La investigación periodística (Huachicol fiscal. La madre de todas las estafas) expone cómo una filial de Petróleos Mexicanos (Pemex) pagó 22 millones de pesos en 2021 a una empresa vinculada con Sergio Carmona Angulo, identificado como “el rey del huachicol”, en un sexenio donde el gobierno federal conocía detalladamente la operación de contrabando de combustible y la evasión fiscal.
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Cuando el combate al huachicol contrató a su propio “rey”
Raúl Olmos, periodista especializado en redes de corrupción y autor del libro Huachicol fiscal. La madre de todas las estafas, afirmó que el esquema de contrabando y evasión fiscal de combustibles fue conocido y tolerado por autoridades federales durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Esto ocurrió a pesar de la existencia de diagnósticos precisos sobre las empresas, aduanas y mecanismos utilizados por la red.
En entrevista, Olmos destacó un episodio representativo de la contradicción gubernamental: la contratación de una empresa ligada a Sergio Carmona Angulo por parte de IIS Servicios, una filial de Pemex encargada de combatir el robo de combustibles. IIS Servicios administraba las 500 pipas adquiridas tras el cierre de ductos en 2019. Según comprobantes fiscales obtenidos por el periodista, en 2021, esta filial de Pemex “le pagó al menos 22 millones de pesos al rey del huachicol”. Estos pagos se realizaron meses antes del asesinato de Carmona en noviembre de 2021 en San Pedro Garza García, Nuevo León. Se añadió que el hermano de Sergio Carmona ocupó un puesto al frente de una aduana en Tamaulipas, coincidiendo con el periodo en que las pipas eran gestionadas por la filial de Pemex.
Un diagnóstico preciso ignorado: la inacción federal ante la estafa
El periodista sostuvo que el gobierno federal poseía un conocimiento extenso sobre la operación del huachicol fiscal. Inclusive, existían reuniones periódicas entre distintas dependencias para monitorear el fenómeno. “Tenían un diagnóstico preciso, muy detallado, de por qué aduanas entraba, qué empresas estaban involucradas, cuál era el mecanismo que se utilizaba y a pesar de ello no intervinieron”, afirmó Olmos.
Funcionarios federales se reunían semanalmente en instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y en la entonces Secretaría de Seguridad Pública, situadas en Constituyentes. En estas sesiones, se revisaba información sobre los volúmenes de combustible introducidos ilegalmente al país y el monto de los impuestos evadidos. “La realidad la tenían y además sabían incluso los volúmenes, sabían cuál era el volumen que le estaban robando al Estado en combustible y en impuestos”, señaló. Por tanto, Olmos calificó como “un acto de cinismo absoluto” que en marzo de 2025 las autoridades federales presentaran un decomiso histórico de combustible ilegal, cuando las dependencias ya contaban con información completa sobre la operación de estas redes.
Del fomento a la importación al contrabando documentado: génesis de la estafa
Olmos detalló cómo el esquema de huachicol fiscal se consolidó desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, especialmente a partir de la apertura energética y la entrega masiva de permisos de importación de combustibles a empresas privadas. “Cuando se dieron masivamente permisos para la importación fue con Peña Nieto gracias a la apertura energética”, explicó. Aunque la reforma energética no tenía ese fin, algunos grupos empresariales y criminales identificaron la posibilidad de usar esos permisos para operaciones ilícitas desde el inicio.
Diversas empresas fantasma obtuvieron autorizaciones para importar millones de litros de combustible. Posteriormente, utilizaron esos permisos para introducir combustible de manera irregular, simulando operaciones legales. “El producto que ingresa es distinto al que realmente entra; es una cosa lo que se declara y otra la que se ingresa”, dijo el periodista al explicar el mecanismo de contrabando documentado. Las empresas declaraban el ingreso de aditivos, aceites o productos químicos para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), cuando en realidad importaban gasolina y diésel. Este esquema difiere del “contrabando bronco”, que históricamente implicaba la entrada de mercancía sin declaración aduanal. En el huachicol fiscal, existen pedimentos de importación, intervención de agentes aduanales y documentación oficial, pero con información falsa sobre el contenido real de la mercancía.
