La Fiscalía de Santa Cruz en Bolivia ha ordenado la captura del expresidente Evo Morales. Se le acusa de terrorismo, alzamientos armados y asociación delictuosa, en el marco de las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz.
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Acusaciones contra Evo Morales: un quiebre en la estabilidad política
La justicia boliviana formaliza cargos de terrorismo y sedición contra el expresidente, activando una nueva fase de confrontación política en el país andino.
La orden de captura contra Evo Morales, emitida por la Fiscalía de Santa Cruz, emerge en el contexto de las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio. Estas movilizaciones se dirigieron contra la administración del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el 8 de noviembre tras imponerse con el 54% de los votos frente al 45% de Jorge “Tuto” Quiroga. Las protestas fueron desatadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS), la fuerza política fundada por Morales.
De acuerdo con el documento emitido por la justicia boliviana, las acusaciones contra el expresidente son:
- Terrorismo.
- Alzamientos armados contra la seguridad del Estado.
- Asociación delictuosa.
- Instigación pública a delinquir.
- Atentado contra la seguridad de los medios de transporte y de los servicios públicos.
La denuncia formal que fundamenta estas acusaciones fue presentada de manera conjunta por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno.
Impacto humanitario y económico de las movilizaciones en Santa Cruz
Los bloqueos en la región de Santa Cruz generaron escasez de bienes esenciales, pérdidas económicas multimillonarias y un saldo trágico de fallecidos.
Santa Cruz, la región más poblada y motor económico de Bolivia, fue el epicentro de las movilizaciones y experimentó directamente sus consecuencias. Los bloqueos generaron un desabasto crítico de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades del país. Este escenario de parálisis no solo dejó al menos 16 fallecidos, sino que también provocó pérdidas económicas estimadas en más de tres mil millones de dólares.
Evo Morales responde: denuncia persecución política y crisis estructural
Morales atribuye las acusaciones a una estrategia de distracción del gobierno, que busca ocultar una profunda crisis económica y social que afecta a Bolivia.
A través de su cuenta en la red social X, el expresidente Evo Morales reaccionó a la orden de captura. Denunció que estas acciones buscan “responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción”.
Morales afirmó que su movimiento acompaña a quienes padecen los efectos del ajuste, la escasez de combustible, el alza del costo de vida, la inseguridad y el avance del narcotráfico. Subrayó que “con procesos y persecución política no resolverán los problemas que ellos mismos han provocado; solo intentan desviar la atención con un nuevo titular”. Concluyó que no será intimidado y continuará “luchando junto al pueblo (…) con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos”. Esta postura se alinea con el apoyo que sus seguidores le brindan, proclamándolo “candidato único” para 2025, incluso ante la eventualidad de prisión.
El bastión político de Cochabamba: ¿Obstáculo para la ejecución de órdenes?
La ubicación de Evo Morales en su feudo del Trópico de Cochabamba, resguardado por seguidores, dificulta la ejecución de las órdenes de captura pendientes.
Desde octubre de 2024, Evo Morales se encuentra en el Trópico de Cochabamba, una zona central de Bolivia reconocida como su bastión político y sindical. En esta ubicación, Morales está custodiado por centenares de sus seguidores, lo que representa un desafío significativo para la ejecución de cualquier orden de captura.
Esta situación se complejiza con una investigación adicional por trata agravada de personas, por la cual el expresidente también enfrenta acusaciones. Dicha investigación se refiere a su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija en 2016, mientras ejercía la presidencia. En relación con este caso, un juzgado de la región de Tarija declaró a Morales en rebeldía en mayo y dictó una nueva orden de captura debido a su incomparecencia al inicio del juicio. La Policía ha declarado que espera el momento adecuado para proceder con la ejecución de esta orden.
