CHETUMAL, QR.- Solo un 12 por ciento de expedientes judicializados y cinco por ciento de sentencias condenatorias ha logrado la Fiscalía General del Estado en el 2022, según un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Dicho diagnóstico dado a conocer el 4 de octubre pasado,  denominado “Levantemos la voz de las fiscalías anticorrupción“, fue elaborado en coordinación con la organización sin fines de lucro de combate a la corrupción Tojil y con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

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En la investigación se hace un comparativo con el 2020 para conocer los avances en la materia y hacer las recomendaciones pertinentes, que puedan servir para la toma de decisiones de los gobierno estatales.

En el 2020, los resultados fueron los siguientes:

  • 1,516 investigaciones iniciadas
  • 63 expedientes judicializados
  • 49 expedientes vinculados a proceso
  •  9 sentencias condenatorias.

En el caso del 2022 los números están de la siguiente manera:

  • 512 investigaciones iniciadas
  • 63 expedientes judicializadas
  • 28 expedientes vinculadas a proceso
  • 3 sentencias condenatorias

El número de expedientes judicializados representan un 12 por ciento, de acuerdo con la investigación, aunque el porcentaje de expedientes vinculados a procesos y de sentencias condenatorias con relación a los judicializados, es del 44 por ciento y cinco por ciento, respectivamente.

Bajo presupuesto para la Fiscalía Anticorrupción

Quintana Roo desde 2020 solo cuenta con 15 ministerios públicos y 14 policías de investigación en las Fiscalía Anticorrupción.

Entre 2019 y 2022, el presupuesto de Quintana Roo solo creció uno por ciento, pasó de 48 millones 371 mil 543 pesos a 49 millones 60 mil 974 pesos.

Entre las recomendaciones para el estado derivadas del estudio están asignación de mayor presupuesto o partidas especiales, así como mejorar las técnicas y esquemas de investigación.

A nivel nacional, de las 19 mil 289 denuncias de corrupción presentadas ante las Fiscalías Anticorrupción de las entidades en 2022, solo 4.3 por ciento llegaron ante un juez y 0.2 por ciento obtuvieron una sentencia.

Baja California y Baja California Sur aún no cuentan con Fiscalía Anticorrupción en operación.

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