CANCÚN, QR.- “La declaratoria” del Consejo de Seguridad Nacional que determina que la construcción del Tren Maya es una obra de seguridad nacional por las vías férreas, acto de autoridad de las secretarías de Seguridad Pública y de Gobernación que autorizan el reinicio de las obras del Tren Maya, se trata de un acto “administrativo” de autoridad, que carece de fundamentación y motivación y consecuentemente, de legalidad.

Así lo expresa el abogado Federico Ponce Rojas, quien tiene trayectoria en la administración pública federal con diversos cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Secretaria de Educación Pública, Secretaria de Gobernación, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y en la Procuraduría General de la República.

También te puede interesar: Juez emplaza a autoridades aclarar si desobedecieron orden en Tren Maya

El abogado egresado de la Universidad Anáhuac señala en una colaboración publicada por el periódico Excélsior, que la declaratoria se trata de una maquinación engañosa para burlar la ley (el derecho romano consideraba el engaño magno como un acto criminal). Una simulación de un acto jurídico para defraudar la ley desfavorable, con la aplicación de una norma (administrativa) favorable que se aplique a intereses, en este caso, políticos.

“Se trata de evitar la ley imperativa, que no facultativa, de orden público, mediante la aplicación de otra que alcance el propósito que se busca, incluso en este caso de mucho menor jerarquía”, señala.

Ley de Seguridad Nacional no puede ser invocada

Es innegable que la Ley de Seguridad Nacional no puede ser invocada, pues no existe precepto, en este cuerpo legal, que justifique su aplicación, ley que, incluso, exige un control legislativo para el efecto y al cual no se le dio participación, indica Ponce Rojas.

En el amplio catálogo de delitos que día a día cimbran la seguridad interior del país, afirma, se dan continuamente conductas previstas y penadas por el Código Penal Federal y la Ley de Vías Generales de Comunicación, aplicable a la obstrucción y destrucción en vías férreas y que hoy se invocan como motivo de seguridad nacional, siendo que la ley de la materia no las contempla con ese carácter.

En cuanto al amparo tramitado por buzos de Playa del Carmen, que dio origen a la suspensión de obras que dictó un juez, federal, Ponce Rojas aclara que la Ley de Amparo, epítome de la defensa de los derechos humanos y garantías constitucionales, tampoco debe ser burlada, ya que la misma contiene sanciones para quien repite un acto reclamado o desacata una determinación de la justicia federal al amparar y proteger los derechos y garantías inherentes al ser humano.

El Gobierno de México no esperó la resolución de un juez federal que mantenía parado el tramo 5 sur del Tren Maya. Entre las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública determinaron la reanudación de las obras, al considerar que éstas son un asunto de seguridad nacional.