BACALAR, QRoo.- Pedro Ramos Diego, subdelegado de Maya Balam y otras dos personas fueron detenidas por elementos de la Fiscalía General del Estado, en medio del conflicto que prevalece en la comunidad por supuestas concesiones de transporte.
La detención de Ramos Diego, César Jacinto González y una persona más se registró pasada las 10 de la noche del miércoles. Según trascendió se les imputa los delitos de privación de la libertad, lesiones, daños en propiedad privada, abuso de autoridad, robo y extorsión.
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Antes esta situación un grupo de pobladores que les apoyan se reunieron y acordaron una manifestación cerca del mediodía de este jueves, en Chetumal en el Palacio de Gobierno y Congreso del Estado.
La manifestación también era por el incumplimiento de los acuerdos pactados con el Gobierno del Estado, que llevaron a calmar la violencia que estalló el pasado 6 de enero cuando quemaron remolques, vehículos y palapas, que dio como resultado personas lesionadas. Sin embargo, la manifestación no se llevó a cabo.
Ese día el enfrentamiento fue entre el grupo encabezado por el delegado Pedro Ramos Diego y el del presidente de la Cooperativa Transporte Unido Mayabalam, Emiliano Calmo.
Debido a ello más de 30 personas tuvieron que salir de la comunidad amenazadas de muerte y todavía permanecen en un albergue de Chetumal.
Los detenidos del miércoles se encontraban hoy en una audiencia preparatoria que podría definir su situación legal, es decir si son o no vinculados a proceso.
CANCÚN, QRoo.- A dos días de que inicie el Carnaval de Cancún 2020 “La Fiesta de Oro”, el gobierno del municipio de Benito Juárez, que encabeza Mara Lezama, informó a través de un comunicado de prensa el cambio de sede de Playa Langosta al Malecón Tajamar, este último abierto a la circulación vehicular el pasado 14 de febrero, por mandato de un juez.
En el boletín de prensa enviado por la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Benito Juárez, se explica que el derrotero de los carros alegóricos “se realizará sobre las avenidas principales y céntricas de la ciudad, contando como destino final el Parque de Las Palapas, en donde se premiará a las reinas y reyes, entre otras actividades alusivas a esta festividad”.
El Instituto de la Cultura y las Artes precisa en el comunicado del Ayuntamiento que para el viernes los cancunenses podrán disfrutar en Las Palapas la presentación oficial de la corte real; los días sábado, domingo y lunes, el concurso de comparsas; mientras que el martes (25 de febrero), el cierre con el tradicional baile de comparsas.
De acuerdo con información de los carteles promocionales, el desfile del Carnaval iniciará a las 17 horas; partirá de la Avenida Chichén Itzá a la Glorieta del Ceviche; a las 20 horas, iniciará el Concurso de Comparsas, en el Parque de Las Palapas y
En el Malecón Tajamar, desde las 17 horas del 21 de febrero habrá música en vivo, y ese mismo día, el primero del Carnaval, la cantante Alejandra Guzmán amenizará la noche a partir de las 23 horas. Margarita, La Diosa de la Cumbia, se presentará en el mismo lugar, el 23 de febrero, a las 23 horas.
El pasado 11 de febrero, mediante una conferencia de prensa, la alcaldesa Mara Lezama dio a conocer que la sede del Carnaval sería Playa Langosta, y presentó el nombre oficial de las fiestas carlestolendas: “La Fiesta de Oro”, inspirada en los 50 años que está por cumplir Cancún, el 20 de abril.
Entre las actividades que se realizarán durante los días de carnaval, se encuentra la feria de artesanos “Manos Mágicas” en el Jardín del Arte, cita el comunicado del 11 de febrero.
Mara Lezama indicó que, recientemente, más de tres mil personas presenciaron la elección de reyes y reinas del Carnaval Cancún 2020 en las seis diferentes categorías, con la participación de entre 15 y 20 mil personas.
MALECÓN, LA NUEVA SEDE
El 14 de febrero, brigadas del municipio de Benito Juárez acudieron al Malecón Tajamar para realizar una limpia general, con apoyo de trabajadores del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Con la apertura de ese lugar al tránsito vehicular, por mandato de un juez, se puso fin a su cierre desde el 16 de enero de 2016, cuando inversionistas, con apoyo de la fuerza pública, pagaron a maquinaria y camiones para devastar los predios que tenían manglar, una especie bajo protección federal.
