Suzanne Faugier, excolaboradora de Adela Micha durante 27 años, denunció desde el penal de Santa Martha Acatitla la presunta fabricación de cuatro carpetas de investigación penal como represalia directa tras interponer una demanda laboral por despido injustificado y liquidación formal.
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El origen del conflicto laboral y la ruptura contractual
La disputa judicial comenzó tras el rechazo a un acuerdo de salida que bloqueaba el ejercicio laboral de Faugier en medios de comunicación durante un lustro.
Faugier concluyó su relación laboral con Micha el 18 de octubre de 2024. Durante casi tres décadas, la colaboradora ejerció funciones operativas como asistente personal, productora y coordinadora de talento invitado en los proyectos mediáticos de la comunicadora.
La ruptura escaló ante la negativa de aceptar una propuesta de indemnización económica considerada insuficiente. Dicho convenio de rescisión exigía una cláusula de no competencia que vetaba su inserción en plataformas de noticias y entretenimiento por un lapso de cinco años.
- Rechazo del convenio inicial: Desacuerdo directo frente a las condiciones económicas y restricciones profesionales presentadas.
- Activación de la vía laboral: Presentación formal de la demanda indemnizatoria en noviembre de 2024 ante las instancias correspondientes.
- Escalada al fuero penal: Apertura posterior de cuatro carpetas de investigación ministerial contra la demandante.
Cronología del litigio y contraste de posturas jurídicas
Las partes sostienen versiones contrapuestas sobre el origen de los expedientes penales, la legitimidad de las firmas y el uso de influencias institucionales.
| Variable analizada | Versión de Suzanne Faugier | Postura e imputaciones atribuidas a Adela Micha |
| Tiempo de servicio | 27 años de relación laboral continua | Relación terminada formalmente el 18 de octubre de 2024 |
| Causa de la prisión | Represalia directa para forzar el desistimiento laboral | Denuncia por presuntos ilícitos financieros y documentales |
| Cargos penales | Presunta fabricación de cuatro carpetas ministeriales | Uso de documento falso y presunta administración fraudulenta |
| Validez documental | Operaciones administrativas previamente autorizadas | Desconocimiento de firmas en contrato y pagaré comercial |
| Montos en litigio | Reclamo de liquidación proporcional por antigüedad | Un millón de pesos (contrato) y 1.24 millones (pagaré) |
| Declaraciones públicas | Difusión de la carta Justicia para Suzanne (26 de octubre) | Sin pronunciamiento público hasta los reportes disponibles |
Imputaciones penales y situación procesal en Santa Martha Acatitla
La medida cautelar de prisión preventiva deriva de dos líneas ministeriales enfocadas en delitos patrimoniales y falsificación documental.
Faugier permanece interna bajo la medida de prisión preventiva justificada por el presunto delito de uso de documento falso. Las actuaciones ministeriales auditan dos instrumentos mercantiles específicos que presentan firmas que la periodista desconoce haber suscrito:
- Un contrato comercial por un importe de un millón de pesos.
- Un pagaré mercantil con valor nominal de un millón 240 mil pesos.
La segunda línea de investigación indaga una presunta administración fraudulenta de recursos operativos vinculados con el financiamiento y operación de los proyectos comerciales de Micha.
Faugier niega la configuración de estas conductas y sostiene que la totalidad de los movimientos contables, administrativos y corporativos se ejecutaron bajo la autorización expresa de la conductora.
Señalamientos corporativos y manejo de recursos
Las declaraciones de la imputada señalan la operación de estructuras societarias delegadas y el manejo de flujos de efectivo corporativos.
En la misiva penitenciaria, Faugier aseveró que figuró legalmente como socia y administradora de entidades mercantiles por indicación de la periodista. Afirmó también haber recibido transferencias y entregas de dinero en efectivo procedentes de administraciones públicas estatales para fines operativos.
Estas aseveraciones forman parte de su estrategia de defensa pública y carecen de determinación judicial firme. La autoridad judicial competente mantiene abierta la etapa complementaria de investigación para determinar las responsabilidades penales de las partes.
