Habitantes de Mahahual, respaldados por la organización DMAS, solicitaron formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer el caso contra el Plan de Desarrollo Urbano local para revertir el desecho de sus amparos y proteger el ecosistema.
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La batalla legal por el ordenamiento territorial en Quintana Roo
Vecinos y ambientalistas buscan un fallo histórico del máximo tribunal del país para evaluar las impugnaciones desechadas contra las modificaciones del uso de suelo.
La asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) lidera esta iniciativa jurídica tras el rechazo sistemático de las demandas iniciales en instancias inferiores. El objetivo central es revertir los fallos que impiden analizar el impacto real de la planeación urbana sobre los recursos naturales de la región costera.
Recursos de queja turnados al tribunal federal
El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Quintana Roo mantiene bajo análisis los recursos que definirán el futuro ambiental de la comunidad.
La estrategia legal se concentra específicamente en tres recursos de queja que buscan abrir el debate de fondo:
- Recurso de queja 76/2026: Derivado del juicio de amparo 57/2026.
- Recurso de queja 112/2026: Vinculado directamente al juicio de amparo 129/2026.
- Recurso de queja 113/2026: Asociado al expediente del juicio de amparo 134/2026.
La petición formal se ingresó el pasado 9 de junio ante la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los promoventes argumentan que el expediente cumple con los requisitos constitucionales de interés y trascendencia, marcando un precedente sobre cómo las modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano (PDU) afectan la biodiversidad y los asentamientos humanos.
El impacto del proyecto Perfect Day en la regulación local
Las reformas al Plan de Desarrollo Urbano otorgaron los permisos de suelo requeridos para la aprobación de desarrollos turísticos de gran escala en el litoral.
El descontento social y jurídico se intensificó tras la controversia generada por el megaproyecto turístico Perfect Day. Las agrupaciones ciudadanas sostienen que las modificaciones normativas se diseñaron para facilitar la viabilidad de dicha inversión a nivel local, omitiendo criterios de sostenibilidad básica y protección a ecosistemas frágiles. Al frenarse el análisis de fondo de los tres amparos promovidos por grupos de ciudadanos distintos, la intervención de la Suprema Corte representa la última instancia para evaluar la legalidad del ordenamiento territorial costero.