Ante la devastación, surgieron grupos medioambientalistas que con recursos legales lograron frenar el proyecto inmobiliario y cerraron el lugar al tránsito vehicular, mediante amparos.
Uno de esos grupos, “Guardianes del Manglar“, encabezados por Katerine Ender, no aceptó la resolución judicial, y acusó de corrupción, sin que hasta la fecha haya demostrado ese delito.
A través de su cuenta de Facebook, la ambientalista acusó a la sociedad civil de no merecerla a ella ni a quienes defienden el patrimonio:
Otros grupos ambientalistas que participaron en la lucha jurídica de Malecón Tajamar, han moderado sus mensajes.
Malecón Tajamar fue abierto en 2012, y desde ese año, se había convertido en un espacio en el que circulaban automóviles y peatones. Los cancunenses lo adoptaron para llevar a sus niños o las parejas y los amigos ir a pasear los fines de semana.
Fonatur había vendido los espacios a inversionistas, que planeaban desarrollar bienes inmuebles, entre otros usos. Incluso la Iglesia Católica planeaba erigir la Catedral de Santa María del Mar, cuyos proyecto fue dado a conocer en 2013. En el predio, se daban misas, antes del cierre del Malecón Tajamar.
El concierto que se dará en esta reapertura de Malecón Tajamar, el 21 de febrero, con Alejandra Guzmán no es el primero. El 11 de octubre de 2014, bajo la administración de Roberto Borge Angulo, para celebrar los 40 años de Quintana Roo, el gobierno del estado escogió el Malecón Tajamar para hacer un concierto, coincidentemente con Alejandra Guzmán, quien presentó su espectáculo “Tour La Guzmán Primera Fila”.
CHETUMAL, QRoo.- Por 67 recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) no atendidas, funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, del Trabajo y Previsión Social, así como de la Fiscalía General del Estado comparecerían a fin de mes ante diputados de la XVI Legislatura.
Lo anterior proviene de una reforma aprobada en diciembre de 2019 que faculta a la Legislatura a través de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado citar a comparecer a los servidores públicos o funcionarios que incumplan con las recomendaciones de la Cdheqroo.
Fue la diputada Judith Rodríguez Villanueva, presidenta de dicha comisión en la Legislatura, la que hizo el anuncio sobre el tema.
Las 67 recomendaciones datan de 2014 a la fecha y se desconoce el por qué no se han atendido.
De acuerdo con la información proporcionada en el Congreso, las instituciones que cayeron en incumplimiento son: la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Alberto Capella Ibarra; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuya titular es Catalina Portillo Navarro y la Fiscalía General del Estado, encabezada por Óscar Montes de Oca.
Ayer, martes, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado sostuvo una reunión con algunos diputados y sus equipos jurídicos para definir claramente la metodología para evitar afectar a las personas que han sido violentadas.
Sin embargo se prevé que durante las 67 comparecencias se deberá contar con la asistencia de la víctima, el victimario, el funcionario o servidor público que incumplió con la recomendación, personal de la Cdheqroo y los diputados.
Las comparecencias serán privadas por los propios temas que se tratarán, sin embargo se darán a conocer posterior a estas reuniones datos generales para conocimiento de la ciudadanía.
Al momento no se sabe de qué dependencia será el funcionario qué comparecerá primero y tampoco qué autoridad es la que tiene el mayor número de recomendaciones, pues al parecer algunas ya fueron atendidas parcialmente.
El resultado de estas comparecencias será una opinión de la Comisión de Derechos Humanos a la Legislatura que será entregada a la Cdheqroo para que dictamine, y de ahí que actúe en consecuencia para los procesos legales conducentes.
De este desfile de comparecencias que se prevé inicien a fin de mes, se podría dar la pauta para realizar reformas tendientes a terminar con los vacíos o lagunas legales de la Ley de Derechos Humanos.
Actualmente la normatividad obliga a todas las dependencias e instituciones públicas a acatar las recomendaciones de derechos humanos, sin embargo no se le ha podido dar el carácter coercitivo a la Cdheqroo para que pueda sancionar en caso de incumplimiento.
Estas comparecencias ocurren a cinco días de que la organización World Justice Project presentó su “Índice de Estado de Derecho” correspondiente a 2019, en el cual Quintana Roo se ubicó entre los tres últimos lugares entre los 32 estados del país.
De los ocho indicadores que integran el informe, en “Límites al Poder Gubernamental”, el poder Legislativo, como contrapeso eficaz del Gobierno estatal obtuvo una baja calificación.
