CHETUMAL, QR.- La XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobó reformas a la Constitución local y a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado, para garantizar que el presupuesto que se autorice a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción en la entidad no sea menor al presupuesto autorizado en el año inmediato anterior, tal y como sucede con los poderes del Estado y los órganos públicos constitucionales autónomos.
En la sesión ordinaria número 10, los diputados del Congreso del Estado aprobaron el dictamen con minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 161 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de presupuesto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción; y con minuta de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.
También te puede interesar: Aprueban diputados reforma de autonomía a la Universidad de Quintana Roo
De acuerdo con el dictamen, elaborado por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, con la reforma se fortalecerá la capacidad en el combate a la corrupción del Sistema Estatal Anticorrupción, evitando que los recursos asignados a este organismo se reduzcan, señala un comunicado de prensa.
Reformas al Sistema Estatal Anticorrupción incluyen tabuladores
Además, se incluyó el requisito previsto en la Constitución respecto a la obligación de contar con los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos y las personas que integran el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Se estableció también la obligación de la persona titular de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, de rendir un informe anual de labores y resultados, ante el pleno de la Legislatura.
La minuta constitucional de las reformas al Sistema Estatal Anticorrupción fue turnada a los ayuntamientos de la entidad, para continuar con el proceso legislativo correspondiente, es decir, tiene que ser aprobada por la mayoría de Cabildos.
