Atora Carlos Joaquín el Instituto de Discapacidad

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Jazmín Ramos | R360

(Primera de dos partes)

CANCÚN, QRoo.- Bajo el argumento de que hay duplicidad de funciones con otras dependencias entre ellas el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el gobernador del estado Carlos Joaquín González, ha retrasado la operación del Instituto de Atención a Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo aprobado por la XV Legislatura de Quintana Roo y que permitirá crear las condiciones para que este sector de la población tenga acceso a la salud, educación y trabajo.

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Activistas e integrantes de organizaciones sociales promotoras de la iniciativa que dio origen a este organismo, coincidieron en señalar que al mandatario estatal le falta voluntad política para que entre en funciones el instituto, toda vez que esto implica reducir el presupuesto del DIF, una de las dependencias claves de los programas asistencialistas y cuya partida en 2019 fue de 727 millones 288 mil 126 pesos.

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De acuerdo a la conformación del instituto, éste fungirá como un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Salud y para el cumplimiento de sus atribuciones contará con autonomía técnica y de gestión, de esta forma no estará sujeto a intereses de grupos o políticos, al manejarse basado en las necesidades del sector que representa el 10% de la población.

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Además la junta directiva del organismo estará integrada por los titulares de la Secretaría de Salud, Desarrollo Social, Educación, Finanzas y Planeación, Trabajo, Oficialía Mayor y un representante del Consejo Consultivo de las personas con discapacidad, el cual entrará en funciones cuando el gobernador del estado designe al titular de la dirección general, pero lo ha retrasado a pesar de que los diputados aprobaron su creación en diciembre del 2018.

La ex diputada Leslie Hendricks Rubio asegura que la creación del instituto se considera un gran paso a la inclusión de las Personas con Discapacidad (PCD), por lo que solo falta que el mandatario estatal determine al titular para que inicie operaciones y una de sus primeras tareas será  integrar un padrón estatal de quienes  conformen este segmento, zonas en donde radican, así como sus principales necesidades.

Al ser cuestionada del por qué no se ha puesto en marcha el organismo, si ya existe un presupuesto, comenta que eso es competencia del Poder Ejecutivo, quien deberá lanzar una convocatoria para analizar los perfiles de los posibles prospectos.

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Esta iniciativa la promovieron organizaciones sociales y fue Leslie Hendricks Rubio con el ex diputado Emiliano Ramos Hernández, quienes la presentaron ante el pleno en su momento, a fin de crear el organismo y  considerar recursos para su operación con el propósito de atender a las PCD, quienes enfrenta barreas físicas, sociales y económicas que las excluye como miembros iguales en la sociedad.

Problemática del sector

A pesar de la problemática con la que tienen que lidiar las personas con capacidades diferentes en relación a la movilidad, la inclusión educativa y la inserción laboral, así como el acceso a la salud, actualmente la políticas públicas para atender a este sector en el estado que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) asciende a 150 mil personas, son prácticamente nulas, las cuales se basa principalmente en el asistencialismo.

Martha Basurto Origel, directora ejecutiva de la asociación civil Astra, dedicada a atender niños autistas y de otras discapacidades, indica que el tema de la discapacidad se vincula con la accesibilidad de poder tener los servicios que cualquier ciudadano utiliza.

“Las personas con discapacidad tienen que lidiar con su entorno cotidiano y en Quintana Roo es adverso, comenzando con la movilidad que está relacionada a la infraestructura urbana  y la arquitectura de los edificios y no solo para quienes sufren una discapacidad  motriz, sino para la discapacidad  visual, discapacidad auditiva e intelectual”.

Explica que las políticas públicas no son transversales, ni con una visión integrar, solo se trata de apoyos asistencialistas y que no cumplen con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

“El DIF entrega sillas de ruedas, está bien, pero éstas son para desplazarse dentro de la casa, porque en esta ciudad, salir en sillas de ruedas es totalmente imposible: las rampas están mal hechas; los edificios no tienen elevadores; los cines no cuentan con espacios habilitados y así enumeraría todos los problemas que enfrenta quienes usa una silla de ruedas”, señala.