CHETUMAL, QRoo.- Con base en su experiencia y perspectiva, 25 mil ciudadanos y dos mil 600 expertos en temas de justicia determinaron con base en ocho indicadores o factores, el desempeño de 32 entidades de México en el Índice de Estado de Derecho (IED) 2019-2020, en el que Quintana Roo, el estado gobernado por Carlos Joaquín González, ocupó con Puebla y Guerrero las puntuaciones más bajas. Comparativamente con las entidades de la Península de Yucatán (Campeche y Yucatán), Quintana Roo sólo supera en un indicador de los ocho.
En esta segunda edición, el IED utiliza los mismos conceptos y metodología que el World Justice Project ha empleado desde hace una década, para medir el Estado de Derecho en más de 120 países en el mundo.
Mide si en la práctica, los pesos y contrapesos institucionales limitan el accionar de quienes gobiernan. Mientras que en 26 estados del país mejoró, en Quintana Roo hubo retroceso y se ubicó en el lugar 31 de 32 estados. Los cambios en la percepción ciudadana acerca de la efectividad de los congresos locales para cuestionar al Ejecutivo estatal, y a la libertad y transparencia en los procesos electorales. Los contrapesos más efectivos siguen siendo la Sociedad Civil, la Prensa y el Poder Judicial.
Ausencia de corrupción
Evalúa el uso del poder público para obtener un beneficio privado, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial locales, y en el sistema de seguridad y procuración de justicia. Aquí Quintana Roo alcanzó la posición 27 de 32 entidades federativas.
Gobierno Abierto
Mide al gobierno que comparte información, empodera a las personas para que exijan rendición de cuentas y fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones. Quintana Roo se colocó en la posición 14 de 32 estados.
Derechos Fundamentales
Evalúa la protección efectiva de los derechos humanos. Quintana Roo alcanzó el lugar 28 de 32 entidades.
Orden y seguridad
Mide si el estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas y de sus propiedades. Este factor disminuyó en 19 entidades del país, debido a un aumento de homicidios; a la prevalencia e incidencia delictivas y al deterioro de la percepción de seguridad de los mexicanos. La posición de Quintana Roo fue la 24 de 32 estados.
Cumplimiento Regulatorio
Evalúa si la normativa y las relaciones se aplican de manera efectiva. Quintana Roo alcanzó el lugar 24 de 32 entidades del país.
Justicia Civil
Mide si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias a través del sistema de justicia civil. La posición 22 fue para Quintana Roo, de 32 estados.
Justicia Penal
Evalúa la efectividad y la calidad del sistema de Justicia Penal. Aquí, la mayoría de estados bajó a causa de la poca efectividad en las investigaciones realizadas por la Policía y los Ministerios Públicos. Quintana Roo logró el lugar 25 de 32 estados.
De acuerdo con el estudio dado a conocer el 13 de febrero de 2020, el Estado de Derecho avanzó en 15 entidades, descendió en 11 y permaneció en seis.
CANCÚN, QRoo.- Tras la apertura al acceso público de Malecón Tajamar, derivado del fallo del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito a través del cual se desechó el amparo interpuesto por José Luis Pineda, la aseguradora del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), realizará un levantamiento del estado que guarda la infraestructura urbana de la zona para definir la cobertura de reparación de los daños y el monto que destinará a la rehabilitación, informó Raúl Bermúdez Arreola, encargado de despacho de la dependencia federal.
Entrevistado durante los trabajos de limpieza de Malecón Tajamar que realizó personal de Fonatur y del Ayuntamiento de Benito Juárez, el funcionario dijo que durante el tiempo que permaneció cerrado Malecón Tajamar, se registraron actos vandálicos que dejaron como saldo el robo del cableado eléctrico, se dañaron las luminarias e incluso se llevaron las tapas de los registros del alcantarillado, afectando la infraestructura urbana en su totalidad.
“Ahora, lo que sigue es que la aseguradora haga el levantamiento de los daños a fin de determinar cuál será la cobertura de los trabajos de reparación y aquellos que no cubra la aseguranza, Fonatur destinará recursos para habilitar Malecón Tajamar; los recursos forman parte del presupuesto de la dependencia, una bolsa total de 180 millones de pesos”.
Aseguró que a más tardar en unos 15 días podrían culminar los trabajos de reparación, ahora lo importante es que ya se dio el acceso, ya se está haciendo el levantamiento de los daños y una vez que se defina cuáles son las reparaciones que entran en la aseguranza, se determinará el presupuesto que liberará Fonatur para que el Malecón Tajamar quede rehabilitado totalmente.
