El Plan de Justicia Yaqui, impulsado por el expresidente López Obrador para reivindicar a la tribu, enfrenta un severo revés. Una auditoría de la ASF documentó anomalías financieras, deficiencias técnicas y un “boquete” de 230 millones de pesos, evidenciando el colapso de la estrategia.
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Reivindicación to desilusión: el declive del Plan Yaqui
El gobierno mexicano, bajo la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, presentó el Plan de Justicia Yaqui en el año 2021. Su propósito declarado era otorgar tierra, agua y seguridad jurídica a la tribu Yaqui en Sonora, un acto de reivindicación histórica para los pueblos originarios. Sin embargo, con el paso del tiempo, la promesa se ha visto empañada por síntomas de corrupción e improvisación sistémica en su ejecución. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha expuesto una serie de irregularidades que amenazan la viabilidad de esta iniciativa crucial.
La sombra de los millones perdidos: el análisis de la ASF
La Auditoría 93, llevada a cabo por la ASF sobre las obras de ampliación del Distrito de Riego 18, reveló un panorama preocupante. El análisis se concentró en un universo de egresos de la cuenta pública de 2024, que totalizó cuatro mil 242 millones 718 mil 800 pesos. De este monto, una muestra equivalente al 94.6% del total erogado fue examinada. La revisión desveló una serie de observaciones críticas en contratos vinculadas a significativos retrasos en la ejecución de las obras y a montos económicos no amparados por la calidad de los trabajos físicos realizados.
El abismo contable: 230 millones de pesos sin rastro
Un hallazgo particularmente alarmante de la auditoría es la detección de un “boquete contable” exacto de 230 millones 253 mil 400 pesos. Esta cifra representa una discrepancia fundamental entre lo reportado en la Cuenta Pública 2024 y los controles internos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La ASF no solo identificó esta anomalía, sino que solicitó al Órgano Interno de Control de dicha instancia que inicie una investigación exhaustiva y, en su caso, aplique sanciones a los responsables si se encuentran responsabilidades.
La gravedad de la situación se intensifica al considerar que el alcance de la revisión para este monto específico fue de 0.0%. Esto implica, en términos administrativos, que la ASF fue completamente incapaz de rastrear este dinero debido a la ausencia de registros en los controles internos que permitan auditarlo. Así, más de 230 millones de pesos se volvieron, de manera efectiva, “invisibles”. El objetivo primordial de la ASF al verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto era comprobar que las inversiones físicas se presupuestaran, contrataran, ejecutaran y pagaran de conformidad con la legislación y normativa aplicables.
Conagua: el freno burocrático que paraliza la infraestructura
La ineficiencia burocrática por parte de la Conagua emerge como un obstáculo sustancial para el avance del Plan de Justicia Yaqui. A lo largo de la auditoría, se expone que esta entidad permitió un “atraso en la entrega del anticipo”. Esta falla administrativa tuvo consecuencias directas y severas, obligando a diferir de manera drástica los calendarios de ejecución de las obras en el distrito de riego, impactando directamente la infraestructura hídrica destinada a la tribu.
Contratos bajo escrutinio: retrasos y documentos ambiguos
La revisión detallada de los contratos evidencia deficiencias significativas en la gestión de proyectos. Dos de los acuerdos más problemáticos corresponden a la empresa Biocinergia, SA de CV, la cual acumuló un retraso de 29 días en sus compromisos contractuales. El segundo contrato en la mira pertenece a Grupo Impulsor Pajeme, SA de CV, con una demora aún más crítica, registrando un retraso de 122 días.
Adicionalmente, la revista Proceso, que documentó esta información en su edición 0035 correspondiente a mayo de 2026, revisó el contrato 2023-B05-B27-CD-26-RF-LP-A-OR-0018. Este documento, adjudicado a Estudios y Diseños Constructivos, SA de CV, presenta una apariencia que, según la publicación, se asemeja más a un borrador que a un documento definitivo y vinculante.
