Desarrollos Hidráulicos de Cancún, mejor conocida como Aguakan, le ha propinado al diputado Humberto Aldana Navarro, su primera derrota jurídica, al lograr que un juez le otorgara la suspensión definitiva del decreto por el que se abrogó la extensión a la ampliación de la concesión que se hizo durante la época de Roberto Borge Angulo.

La aprobación del decreto, el 22 de diciembre de 2022, se basó en las presuntas irregularidades del contrato firmado el 11 de diciembre de 2014, que extendía la concesión hasta el año 2053.

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Para realizar la iniciativa, en la XVII Legislatura se creó una comisión transitoria especial para el seguimiento y atención de los temas referentes a las concesiones otorgadas a la compañía Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V. “Aguakan”.

Esta comisión transitoria la preside Aldana Navarro y la integran Elda María Xix Euán, secretaria; Yohanet Torres Muñoz, vocal; Alfonsa Padilla Medina, vocal y Julián Ricalde Magaña, vocal.

En el Congreso y en especial, entre los diputados, hay buenos abogados, pero persiste la duda de que el decreto se haya realizado para retirarle legalmente la concesión a  Aguakan.

Para el abogado perredista Carlos Montalbán Colón, se diseñó una estrategia jurídica y política en el Congreso para blindar la concesión de Aguakan. Para él, los congresistas sabían que iban a perder y también sabían que políticamente podrían seguir lucrando con el argumento de que hicieron lo que estuvo en sus manos, pero se enfrentaron a un Poder Judicial perverso.

Excluyen a diputados en la iniciaitva de Aguakan

Desde la XVII Legislatura, no todos estuvieron informados con proyecto de decreto planteado por Aldana Navarro, es más, algunos manifestaron que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política debió haber considerado que habría una sentencia definitiva, pero hasta ahora se conoce que el diputado morenista mantuvo en secrecía el manejo de la información, pues no le permitió opinar a los legisladores que tienen el nivel educativo para haberlo previsto.

En este tipo de temas, la escolaridad sí juega un papel importante. Aldana Navarro, según se aprecia en su currículum vitae en el sitio del Congreso local, sólo tiene la preparatoria terminada. Con un nivel académico así, el diputado tuvo que rodearse de asesores legales, que son los responsables de lo que ya es un enorme error en el tema de Aguakan.

Montalbán Colón lo explica de una mejor forma: Los abogados del Congreso saben las etapas que debieron cubrir antes, cuando menos lo del debido proceso y certeza.

Ahora, falta que los congresistas conozcan los términos de la sentencia para dar el siguiente paso. Y todo apunta a que el tema, si los abogados asesores de Aldana Navarro lo pueden prever, es que se va a dirimir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con este resultado jurídico, Paul Andrew Rangel, el CEO de Aguakan, tendrá buenas noticias que darles a los tenedores de sus certificados bursátiles, en una asamblea extraordinaria convocada para el 1 de febrero de este año.

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