CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el amparo promovido por Jorge Eduardo Ballesteros Franco, socio mayoritario de Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan), contra una orden de aprehensión librada por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El pleno, analizará si era indispensable una denuncia de Hacienda para librar la orden de captura contra el empresario por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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Para ello, aprobó por unanimidad ejercer la facultad de atracción 520/2026, relacionada con el amparo en revisión 194/2026. El asunto fue impulsado por el ministro Irving Espinosa Betanzo y ahora deberá ser turnado para la elaboración de un proyecto de resolución.
La controversia que llegará al máximo tribunal no consiste, por ahora, en determinar si Ballesteros Franco es responsable del delito que se le atribuye, sino en resolver una cuestión procesal que puede ser determinante para la orden de captura.
Sesión de la SCJN para atrae el caso Jorge Eduardo Ballesteros Franco
El caso está relacionado con la prórroga de la concesión a Aguakan y una contraprestación de más de mil millones de pesos a favor del Gobierno de Quintana Roo, durante la administración del exmandatario Roberto Borge (2011-2016).
El ministro Irving Espinosa Betanzo planteó la atracción del caso, tras un intento de Ballesteros Franco de llevar al caso a la SCJN sin tener legitimación para presentar dicha solicitud.
Antecedentes del caso Jorge Eduardo Ballesteros Franco
José Eduardo Ballesteros Franco fue invesitgado por la Fiscalía General de la Repúlbica (FGR) por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas con la prórroga de la concesión de Aguakan y una contraprestación de mil 55 millones 999 mil 962 pesos a favor del Estado de Quintana Roo.
En respuesta, Ballesteros promovió un amparo y reclamó también la supuesta emisión de una ficha roja de Interpol y una alerta migratoria en su contra.
El amparo contra su captura fue negado por un juez federal al considerar la existencia de indicios suficientes en contra del empresario. Semanas después, el caso llegó a un tribunal colegiado y finalmente a la Suprema Corte, que decidió ejercer su facultad de atracción.
¿Qué sigue para el empresario de Aguakan?
Con la atracción del expediente, la Suprema Corte tendrá que estudiar la controversia planteada y establecer si el requisito previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal (la denuncia de la SHCP) era indispensable para que pudiera librarse la orden de aprehensión.
La resolución podría tener efectos más allá del caso particular si el Pleno fija un criterio sobre la aplicación de ese requisito de procedibilidad en investigaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por ahora, el caso coloca nuevamente a Aguakan y a uno de sus principales accionistas ante la atención del máximo tribunal, aunque el procedimiento penal y la disputa por la concesión del servicio de agua corresponden a controversias jurídicas diferentes.
Antecedentes: concesión en disputa
La ampliación de la concesión de Aguakan durante el gobierno de Roberto Borge ha sido objeto de controversias desde hace años. En 2014, la empresa acordó el pago de la contraprestación de más de mil 55 millones de pesos, mientras que la concesión fue extendida hasta 2053.
En años posteriores, el gobierno de Quintana Roo impulsó acciones para revertir la ampliación de la concesión. La empresa, a su vez, emprendió distintos recursos legales para defender sus derechos como concesionaria. Este frente jurídico es independiente del procedimiento penal que involucra a Ballesteros Franco.
