Jazmín Ramos | R360
CANCÚN, QRoo.- Con la entrada de las Fuerzas Armadas – la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) – a las labores de seguridad pública hasta marzo del 2024, tal como lo establece el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), no habrá ninguna disminución en la actividad delictiva, ni en la violencia en las calles, por el contrario se disparará el abuso sistemático a los derechos humanos, además habrá un retroceso en la procuración de justicia porque los efectivos de las fuerzas castrenses desconocen la aplicación del sistema penal acusatorio, advirtió Oswaldo Antonio Chávez Wiarco, Asesor en Política de Seguridad Pública y Procuración de Justicia a Nivel Nacional.
En entrevista para Ruptura 360, el especialista explicó que, si bien con el decreto se le da una figura jurídica a las Fuerzas Armadas para que intervengan en actividades de seguridad, lo cierto, es que esto no es nada nuevo; desde el periodo de Carlos Salinas de Gortari, los mandos policiacos se vienen cediendo a militares basados en la idea errónea de que con su formación y la disciplina podrán combatir la delincuencia organizada y garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero ha sucedido lo contrario.
También te puede interesar: Abren créditos de 25 mil pesos para trabajadores independientes
Dijo que no solo se ha fracasado con esta visión de militarización del país, sino que además las fuerzas castrenses no están exentas ni blindadas contra la corrupción, ejemplo de ello, fue el general José de Jesús Rebollo, ex jefe del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD) de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), quien fue condenado a 40 años de prisión por sus nexos con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, conocido como el “Señor de los Cielos”.
Entonces, argumentó, no es que ahora haya un parteaguas con la institucionalización de la entrada de la Sedena y la Marina, que además es simulada, pues de acuerdo al decreto estarán bajo el mando y la operatividad de la Guardia Nacional que no tienen mandos civiles, sino militares, contrario a la idea que vendió al inicio de su administración Andrés Manuel López Obrador, que sería una fuerza que agruparía a efectivos civiles.
Mencionó que en general los mandos policiacos tanto municipales, estatales como federales han estado a cargo de militares retirados, pero al fin siguen siendo parte de las fuerzas castrenses, de tal modo, que solamente están oficializando algo que se venía dando bajo la sombra, con la diferencia de que quienes integran las policías civiles aún con todas las deficiencias y los abusos que algunos efectivos cometen, tienen una visión distinta a los militares, estos son entrenados para la guerra.
Chávez Wiarco, aseguró que lo que se avecina al oficializar la entrada de las fuerzas castrenses, es una violación sistemática a los derechos humanos y lo peor, es que lo que se había ganado en la capacitación del personal en las instancias de procuración de justicia con el nuevo sistema penal acusatorio, irá en retroceso; pues al entrar los militares a realizar labores exclusivas de la policía, implica que podrán ser los primeros respondientes, sin estar habilitados para ello.
Bajo ese contexto refirió que la impunidad seguirá siendo el lastre de la procuración de justicia, pues sí así, con la capacitación que han recibido los policías y los ministeriales se siguen arrastrando vicios, ahora con la llegada de las fuerzas castrenses, no tendrán ni idea de cómo funciona el sistema penal, que es muy complejo, y que para entenderlo no bastan 20 horas de curso, sino una formación de origen.
Aunado a ello, mencionó, el decreto que da atribuciones a los militares en materia de seguridad pública tiene vacíos, como no precisar el ámbito temporal y geográfico en que actuarán bajo esas atribuciones, tampoco contempla mecanismos de rendición de cuentas y lo más grave es que no garantiza que las fuerzas armadas se subordinen a un poder civil.
En ese sentido recalcó que se espera una mayor violencia en las calles, pues la seguridad pública y el combate a la corrupción son multifactoriales, en donde el desarrollo social juega un papel fundamental; entonces, no se trata de establecer tácticas de guerra, si no de crear las condiciones óptimas para que los individuos tengan las mismas oportunidades, sean productivos y no sean captados por el crimen organizado, lo cual, aún está lejos de que eso suceda en el país.