Bermúdez Arreola mencionó que por los actos vandálicos, Fonatur interpuso la denuncia correspondiente ante la autoridad judicial, que permitió hacer válida la aseguranza, sin embargo debido a que se encontraba cerrado el acceso a los predios, el personal de la aseguradora tuvo dificultades para hacer el levantamiento.
Se notificará a los inversionistas
Con relación a la suspensión definitiva del proyecto Malecón Tajamar, el funcionario indicó que a pesar de que la autoridad judicial ya dio el fallo, aún no se ha notificado a los inversionistas que compraron terrenos en la zona, pues será el departamento jurídico de la dependencia quien proceda conforme lo marca la ley.
“Todavía no me he reunido con el director general de Fonatur para ver cuál es el siguiente paso con relación a los predios, sin embargo es un tema que lo tiene que verificar el jurídico, yo no soy todólogo, existe un departamento que definirá el tema de la notificación”
Mencionó que Fonatur actuará conforme el dictamen de la autoridad judicial, en este caso se inició con la apertura al acceso, después vendrá el tema de la rehabilitación, para luego atender las notificaciones de quienes compraron terrenos del proyecto Malecón Tajamar, eso se definirá en el jurídico de la administración central.
Trabajar con Fonatur
Por su parte la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, quien la mañana de ayer dio instrucciones para que personal de Servicios Públicos iniciara labores de limpieza, indicó que trabajarán de la mano con Fonatur para que se rehabilite lo más pronto posible ese espacio público, cuya recuperación consideró un triunfo ciudadano.
En entrevista, luego de que oficialmente se diera el acceso a la zona, adelantó que habrá vigilancia policiaca permanente y definirá cuáles serán los horarios de visita, pues se trata de recuperar el espacio público para la convivencia de las familias benitojuarenses, que es punto clave del tejido social.
Refirió que en el tema legal la autoridad municipal se mantuvo dentro del marco jurídico, actuado con responsabilidad para dar respuesta a una petición de los ciudadanos, por lo que una vez que se dio el fallo giró instrucciones de iniciar con la limpieza, además se comprometió a trabajar de la mano con Fonatur, permitiendo así que la rehabilitación de Malecón Tajamar se dé lo más pronto posible.
“Este logro es fruto de un trabajo ciudadano, de ambientalistas de abogados, del gobierno y se logró una resolución jurídica que hoy nos permite abrir las vialidades para todos lo benitojuarenses y los visitantes de este centro turístico”
Al ser cuestionada sobre los grupos opositores a la apertura del Malecón Tajamar, que encabeza la ambientalista Katerine Ender Córdova, dijo que el mensaje era tomarse de la mano todos, toda la gente y los ambientalistas.
Conferencia cancelada
Ante el fallo de la autoridad judicial, la ambientalista Katerine Ender Córdova, quien mantenía un plantón en Malecón Tajamar a raíz de la devastación del manglar, anunció que a la una da la tarde de ayer ofrecería una conferencia de prensa en la rambla de Fonatur, para informar sobre las acciones jurídicas a seguir por la resolución del amparo.
Informó incluso que acudiría ante los jueces para saber qué sucedía con el fallo, así como para ingresar un juicio de amparo pidiendo la suspensión del acto de autoridad que es violatorio de derechos.
Sin embargo la conferencia fue suspendida y en sus redes sociales publicó un escrito en el que denunció amenazas por parte de las autoridades municipales.
En uno de sus numerosos mensajes en su página de Facebook, Ender Córdova refiere que durante la mañana había recibido una serie de llamadas donde le sugirieron que no acudiera a Malecón Tajamar, porque atentaría contra su vida. No presentó ni publicó en su página de Facebook denuncia por ese hecho.
Elementos de la Guardia Nacional resguardaron el ingreso de personal del Ayuntamiento al lugar, los cuales acudieron para hacer efectivo el mandato de un juez, de abrir a la circulación y al libre tránsito de peatones, el Malecón Tajamar. En caso de encontrar oposición al mandato judicial, los efectivos de seguridad tenían la facultad de hacer arrestos.
“Están haciendo brigadas de desprestigio en mi contra con noticias falsas, orquestado obviamente por quienes pretenden desarrollar Malecón Tajamar”, escribió.
