Descuidan en Quintana Roo la protección de datos

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Hoy, en el marco de la conmemoración del Día de la Protección de Datos, Transparencia Internacional y Transparencia México informaron del avance al lugar 124 del ranking de transparencia, que tan solo en dos años de gobierno de la #4taTransformación, se ha remontado después del fatídico lugar 138 en el que nos dejó el gobierno de Peña Nieto.

Ello se debe al trabajo en conjunto que han realizado los tres niveles de gobierno, donde el Ayuntamiento de Benito Juárez ha puesto su granito de arena al encabezar proyectos de Gobierno Digital por medio de los sistemas tecnológicos, como ECun y Cancunmóvil, que transparentan la realización de trámites y pagos; así como de Gobierno Abierto, a través de los diversos ejercicios realizados con el presupuesto participativo y la ciudadanización del Cabildo y de la administración.

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Sin embargo, los esfuerzos se empañan con la poca participación del Poder Legislativo en relación con las reformas pendientes en materia de protección de datos, toda vez que desde la XIV Legislatura del Congreso de Quintana Roo subsisten errores absurdos que hace imposible la acreditación del delito de usurpación de identidad, nublando cualquier esfuerzo en la protección de datos.

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En la adición al código penal de Quintana Roo de septiembre de 2013, se agregó el artículo 195-Sexties como una supuesta novedad para la protección de las personas y de su identidad, quedando como sigue:

“Artículo 195-Sexties. El delito de usurpación se define como al que por cualquier medio usurpe o suplante con fines ilícitos o de lucro la identidad de una persona o otorgue consentimiento para llegar a cabo la usurpación o suplantación de su identidad, se le impondrá una pena de seis meses a seis años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días de multa”.

Sin embargo, la redacción de los diputados de Quintana Roo de esa limitada legislatura nos dejó mucho que desear, ya que en el texto del artículo se lee “O OTORGUE” (SIC)… lo que no abundamos en explicar dado que existen reglas de ortografía muy claras al respecto.

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Asimismo, el artículo expresamente señala que el fin es: “LLEGAR A CABO LA USURPACIÓN…”, situación que es imposible de realizar, y dado que en materia penal no existe la interpretación de la norma, sino que se debe observar de forma estricta, en los términos de su redacción, en sí misma manifiesta inaplicabilidad; por lo que podemos recriminar al entonces iletrado legislador la carencia de, recursos normativos y literarios. Pero este texto ha trascendido ya hasta la reciente legislatura sin cambio o modificación alguna, con lo que los actuales legisladores comparten esa responsabilidad producto de la ausencia de lenguaje y ortografía de dichos sujetos.

Por desgracia, esto no se queda solamente en el entorno tangible, sino que se traslada dicha inoperancia al entorno digital al señalar en el artículo 195-Septies en todas su fracciones, dado que se trata de mera equiparación en una redacción sin pies ni cabeza, que deja claro el total y absoluto desconocimiento en la materia.

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“Artículo 195-Septies. Se equiparan a la usurpación de identidad y se impondrán las mismas penas previstas en el artículo 195-Sexties a quienes:

IV. Al que por algún uso del medio informático, telemático o electrónico, o use la red de internet montando sitios espejos o de trampa captando información crucial para el empleo no autorizado de datos, suplante identidades, modifique indirectamente mediante programas automatizados imagen, correo o vulnerabilidad del sistema operativo cualquier archivo principal, secundario y terciario del sistema operativo que afecta la confiabilidad y variación de la navegación de la red para obtener lucro indebido”.

Sencillamente, es un tipo penal que hasta el día de hoy no hemos podido interpretar de ninguna manera, por lo que aceptamos todo tipo de propuesta para su mejor análisis.

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Sin duda alguna, ser diputado local de esta entidad tiene sus privilegios, pero se debe tener también un poco de responsabilidad y de respeto por la Ley, por el Derecho y por todos los gobernados que nos regimos bajo esas normas.

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