El cierre de ductos ordenado por López Obrador en enero de 2019, para combatir el robo de combustible, terminó impulsando el crecimiento del huachicol fiscal. “Ese momento fue el momento propicio para los huachicoleros fiscales para expandir su negocio”, afirmó. Ante la dificultad de seguir robando directamente de los ductos de Pemex, grupos criminales y empresariales comenzaron a introducir combustible al país mediante importaciones simuladas. “Ya no podían pinchar los ductos, ya no podían robar el combustible en el campo y lo que hicieron fue empezar a importarlo de manera truqueada simulando que eran aditivos y eran combustibles”, explicó.
Personajes clave y la red que tejió el mayor desfalco del Estado
La investigación del libro de Olmos incluye documentos, expedientes judiciales, testimonios y comprobantes financieros que vinculan a diversos personajes políticos y empresariales con la operación del esquema. Entre los nombres del expediente se mencionan:
- Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia.
- Amílcar Olán, empresario identificado como cercano a Andrés Manuel López Beltrán.
- Referencias a Manuel Bartlett, Ricardo Monreal y Adán Augusto López.
Sobre Amílcar Olán, se sostuvo que una de sus primeras operaciones de importación se realizó mediante la empresa ICON, una firma texana que, según Olmos, figura en el centro de varias investigaciones relacionadas con decomisos de combustible y operaciones de huachicol. “Está involucrada en el centro de la mayor trama de corrupción”, afirmó sobre ICON.
El expediente de la presunta red de huachicol fiscal también señala la intervención de marinos, empresarios y funcionarios de aduanas, incluyendo referencias a un hijo del presidente López Obrador y a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contralmirante, respectivamente. El primero fue detenido en México y el segundo en Argentina. Ambos son sobrinos políticos del entonces secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán.
Corrupción en la Marina y las estructuras empresariales
Olmos sostuvo que la Marina fue “corrompida desde el arranque del gobierno de López Obrador” y narró casos en los que altos mandos habrían intervenido para recuperar pipas aseguradas. “Llegan y rescatan pipas completas que habían sido decomisadas y llegan y piden ayuda a altos mandos de la Marina para que liberen pipas decomisadas”, indicó. La corrupción dentro de la Marina “fue creciendo, fue ascendiendo hasta llegar a estos altos mandos que eran nada menos que sobrinos del secretario de la Marina”, en alusión a los hermanos Farías Laguna.
El periodista afirmó que el huachicol fiscal representa una red compleja que involucra a autoridades federales, empresarios, agentes aduanales, transportistas, distribuidores, gasolineras y organizaciones criminales. “No estamos hablando simplemente ante un caso de crimen; estamos hablando ante una situación, una circunstancia de corrupción estructural muy compleja que no puede entenderse sin la intervención de altos mandos del gobierno”, sostuvo. El volumen de combustible introducido hacía imposible la operación sin la participación de empresas privadas y grupos especializados en comercio exterior, logística y finanzas. “No es posible que se haya distribuido sin la intervención de empresas transportistas, empresas distribuidoras, gasolineras”, indicó. Tanto el Cártel Jalisco Nueva Generación como el Cártel de Sinaloa participaron en esta red de contrabando y evasión fiscal.
Las investigaciones abiertas en México avanzaron principalmente por presión de Estados Unidos, que ha identificado al huachicol fiscal como una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado. Olmos advirtió que las investigaciones no deben concentrarse únicamente en mandos navales o en algunos operadores específicos, sino extenderse a todas las redes empresariales y políticas involucradas. “Si esto se vuelve justicia selectiva vamos a tener un caso terrible”, afirmó. “Si solamente nos quedamos con chivos expiatorios, yo creo que se va a perder una gran oportunidad de erradicar de tajo un asunto profundo”.