La ambientalista advirtió que no le teme a las amenazas, que seguirá pendiente que no se afecten los ecosistemas en Malecón Tajamar y que interpondrá los recursos necesarios para la defensa del área verde.
Ender Córdova publicó un promedio de 48 mensajes en su página de Facebook, sobre el tema del Malecón Tajamar, con muy baja interacción por publicación.
CHETUMAL, QRoo.- Víctima de violencia física, sexual, psicológica y económica, ahora clama por justicia para su ella y su hijo, luego de varios años de lucha en los juzgados y que de acuerdo con ella, inclinan la balanza a favor de su agresor.
Gema M.A., de 36 años de edad, ha vivido un calvario tras maltratos sufridos por parte de su ex pareja F.P.O, quien actualmente trabaja en laSecretaría de Educación del estado.
La madre, quien padece el síndrome de Asperger, un trastorno del espectro autista, sufre junto a su hijo violencia desde hace aproximadamente cuatro años, por lo que incluso ya tiene interpuesta una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujery por Razones de Género.
Tal maltrato la llevó a ser internada en un hospital en por lo menos en dos ocasiones, además de que su hijo, de seis años de edad, estuvo presente en múltiples ocasiones en que ella fue víctima de violencia física e intentó defenderla mordiendo a su padre.
Angustiada, nerviosa y al borde del llanto, asegura que la violencia no solo fue física, psicológica y económica, sino también sexual y en reiteradas ocasiones.
Hace pausas para hablar y con esfuerzo cuenta la situación por la que aún atraviesa. En un papel escribió unos puntos de su caso para no pasar por alto detalle alguno, de hecho el texto está redactado cronológicamente.
Cuestiona a la justicia porque su pareja se negaba a reconocer a su hijo y fue hasta cinco meses después de nacido que el padre dio su apellido, cuando ella ya le había puesto el suyo.
“Las autoridades judiciales ahora quieren obligar a mi hijo a convivir con mi ex pareja, pero no lo reconoce como padre”, señaló la madre quien se nota incrédula por el sistema de justicia, luego de todo el daño padecido tanto ella como su hijo.
Es la jueza tradicional familiar de Primera Instancia en Chetumal, Gloria Patricia Canul Briceño, la que presuntamente ha favorecido a su ex pareja, incluso con un monto de pensión “minúsculo” que no garantiza las necesidades básicas de su hijo, además que esta jurista ya prácticamente decretó la custodia a favor del padre.
Su hijo además ha desarrollado trastornos psiquiátricos, producto de la “convivencia” y de la situación que ha imperado hasta el momento, en la que las autoridades judiciales no han procurado el interés superior del niño.
A pesar de que está separada, su ex pareja ha allanado su casa para aterrorizar a su hijo y a ella. La policía ha llegado al rescate, de ambos, en varias ocasiones.
En el Centro de Convivencia Familiar Supervisada Chetumal bajo la dirección de Mario Enrique Herrera Carrasco, siguió padeciendo de violencia y las trabajadoras de ese sitio presuntamente manipularon la información a favor de su agresor.
Cuando se armó de valor denunció el hecho ante el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, sin embargo hicieron perdidiza su denuncia y arreció el maltrato, pero ahora por parte de las autoridades del Centro de Convivencia, sin embargo nunca se completó la investigación.
Ahora Gema no solo recibe una pensión mínima, sino que tiene que pagar los gastos derivados de la atención por los trastornos psiquiátricos de su hijo.
La lucha por justicia para su hijo ha sido complicada, pues hasta la jueza ha encontrado la forma, a través de instancias como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Quintana Roo, dirigido por Aída Isis González Gómez, de que se emitan resoluciones a favor del presunto agresor.
El caso ha llegado hasta la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO), encabezada por Marco Antonio Toh Euán, a través de una queja interpuesta por ella, pero ha transcurrido cerca de un año y no hay ninguna resolución al respecto, aunque del tema ya tiene conocimiento la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
“Hoy hablo por mi amado hijo, anhelamos que nuestra voz sea escuchada por alguna persona que nos dé su apoyo y detenga la violencia no solo del señor, sino también de las instituciones”
CANCÚN, QRoo.- La presidente municipal de Benito Juárez, de extracción morenista, Mara Lezama, dio a conocer en conferencia de prensa que una resolución judicial ordena la reapertura de las instalaciones de Malecón Tajamar, después de que sus vialidades estuvieron cerradas desde el 16 de enero de 2016.