EL DIF estatal apoya de forma asistencialista
EL DIF estatal apoya de forma asistencialista.

Basurto Origel sostiene que por ello las organizaciones siguen trabajando para lograr la inclusión y en el caso de Quintana Roo de esas propuestas ciudadanas surgió la iniciativa de crear el instituto, en virtud de que no hay una instancia pública que pueda darle seguimiento a estos conceptos y se siguen haciendo políticas públicas a la antigüita, que es dar aparatos auditivos, sillas de ruedas y ahora, las becas federales.

Indica que finalmente terminan siendo como paliativos que no resuelven totalmente el problema, “ayudan, sin duda, pero no resuelven. Y yo insisto, en estos paliativos nos estamos gastando más dinero; si se comprende bien el problema y se plantean soluciones inteligentes, probablemente el Estado no tengan que gastar tanto dinero, para lograr la inclusión de las personas con discapacidad”.

Sin embargo, dijo que los funcionarios y el propio gobernador no entienden el planteamiento de las necesidades de la PCD y siguen encajonados en el paradigma asistencial de la discapacidad, en el que el DIF tiene que liderar estas políticas.

Entonces, añade, se tiene un organismo recién creado que no ha entrado en funciones por la falta de voluntad política; “lo del Instituto de Atención a Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo, ya está todo, pero Joaquín González no designa al titular y sigue parado”.

El Estado obstaculiza el apoyo a personas con discapacidad
El Estado obstaculiza el apoyo a personas con discapacidad.

Menciona que con en el Instituto fueron muy específicos en la definición del perfil del director, tan específicos que fueron hasta discriminatorios, razón por la que se tuvo que nuevamente modificar ese punto.

“Quisimos asegurar que la persona que dirija el organismo tenga un amplio conocimiento del modelo social basado en los derechos humanos de las personas con discapacidad, que es lo que marca esta diferencia con el modelo médico asistencial rehabilitador”, afirma.

Explica que el modelo médico asistencial rehabilitador no involucra a la sociedad como parte de la solución, si tienes una discapacidad te doy algo para que te ayudes. ¿No puedes caminar?, te doy una silla de ruedas y se olvidan que tienen que salir de sus casas, porque representa involucrar al Estado para brindar toda esa accesibilidad que no existe.

Dice que las organizaciones sociales siguen totalmente abiertas a platicarlo, solo están a la espera que el gobernador quiera reunirse para explicarle de manera directa cuál es la situación; pero el jefe del Ejecutivo estatal escucha a personas que no quieren el instituto porque es un tema de presupuesto.

Explicó que los recursos los maneja el DIF, dinero que fue entregado en 2019; solo se debe seguir un poco la ruta de este tema de los presupuestos y por ahí es dónde están las resistencias para el instituto.

Las estadísticas

La situación de las PCD en México basados en un estudio que realizó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) es complicada al confrontar un ambiente laboral, social y económico que los excluye, limitando su desarrollo y empoderamiento.

En el caso de Quintana Roo, se estima que hay 150 mil PCD de las cuales el 60.8% tiene problemas para caminar; 59.4%, visuales; 29.5%, para moverse y usar los brazos o manos y el 39.3% de la población tiene dificultades para aprender, recordar o concentrarse.

Rosa María Márquez, presidenta de la Red por la Equidad de los Derechos Humanos, indica que los problemas que viven la PCD en la entidad son multifactoriales destacando la baja calidad en la infraestructura urbana y social.

De tal forma que es el estado el primero en no garantizar sus derechos y este incumplimiento tiene varias vertientes, que van desde la movilidad hasta no garantizar la educación, la salud y el recreo.

Menciona que las políticas públicas son prácticamente nulas, pues simple no se ve, es más el gobierno ni si quiera cumple con habilitar las oficinas y dependencias para el libre tránsito de PCD,  no hay elevadores, ni rampas.

Además se añade el acceso de niñas, niños y adolescentes a las escuelas públicas, cuya infraestructura no es adecuada, por lo tanto un estudiante con algún tipo de discapacidad no tiene las condiciones para desplazarse.

