CHETUMAL, QR.- Familiares de la joven María Adela, recluida en el Instituto Nacional de Psiquiatría, no interpusieron denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), pues buscarán asesoría jurídica a través de colectivas y atenderán el proceso legal desde la Ciudad de México.
Josefina Ramírez Tapia, tía de María Adela, señaló que, posterior a la marcha del pasado viernes en esta ciudad y a la reunión en la Secretaría de Gobierno, se trasladó a la FGE para interponer la denuncia respectiva contra las autoridades que atentan o están cometiendo abusos en contra de su sobrina.
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Aunque destacó que su hermana Cristina Ramírez Tapia, madre de María Adela, no autorizó interponer la querella, porque, al final, no representa ningún apoyo por parte del Gobierno del Estado y, además, una denuncia puede poner en mayor riesgo la integridad de la joven internada en el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente Muñiz (Inprfm).
Destacó que seguirán realizando acciones para exigir justicia por su sobrina; sin embargo, se darán a conocer en su momento.
Asimismo, mencionó que su hermana seguirá el proceso legal en la Ciudad de México; no obstante, la situación es complicada porque no se cuenta con los recursos para pagar un abogado particular.
Josefina Ramírez reveló que a su hermana todo el proceso del amparo para poder ver a su hija le costó 25 mil pesos, cantidad que obtuvo a través de un préstamo. Sin embargo, están buscando la forma de conseguir a un abogado mediante colectivas.
Por eso, su hermana se sumó a una de las manifestaciones en la Ciudad de México para exigir justicia para personas procesadas o investigadas cuyos expedientes han sido alterados, pues en el caso de su sobrina es claro que hay hechos presuntamente irregulares.
“En la marcha realizada en la Ciudad de México están diciendo que las mismas fiscalías elaboran carpetas falsas; solo hay que imaginar qué pueden poner aquí en la FGE por el caso de mi sobrina”, manifestó.
Indicó que presentar una denuncia en el estado puede complicar el tema con la Fiscalía General de la Ciudad de México y el propio Inprfm, porque también podrían tomar acciones para defenderse.
“No sabemos cómo está mi sobrina, no nos la dejan ver, no sabemos qué pueda pasar, es algo angustiante”.
Señaló que, incluso, desde la Secretaría de Gobierno, Cristina Torres le recomendó a través de una videollamada que interpusieran la denuncia, pero la madre de María Adela no lo autorizó.
Incluso, la secretaria de Cristina Torres le dijo que presentara la denuncia, pero que era necesario elaborar oficios porque “como mi sobrina está voluntariamente en el instituto de psiquiatría, porque así lo manejan, ellos no pueden hacer nada”. Entonces, le respondí: “¿Para qué la pongo, si no me va a servir de nada la denuncia?”.
Reiteró que su hermana no cuenta con los recursos económicos, pero está buscando la forma de cómo avanzar con el caso de su hija, mientras sus familiares desde Chetumal le envían lo que pueden para aminorar los gastos.
El proceso legal de María Adela en la Ciudad de México
La joven María Adela se encuentra recluida en el Inprfm de la Ciudad de México; sin embargo, las autoridades del instituto no quieren entregarla a su madre, bajo el argumento de que su representante legal es Andrea Martínez Hernández/Georgina Reus, quien, según los familiares, se hizo pasar por su concubina y, además, que la joven chetumaleña ingresó a ese centro por voluntad propia.
María Adela viajó a la Ciudad de México por una oportunidad de trabajo desde el 27 de enero pasado y fue Georgina Reus su contacto. Desapareció el 8 de abril del presente año; su madre viajó al centro del país para buscarla y se tuvo noticias de ella hasta el 11 de abril, gracias a una conocida, quien le informó que estaba internada en el Inprfm.
Hasta el 20 de abril, y gracias a un amparo, la madre de María Adela pudo confirmar que estaba en dicho lugar, pero le niegan la salida y no se tiene información sobre Georgina Reus.
La madre y los familiares han pedido apoyo a las autoridades del Gobierno del Estado, pero, de acuerdo con lo que señalan, no ha servido de mucho o nada.
El pasado viernes, familiares, amigos y conocidos realizaron una marcha para exigir justicia; además, sostuvieron una reunión con la directora de Gobernación, Claudia Pastrana, pero lo único que resultó de ese encuentro fue la recomendación de interponer una denuncia ante la FGE.