En cuatro días, maquinaria pesada devastó el manglar de la zona; se pretendía hacer en el lugar una zona comercial. Los terrenos habían sido vendidos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo(Fonatur).
El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito desechó por unanimidad el Recurso de Revisión interpuesto por un tercero interesado, y notificó al Juzgado Segundo de Distrito donde está radicado un Juicio de Amparo, por lo que ya es factible el acceso vehicular a la zona.
En conferencia de prensa, Mara Lezama destacó que en todo momento la comuna “se mantuvo en la legalidad y actuando con toda responsabilidad dimos la batalla jurídica en respuesta a una petición de los ciudadanos”.
Ha prevalecido, agregó, el interés de la comunidad, que además es algo que nos ha enfatizado siempre nuestro Presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. “El fin para todos nosotros es el bienestar de la gente de Benito Juárez”, recalcó.
Anunció que el sábado 15 de febrero recorrerá el lugar para evaluar la situación de servicios públicos e infraestructura.
Con mucha alegría les comparto que #MaleconTajamar abrirá sus vialidades.
Esto es fruto de un trabajo en equipo: ciudadanos, gobierno y ambientalistas logramos una resolución jurídica que permitirá abrir las vialidades para los ciudadanos y visitantes de este destino turístico.
CANCÚN, QRoo.- El secretario federal de Turismo, Miguel Torruco Marqués, indicó que ante la controversia generada por el proyecto Gran Island Cancún y el hotel Riu Riviera Cancún, con relación a la sobredensificación de la zona hotelera y la saturación de los servicios públicos, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) debe pronunciarse por escrito referente a la autorización de esos desarrollos y si hay irregularidades que se demuestren para fincar responsabilidad.
El proyecto Gran Island Cancún fue anunciado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y Torruco Márqués, al inicio de la primera quincena de octubre de 2019, como el proyecto turístico más grande en 30 años, con una inversión de más de mil millones de dólares. Tendrá tres mil habitaciones y será financiado por el Banco de Comercio Exterior y dos bancos extranjeros.
Entrevistado luego de presidir la Cumbre de Inversión e Inmobiliaria Turística, el funcionario, quien ha respaldado ambos proyectos a pesar de inconformidades de los grupos ambientalistas y del propio Fonatur, cuyo titular Rogelio Jiménez Pons, se manifestó en contra de seguir construyendo en el corredor turístico de Cancún, dijo que se debe privilegiar el desarrollo y las fuentes de empleos, siempre y cuando se cumpla el Estado de Derecho.
En ese sentido, recomendó a Fonatur a que haga un pronunciamiento por escrito con relación al por qué se opone al Gran Island Cancún y al hotel Riu Riviera Cancún. “Se debe de definir en concreto cuáles son las reglas del juego y respetarlas, hay que ver el argumento de Fonatur y darlo por escrito para saber cual es su punto de vista”.
Añadió que si hay irregularidades en los permisos se deben demostrar para que quien los autorizó vaya a la cárcel en cumplimiento a la ley; aunque por el momento se ha demostrado que tienen los permisos por lo tanto todo proyecto que cumpla con las densidades y la reglamentación deben ser aprobados por el bien del destino.
El hotel Riu Riviera Cancún se ubicará en el kilómetro 21.5 de la zona hotelera de Cancún y se estima para su construcción la cantidad de 95 millones de dólares. El hotel inició su construcción en enero de este año, después de cuatro años de litigio con Promotora Punta Nizuc.
En cuanto a la saturación de cuartos de hotel en Cancún, aseguró que el proyecto inicial que dio origen a este polo turístico marcaba 21 mil llaves, por lo tanto no hay tal situación, pero en el dado caso que haya irregularidades se tienen que presentar por escrito para fincar responsabilidad.
El funcionario federal aseguró que la postura de la Secretaría del Turismo es apoyar la inversión, el desarrollo y las fuentes de empleo, siempre y cuando se tengan los permisos correspondientes, dado que esas son las reglas del juego, por lo tanto no ve porque ambos proyectos no puedan desarrollarse.
Dijo que en dado caso que no fuera así, si Fonatur se ha pronunciado en contra, debe de dar su postura por escrito; “ellos” deben fijar una postura con la finalidad de que se aclare si realmente hay irregularidades, pero si no es así, tanto el Gran Island Cancún y el hotel Riu Riviera Cancún, tiene que desarrollarse en beneficio de este centro turístico.