También el tema del transporte público debe tomarse en cuenta, cuyas unidades carecen de rampas  para el caso de quienes se movilizan en silla de ruedas, pero lo peor son las combis; éstas no cuentan ni con espacio para que puedan entrar, pero paradójicamente tienen las calcomanías de asientos reservados.

Asegura que solo es un simulación para dar cumplimiento al reglamento, pero no es funcional y tampoco hay unidades que indiquen por audio las paradas para el caso de quienes tengan un discapacidad visual, en si existen muchos otros factores que tienen que ver con el tema de la movilidad y la infraestructura urbana.

“No existe realmente dentro de la Ley de Movilidad y del Transporte Urbano algo que represente el respeto irrestricto al derecho a la persona a poder acceder al transporte, al mobiliario o a las instituciones públicas”.

Según un cotejo sobre el tiempo que una persona en silla de ruedas tienen que esperar para abordar un taxi oscila de una a dos horas, en virtud de que los operadores evitan prestar el servicio a una PCD, salvo que solicite un radio-taxi, lo que implica pagar más por llegar a sus respectivos destinos.

Pero a pesar de las estadísticas con relación a las dificultades que tienen la PCD para abordar una unidad, el secretario general del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, Erasmo Avelar Cámara, aseguró que se ha trabajado para concientizar a los operadores y dar el servicio de manera inclusiva.

“Constantemente estamos capacitando a los operadores y estamos luchando por erradicar esas prácticas, obviamente se siguen dando casos pero son mínimos, por eso es importante que se denuncien para sancionar”.

Indica que crearon incluso un servicio de taxi a través  de la aplicación WhatsApp similar al radio taxi, el cual es muy seguro  y ofrece el servicio a las PCD.

Comenta que el servicio que se da en la calle es más difícil controlarlo, por ello hay casos en los que se les niega el servicio, pero cuando son detectados se sancionan.

En cuanto al transporte urbano las PCD sortean la inaccesibilidad en el servicio, falta de elevadores, rampas mal hechas y accesos obstruidos, así como el hecho de que las concesiones no inviertan en unidades inclusivas.

En el  caso de  Cancún, las cuatro empresas concesionarias del servicio: Turicun, Maya Caribe y Alfredo V. Bonfil no cuenta con una flotilla de unidades que garanticen la accesibilidad del servicio a la PCD, únicamente se limitan a reservar los dos primeros asientos de los camiones.

Y aunque esta situación no es exclusiva de Quintana Roo, sino del país, de acuerdo a datos de la Sedesol la infraestructura urbana en la entidad está por debajo de la media nacional referente a las facilidades que ofrece en materia de movilidad para la PCD.

El estudio refiere que carece de rampas y banquetas que se adapten para que el trasporte público pueda dar el servicio a quienes se movilizan en silla de ruedas y las autoridades encargadas de la urbanización no cuentan con un proyecto a mediano plazo que reurbanice las vialidades.

Ante  ello el regidor del municipio de Benito Juárez, Isacc Janix Alanis, presidente de la Comisión Regulatoria, admite que los avances en materia de infraestructura urbana para garantizar la accesibilidad es limitada, pues las ciudades no están pensadas para ser amigables con la PCD.

“Nos falta mucho al respecto  y no solo en el tema urbano, también en las oficinas de gobierno y dependencias la accesibilidad es muy limitada”.

De igual forma mencionó que hace  falta trabajar con los concesionarios del transporte público para incluir en la liberación de los permisos una cláusula que obligue a los empresarios a contar con unidades inclusivas.

Pero agregó que también las autoridades tienen que construir banquetas que sean uniformes, para que los elevadores de los camiones puedan ser comprados con esas medidas, que fue lo que se intentó en los años anteriores pero no funcionó y se echaron a perder, porque las banquetas no son todas de la misma altura.

Desafortunadamente, tenemos mucho que trabajar al respecto, para brindarles todas las facilidades que por ley las PCD tienen derecho”.

Recalcó que se tiene que trabajar ya en la administración con relación a los contratos, concesiones y licitaciones, porque es ahí donde pueden exigir mucho más a cambio de la liberación de permisos.

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