CHETUMAL, QR.- Familiares, amigos y colectivos feministas se movilizaron en las calles de Chetumal para exigir el regreso de María Adela, una joven arquitecta que, tras ser reportada como desaparecida, fue localizada internada en el Instituto Nacional de Psiquiatría “Juan Ramón de la Fuente Muñiz” (INPRFM) en la Ciudad de México.
Marcha por María Adela en Chetumal
La tía de la joven, Josefina Ramírez Tapia, encabezó la marcha señalando que la institución se rehúsa a entregarla a su familia. La movilización surge ante la desesperación de su madre, Cristina Ramírez, quien lucha desde el centro del país sin recibir apoyo de las autoridades locales.
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Durante la protesta, los manifestantes señalaron la falta de intervención por parte del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Según la familia, la gobernadora Mara Lezama ha sido informada del caso sin que hasta ahora exista una respuesta efectiva.
Ramírez Tapia denunció que instituciones como la Comisión Estatal de Búsqueda, a cargo de Haydé Saldaña, y la Secretaría de las Mujeres, dirigida por Esther Burgos Jiménez, se deslindaron del caso alegando falta de jurisdicción una vez que se confirmó el paradero de la joven.
“Es falso que este sea un gobierno humanista con corazón feminista, de lo contrario ya nos hubiesen ayudado. Ahora no lo hacen, pero bien que pasaron a pedir nuestros votos”, manifestó Josefina Ramírez durante la protesta.
Sin acuerdos tras reunión en la Secretaría de Gobierno
La marcha, que inició en el Museo de la Cultura Maya, concluyó en las oficinas de la Secretaría de Gobierno. Aunque los manifestantes solicitaron hablar con la titular, Cristina Torres Gómez, fueron recibidos por la directora de Gobernación, Claudia Pastrana.
Tras media hora de reunión, la familia informó que no hubo acuerdos favorables. La única recomendación oficial fue interponer denuncias contra las autoridades implicadas, lo que los familiares calificaron como una respuesta insuficiente ante la gravedad del caso.
De una oferta laboral a la reclusión psiquiátrica
María Adela, egresada del Instituto Tecnológico de Chetumal (ITCH), viajó a la CDMX el pasado 27 de enero tras aceptar una oferta de trabajo de una mujer identificada como Georgina Reus. Aunque mantenía contacto constante, su familia perdió comunicación con ella el 8 de abril.
Cristina Ramírez, madre de la joven, viajó a la capital del país y logró descubrir por sus propios medios que su hija estaba en el INPRFM. Al solicitar información, se la negaron argumentando que la representante legal de la joven era Andrea Martínez Hernández (quien resultó ser la misma persona que la contrató bajo el nombre de Georgina Reus).
Irregularidades y presuntas intimidaciones
A través de un amparo federal, la madre logró ver a María Adela, a quien describió como sedada, desorientada y en mal estado físico. La joven solo alcanzó a decirle entre llantos: “me pasaron cosas, muchas cosas”, sin poder explicar su situación legal.
La familia denunció además actos de intimidación por parte de un fiscal de la Fiscalía Especializada de Búsqueda (Fipede), identificado como Omar Montoya Rojas, quien presuntamente advirtió a la madre que dejará de investigar para evitar consecuencias “contraproducentes”.
Caso María Adela
- Perfil: Arquitecta de 26 años, egresada del ITCH.
- Situación: Localizada en el Instituto Nacional de Psiquiatría tras meses de desaparición.
- Principal sospechosa: Una mujer con nombres falsos (Georgina Reus / Andrea Martínez) que la reclutó.
- Denuncia: La familia acusa al INPRFM de “secuestro” y teme una red de trata de personas.
- Asesoría legal: Ariadne Song Anguas, de la Red de Mujeres, encabeza la estrategia jurídica.
Exhortan a familias a investigar internamientos
Ante la opacidad del caso, la madre de María Adela hizo un llamado a nivel nacional para que familias con personas desaparecidas busquen en el INPRFM, sugiriendo que podría haber más personas retenidas bajo condiciones similares.
La abogada Ariadne Song Anguas confirmó que se interpondrán denuncias formales contra las autoridades de la Ciudad de México y el instituto. Por motivos de seguridad y para evitar filtraciones que entorpezcan el proceso, los detalles de la estrategia legal se mantienen bajo reserva.
