CHETUMAL, QR.- En los últimos tres años y ocho meses de la administración de Carlos Joaquín, en Quintana Roo se registraron 121 secuestros, un promedio de 2.75 mensuales, de acuerdo con la asociación civil Alto al Secuestro.
Los datos provienen del último Informe Nacional de Secuestros dado a conocer el 19 de septiembre, pero que corresponden al periodo de diciembre de 2018 al 31 de agosto del 2022.
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Aunque no se especifica el número de víctimas por estado en este periodo, sí se confirma que Quintana Roo siguió ocupando el cuarto lugar en tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes.
- Veracruz, 11.70
- Morelos, 10.75
- Zacatecas, 9.19
- Quintana Roo, 9.13
- Colima, 7.22
Repunta el secuestro en agosto de 2022
La situación cambia durante el último mes que se reporta, pues Quintana Roo aparece en el primer lugar con mayor repunte de casos durante agosto del 2022, sitio que comparte con el Estado de México. Por entidad registraron cuatro hechos delictivos.
Quintana Roo pasó de cero casos en julio a cuatro hechos en agosto, mientras que el Estado de México, de siete a 11 casos.
En los cuatro secuestros resultaron involucradas cinco personas y con este número la entidad ocupa la mayor tasa a nivel nacional en víctimas por cada 100 mil habitantes, en el último mes que se informa.
- Quintana Roo, 0.302
- Colima, 0.154
- Sonora, 0.150
- Zacatecas, 0.134
- Campeche, 0.122
Contrastan datos con cifras oficiales
Los datos aportados por Alto al Secuestro contrastan con los dados a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).
La asociación civil reportó hasta julio de 2022 un total de 117 secuestros, mientras que el Sesnsp en el mismo mes (último reporte dado a conocer) informó de 85 hechos.
Lo anterior obedece a que Alto el Secuestro integra en su reporte hasta los casos atendidos por la Fiscalía General de la República (FGR) y de los que la autoridad tiene conocimiento, pero que no se levantan carpetas de investigación.
El Sesnsp solo nutre su base de datos con los hechos de los expedientes de las fiscalías generales de los estados.
