Andrea Chávez denuncia vacío de poder en Chihuahua ante la ausencia de Maru Campos

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La senadora con licencia Andrea Chávez denunció la ausencia total de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, durante 12 días consecutivos, vinculando esta falta de actividad oficial con la parálisis en la estrategia de seguridad y la crisis diplomática derivada del operativo con agentes estadounidenses.

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Crisis de gobernabilidad y exigencia de licencia en el Congreso local

La denuncia formalizada a través de las plataformas digitales expone que la titular del Ejecutivo estatal no ha asistido a las reuniones estratégicas de la mesa de seguridad, no se ha presentado en las oficinas de Palacio de Gobierno y mantiene una agenda pública sin registros ni eventos oficiales.

La gravedad de la situación radica en que esta conducta coincide con un periodo de alta vulnerabilidad institucional y señalamientos directos hacia la administración local por omisiones administrativas y operativas. Frente a este panorama, se exige que la mandataria formalice una solicitud de licencia ante el Poder Legislativo del estado si persiste la incapacidad para ejercer las funciones constitucionales del cargo.

  • Mecanismo de sustitución institucional: La solicitud de licencia permitiría al Congreso del Estado de Chihuahua iniciar el procedimiento inmediato para designar a un gobernador sustituto, evitando la prolongación del vacío de poder.
  • Señalamientos presupuestarios: La crítica enfatiza que la remuneración económica de la gobernadora supera por tres veces las percepciones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, lo que incrementa la exigencia de rendición de cuentas y presencialidad.
  • Parálisis de gabinete: Se acusa a los secretarios de despacho de desviar la atención de sus responsabilidades institucionales y utilizar recursos públicos con fines de promoción política de cara a los próximos procesos electorales.
  • Patrón de ausentismo: El reporte legislativo señala que esta conducta ha sido recurrente durante los casi cinco años de gestión, caracterizada por traslados internacionales constantes y periodos vacacionales sin justificación oficial.

El impacto del operativo bilateral y las repercusiones del Caso CIA

Las acusaciones de ausentismo se presentan en un contexto de alta complejidad internacional debido a las investigaciones en curso del denominado Caso CIA. La detección de personal de inteligencia de Estados Unidos operando sin las acreditaciones ni los permisos soberanos requeridos por las leyes mexicanas detonó un conflicto diplomático de gran escala el pasado 3 de junio de 2026.

El desmantelamiento de un laboratorio clandestino de sustancias ilícitas culminó con el deceso de dos agentes extranjeros y la posterior expulsión del territorio nacional de los elementos restantes de dicha agencia.

Consecuencia de la crisisDescripción del hecho institucional
Quiebre diplomáticoLa presidencia de la República declaró formalmente la ruptura de la línea de coordinación previa con el gobierno estadounidense debido a la violación de la soberanía nacional.
Solicitud de extradiciónEl Departamento de Justicia de Estados Unidos requirió la entrega de 10 ciudadanos mexicanos, listado que incluye a funcionarios públicos en activo de la entidad.
Investigación ministerialLa Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso en paralelo a una unidad especial local instalada por el propio gobierno de Chihuahua, sin que existan imputaciones directas definitivas.

Último registro de actividad pública y controversia discursiva

El último acto oficial con registro de la gobernadora aconteció el 30 de mayo de 2026, en un mitin político que contó con el respaldo de las estructuras del Partido Acción Nacional (PAN) y la presencia de los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Durante dicha intervención, la mandataria emitió declaraciones que generaron un severo cuestionamiento en las redes sociodigitales al afirmar que las administraciones precedentes mantenían colusión con organizaciones del narcotráfico, lo que fue interpretado por diversos sectores de la opinión pública como un reconocimiento de dinámicas delictivas asociadas históricamente a su propia filiación política.

Por su parte, los liderazgos locales de Acción Nacional argumentan la existencia de un sesgo político por parte del Gobierno Federal. La defensa partidista señala que el Poder Ejecutivo de la Unión otorga protección al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta señalamientos por parte de agencias de seguridad estadounidenses debido a presuntos vínculos con la delincuencia organizada, buscando con ello desviar la atención de la problemática de seguridad que padece el norte de la república.

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