades mexicanas.
“El Tribunal responsabiliza al Estado Mexicano por la violación de estos derechos fundamentales de la Naturaleza y de los Pueblos Mayas peninsulares”.
Esta resolución internacional expone las omisiones gubernamentales en la protección de los pueblos mayas peninsulares. El dictamen obliga a las autoridades competentes en materia de protección ambiental a proceder con máxima celeridad para detener el impacto acumulado en la región.
