CHETUMAL, QR.- Con carencia de recursos económicos, humanos y una necesidad de rediseño de estrategias, opera el Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, señaló el presidente del Comité de Partición Ciudadana de esta paraestatal, Raúl Cáceres Urban.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2023, aprobado por el Congreso del Estado, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo cuenta con 20 millones 727 mil 192 pesos de recursos para ejercer este año.

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Para Cáceres Urban esta cantidad de recursos no alcanza para cubrir las tareas que realiza esta entidad paraestatal de la administración pública.

Ello sin pasar por alto los recursos que tienen los organismos de los 11 ayuntamientos de la entidad.

Destacó que en Quintana Roo el sistema anticorrupción se cimenta en 25 órganos internos de control estatales y 11 contralorías municipales.

No solo se trata, dijo, de recursos económicos, aclaró, sino también de recursos humanos para realizar las tareas respectivas.

Consideró la necesidad de replantear el esquema de aplicación de recursos y también de rediseñar las estrategias para lograr los objetivos, encaminados a la transparencia de la administración de fondos públicos del estado y tomando como premisa la rendición de cuentas a la sociedad.

Desde su punto de vista del compromiso presupuestal que se tenga con el Sistema Estatal Anticorrupción, será también la forma en que se cumpla con los objetivos.

Menos presupuesto para el sistema anticorrupción

La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General Anticorrupción cuentan con menos presupuesto para 2023, por lo que ello afectará su operación. Es un ejemplo, aseguró, pero además no han contado con el recurso suficiente para sus tareas.

Coincidió positivo el esquema de austeridad, aunque enfatizó que en rubros como el de anticorrupción hizo falta más análisis, para la asignación de presupuesto.

“Se puede afectar su operación si la asignación presupuestal no es la adecuada (…) de los 25 órganos internos de control en el estado, más del 50 por ciento no tiene completa su estructura”, agregó.

Ya de inicio, enfatizó, no se tienen recursos para cumplir con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El riesgo es que la corrupción se extienda hasta en áreas de la administración en las que antes no se registraba.

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