Megaescándalo inmobiliario en Yucatán: la investigación que frenó la venta de 10 mil terrenos

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Un reportaje de Latinus revela que Grupo Foret comercializó cerca de 10,000 lotes en Yucatán sin servicios ni viabilidad ambiental, contando con dictámenes negativos de Semarnat e inconsistencias contractuales.

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Fraude inmobiliario masivo bajo el escrutinio de autoridades en el sureste

Cientos de compradores adquirieron predios en Yucatán bajo promesas de alta plusvalía y urbanización que resultaron en terrenos baldíos sin acceso ni servicios.

Una investigación periodística conducida por la reportera Cecilia Reynoso para el medio Latinus documenta un esquema de comercialización masiva de terrenos ejecutado por Grupo Foret entre los años 2020 y 2024. La firma colocó aproximadamente 10,000 predios distribuidos en el estado de Yucatán mediante un agresivo portafolio publicitario que prometía desarrollos habitacionales de alta plusvalía, facilidades financieras y cercanía con polos turísticos.

Sin embargo, el cotejo de documentos oficiales revela que las condiciones físicas y legales de los inmuebles distan radicalmente de las promesas comerciales vertidas a los clientes.

Faltas ambientales y bloqueos administrativos federales

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió resolutivos desfavorables para al menos ocho proyectos promovidos por la empresa comercializadora.

  • Rechazos de la Semarnat: Al menos ocho desarrollos inmobiliarios vinculados al portafolio de la empresa recibieron dictámenes negativos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por no acreditar la viabilidad ambiental ni contar con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) correspondiente.
  • Restricciones del INAH: Diversos predios enfrentan observaciones administrativas e intervenciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) debido a la presencia de vestigios u ordenamientos de protección patrimonial que prohíben la ejecución de obras civiles.
  • Omisión de supervisión oficial: A pesar de los dictámenes negativos emitidos por las dependencias federales, los proyectos continuaron en promoción activa y venta, evidenciando una falla en los mecanismos locales de fiscalización y detención de la oferta inmobiliaria irregular.

Incumplimiento de urbanización en los desarrollos comercializados

Los compradores que finalizaron sus esquemas de pago descubrieron la ausencia total de infraestructura básica al intentar escriturar e iniciar construcciones.

El modus operandi dejó a los adquirentes en un limbo jurídico y operativo. Proyectos emblemáticos de la firma como Amaranto, Porto y Sayab permanecen en un estado absoluto de abandono físico, catalogados jurídicamente como brechas o vegetación silvestre sin vialidades ni servicios esenciales.

DesarrolloEstatus de infraestructura prometidaEstatus de permisos (Semarnat/INAH)
AmarantoSin agua, luz, accesos ni vialidadesDictamen negativo / Observaciones
PortoTerreno natural sin urbanizarDictamen negativo / En revisión
SayabEn el limbo jurídico, sin obras de servicioDictamen negativo / Sin autorización

Los afectados señalan que desembolsaron liquidaciones completas atraídos por renders y promesas de fraccionamientos exclusivos, para posteriormente constatar la imposibilidad de habitar o construir en las parcelas adquiridas.

Postura de la empresa y deslinde de responsabilidades

Grupo Foret atribuye la responsabilidad de los permisos y obras a terceras empresas desarrolladoras.

Grupo Foret niega rotundamente haber incurrido en conductas ilícitas, sosteniendo que su objeto social se limita de forma exclusiva a la comercialización de los lotes, trasladando la obligación de tramitar licencias, permisos de construcción y la ejecución de la infraestructura a terceras entidades desarrolladoras.

Esta postura argumentativa contrasta de manera directa con las campañas publicitarias mediante las cuales se atrajo a inversores de todo el país, garantizando la entrega de complejos totalmente equipados.

Impacto patrimonial y debate sobre el crecimiento urbano en Yucatán

El caso mantiene en alerta a cientos de familias que invirtieron su patrimonio en un mercado inmobiliario sin regulación efectiva.

Hasta el momento no se han dictado resoluciones judiciales definitivas que fijen responsabilidades de carácter penal o administrativo para los operadores de la firma o los funcionarios involucrados. No obstante, las evidencias documentales recopiladas por Latinus han reabierto el debate técnico sobre la urgente necesidad de endurecer las auditorías preventivas a las agencias inmobiliarias en el sureste mexicano, en un contexto de expansión urbana acelerada donde la especulación de la tierra amenaza la certeza jurídica y el equilibrio ecológico de la región.

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