Fonatur ha considerado que la construcción del hotel Riu Riviera Cancún triplica la densidad en la tercera etapa de la zona hotelera, por lo que se ha pronunciado en contra. En su momento, Jiménez Pons dijo a un periódico de circulación nacional que el hotel alteraba el uso de suelo y la densidad y añadió que el proyecto presentó dos proyectos de construcción distintos. La empresa MX Riusa II, S.A. de C.V. está a cargo de la edificación.
El director jurídico de Fonatur, Alejandro Varela, indicó al periódico El Universal que el Fondo abandonaría el mantenimiento y servicios de Cancún, si los proyectos se desarrollan tal y como han sido planteados y aprobados por autoridades locales y federales.
Con relación al proyecto Gran Island Cancún, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, declaró el periódico El Economista que el proyecto representa una amenaza para la industria del turismo, sobre todo, su impacto al medioambiente. (Con información de Jazmín Ramos)
CANCÚN, QRoo.- En 20 millones de pesos serían las pérdidas en derrama económica en la industria turística de suspenderse los fines de semana largos como lo propuso el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, alertó Francisco Madrid Flores, director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac.
Entrevistado tras la inauguración de la Cumbre de Inversión e Inmobiliaria Turística, celebrada en este centro vacacional, el académico informó que enviaron un documento en el que fijan su postura en contra de eliminar los “puentes vacacionales”, aunque coincidió con el Ejecutivo Federal de fortalecer la memoria histórica de los mexicanos.
Mencionó que dicho documento está firmado por la Unión de Secretarios de Turismo de México, la Asociación de Cadenas Hoteleras y del Centro de Investigación y Productividad Turística, el cual se envió al secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, y a los legisladores federales, para que reconsidere la idea de eliminar los días de asueto, pues hay otras forma de fomentar la memoria histórica, sin afectar económicamente la industria del ocio.
Dijo que tanto los secretarios de turismo en los estados, como los hoteleros y la academia proponen fomentar el turismo en la ciudades relacionadas con la historia del país y pueblos mágicos, de esta forma incluso se incentiva la convivencia familiar; la idea, es no perder los días de asueto que generan derrama económica.
Madrid Flores refirió que el hecho de que fije una postura contraria al gobierno federal sobre esta medida, no es porque estén exigiendo que no se aplique, lo que se busca es llegar a un consenso y proponer alternativas para que no haya pérdidas y también las fechas relacionadas con la historia del país no pasen desapercibidas.
El académico señaló que si se da la suspensión de los fines de semana largos, entonces habrá pérdidas anuales de uno 20 millones de pesos, además podría darse el caso de pérdidas de empleo, aunque el riesgo es mínimo, por eso la importancia de establecer un nuevo esquema que permita tener estos días de asueto y a la vez se fomente la memoria histórica, la cual es muy importante, porque está relacionada con el quehacer del desarrollo del país.
El documento fue enviado el miércoles a Torruco Marqués y a los legisladores federal, además se compartió en las redes sociales de los colectivos que ya fijaron su postura al respecto.
“Insisto no estamos exigiendo, ni manifestándonos en contra de la propuesta, sino pidiendo que se reconsidere y lleguemos a un acuerdo, buscando soluciones en conjunto para que no haya afectaciones al turismo y se fomente la memoria histórica de los mexicanos”, dijo.
PLAYA DEL CARMEN, QRoo.- En su última visita a este destino turístico, el 2 de febrero, un activista con la cabeza de una “rata” recibió al Presidente Andrés Manuel López Obrador, con una pancarta en la que se leía: “Presidente, aquí en (el municipio de) Solidaridad la corrupción sigue siendo un obstáculo para la Cuarta Transformación, en alusión al gobierno que encabeza la presidente municipal, Laura Beristáin Navarrete. Siete días después, Antonio Ramos Pérez dio a conocer mediante una demanda el hallazgo de un posible desvío de recursos millonarios que implica a la alcaldesa, a tres de sus colaboradores y a la concesionaria de agua potable y alcantarillado Aguakan.
Ramos Pérez, conocido en redes sociales por revelar irregularidades vía sistemas de transparencia del gobierno municipal de Solidaridad, realizó una serie de solicitudes al gobierno de Beristáin Navarrete, a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Rooy a la Secretaría del Bienestar, para con las respuestas obtenidas, confirmar sus sospechas de que se había cometido el delito de Uso Indebido de Recursos Públicos.