La ruta internacional de un contrabando sofisticado
Olmos también destacó el papel de las investigaciones periodísticas para exponer la red de corrupción. Gran parte de lo conocido no ha surgido de las autoridades, sino del trabajo de periodistas y medios como Aristegui Noticias o Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Estas investigaciones revelan la presunta colusión de autoridades portuarias, mandos militares y funcionarios aduanales con redes de contrabando de combustible. El periodista insistió en que las investigaciones no deben limitarse a funcionarios, sino extenderse hacia las estructuras empresariales. “Por ejemplo, el ámbito empresarial, nadie ha volteado a verlo, a las grandes corporaciones”, señaló.
Parte fundamental de la operación se originaba en Texas, desde donde empresas estadounidenses emitían documentación falsa para facilitar el ingreso irregular de combustibles a México. “La trampa venía desde allá, desde Texas”, dijo. Como ejemplo, mencionó operaciones entre la empresa Intansa y una compañía estadounidense identificada como Heavy. La firma texana facturaba cargamentos de combustible como si fueran aditivos. “Heavy cuando factura le pone que lo que está enviando es un barco cargado con aditivos, cuando en realidad lo que estaba enviando desde Texas era diésel”, afirmó. Al llegar a las aduanas mexicanas, los documentos eran revisados conforme a la descripción de las facturas de origen. “La gente de aduanas ve la factura, dice de origen, la factura dice aditivos, es aditivo. Pásele”, narró.
Se cuestionó la falta de atención sobre la participación de corporativos estadounidenses en la red de huachicol fiscal, pese a la existencia de documentos que muestran que parte de la simulación iniciaba desde territorio estadounidense. El caso del buque asegurado en Tampico, imagen de la portada de su libro, es un ejemplo. Las autoridades reportaron un decomiso menor al volumen real transportado. “Ese famoso buque que las autoridades nos dijeron que había representado el decomiso histórico de 10 millones de litros, traía consigo desde Texas 20 millones de litros de diésel”, afirmó. El cargamento estaba respaldado por facturas donde el combustible aparecía registrado como aditivos desde Texas. Uno de los principales objetivos del libro es explicar de manera clara cómo opera el huachicol fiscal, dado que, a pesar de la relevancia pública del tema, gran parte de la sociedad aún no dimensiona el mecanismo detrás de la evasión de impuestos. Un capítulo del libro está dedicado a describir didácticamente las operaciones de importación simulada y la intervención de distintos actores públicos y privados.
El costo oculto de la corrupción: financiamiento político y un desfalco de magnitud
Olmos planteó que parte de los recursos obtenidos mediante el huachicol fiscal pudieron terminar financiando campañas políticas y estructuras electorales. “Yo creo que una gran parte de este dinero va a dar al financiamiento de campañas electorales”, afirmó, al ser cuestionado sobre los señalamientos en torno a Sergio Carmona. “Financiar estructuras políticas. Y eso explicaría por qué dejaron o toleraron que creciera, dejar pasar, dejar hacer”, declaró.
Los decomisos reportados públicamente representan apenas una fracción del combustible introducido ilegalmente al país. “Cuando la autoridad ha dicho que esto representa un desfalco de al menos 600 mil millones de pesos, quiero decirte que esto representa alrededor de 130 mil millones de litros”, apuntó el periodista. Frente a esa magnitud, los cargamentos decomisados resultan mínimos. “Cuando uno ve los 10 millones decomisados, son cacahuates comparado con todo lo que había estado entrando”, dijo. “Si nos escandalizó el caso Segalmex, que fue el caso emblemático, bueno, esto equivale a 40 Segalmex”, afirmó. Olmos advirtió que la cifra de 600 mil millones de pesos podría quedarse corta frente a las dimensiones reales del desfalco, ya que “Hay indicios de que la cifra es muchísimo mayor”.