Lo anterior a partir de que vio una lona informativa de obra pública del ayuntamiento de Solidaridad, en el que se anunciaba la obra “Construcción de Red de Drenaje en Zonas Prioritarias del Municipio de Solidaridad”. La publicidad estaba colocada en el extremo norte de la avenida 30 Norte de la Colonia Colosio, según refiere el activista.
De acuerdo con el documento de la demanda que ingresó Ramos Pérez a la Fiscalía General del Estado, fue en diciembre de 2014 que el Cabildo aprobó concesionar el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Saneamiento de Aguas Residuales en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, a favor de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. (Aguakan), por lo que la construcción de cualquier red de drenaje le corresponde desde ese año a esa empresa.
El 29 de agosto de 2019, cita la demanda, el ayuntamiento de Solidaridad firmó el contrato MSOL-DGIDUMAyCC-R33-033-2019 por la obra “Construcción de Red de Drenaje en Zonas Prioritarias del Municipio de Solidaridad” con la empresa “Electrificaciones y Proyectos de Campeche, S.A. de C.V.
El inicio de obra sería el 30 de agosto de 2019, y concluiría, según contrato, el 17 de diciembre de 2019. El costo de la obra fue de $12’757,333 más el 16% de IVA que da una cantidad de $14’798,506.
En la solicitud INFOMEXQROO 01422819 dirigida al municipio de Solidaridad, en la que se pedía informar la procedencia de los recursos para la obra citada, este confirmó que provienen de fondos federales, además de una ampliación de $2’600.000.00 de recursos propios.
La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado a su vez informó, vía la solicitud INFOMEXQROO 01438119, que los ayuntamientos “no se encuentran obligados conforme a lo que establece el artículo 20 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado vigentes en el Estado de Quintana Roo”, a construir redes de servicios sanitarios dentro de sus jurisdicciones.
A esa misma empresa paraestatal, Ramos Pérez pidió mediante solicitud de información INFOMEXQROO 0006012019 le proporcionara mapa de cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado conforme al título de concesión otorgado a Aguakan para el municipio Solidaridad” y como respuesta obtuvo dos mapas entre el que destaca uno con el área de cobertura en el Municipio de Solidaridad en el que se incluye el “Proyecto de ampliación de cobertura de drenaje sanitario / zonas con falta de cobertura” por parte de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. (Aguakan) para los años 2019 y 2020 en la que se incluye una tabla con el nombre de cinco colonias entre las que destaca la colonia Ampliación Bellavista (motivo de la denuncia).
En la tabla se señala que la colonia en mención está contemplada en el proyecto para este año 2020 y la inversión sería de cinco millones trescientos mil pesos. Aunque el contrato fuera legal, el valor de la obra que el gobierno de Solidaridad pagó a Electrificaciones y Proyectos de Campeche, S.A. de C.V., está muy por encima del valor que la concesionaria invertiría.
Los fondos federales destinados presuntamente para la obra, provinieron del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), por lo que Ramos Pérez pidió a la Secretaría del Bienestar mediante solicitud de información 002000019720, aclarar si un municipio puede solicitar recursos del FAIS para la construcción de alcantarillado sanitario “teniendo este municipio dado en concesión a empresa privada el manejo de los servicios de agua potable y drenaje”.
La Secretaría respondió que “el concesionario recibiría de los usuarios una contraprestación económica que le permite amortizar su desembolso inicial y cubrir los gastos de conservación y explotación, por lo que no se podrán utilizar recursos del FAIS, para un servicio que ya ha sido concesionado, ya que iría en contra de los criterios contractuales.
Por lo anterior, Ramos Pérez concluyó en su demanda que el municipio de Solidaridad desvió recursos provenientes de la federación para aplicarlos en la obra denominada “Construcción de Red de drenaje en zonas prioritarias del municipio de Solidaridad” cuando que existe una “Concesión del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Saneamiento de Aguas Residuales en el Municipio de Solidaridad” a favor de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. (Aguakán). Además, existe la sospecha de que la misma empresa concesionaria pudiese haber actuado en complicidad con los denunciados.
Los demandados son Laura Beristáin Navarrete; Luis Fernando Vargas Aguilar, Tesorero Municipal; Jesús Antonio Terrazas Lara, Director General de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio Climático y Alfonso Eugenio Gordillo Avendaño, Director de Obras Públicas, estos tres últimos, firmantes del contrato de la obra.
Una de las promesas de campaña, de Beristáin Navarrete, fue la de buscar por todos los medios retirarle la concesión a Aguakan; hasta el día de hoy no ha sucedido.
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