CHETUMAL, QR.- Ante la posibilidad de que se vulnere la libre manifestación como consecuencia de la reforma aprobada para sancionar bloqueos y delitos por parte de prestadores de servicios de transporte publico y privado, la gobernadora Mara Lezama ordenó una nueva iniciativa.
En sus redes sociales, la mandataria estatal posteó: “derivado de la posibilidad de que la reciente reforma al Código Penal pudiera atentar contra la libre expresión y manifestación de las y los ciudadanos de Quintana Roo, y a pesar de que el texto anterior ya consideraba sanciones al respecto, he instruido al Consejero Jurídico para que se presente una reforma ante la legislatura local en la cual se precise el derecho de libre manifestación pacífica. Somos un gobierno sensible y democrático, y ese será siempre un derecho”.
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El pasado 28 de enero la XVIII Legislatura aprobó, en el Cuarto Periodo Extraordinario, reformas al Código Penal y la Ley de Movilidad del Quintana Roo. La iniciativa fue enviada por Mara Lezama.
Dichas modificaciones a los preceptos legales establecieron perseguir de oficio el delito de ataques a las vía de comunicación estatal (bloqueos carreteros), por parte de prestadores de servicios de transporte público o privado, como los taxistas, quienes además tendrán mayores sanciones por lesionar o asesinar a otro transportista público o particular.
La redacción del Artículo 182 del Código Penal que causó la controversia señala en su segundo párrafo que “las mismas penas (seis meses a cuatro años) se impondrán al que retenga cualquier vehículo destinado al servicio público o privado de transporte en cualquiera de las modalidades comtempladas en la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo y dolosamente obstaculice una vía de comunicación o la prestación de un servicio público de comunicación o servicio público o privado de transporte de competencia estatal”.
Reformas no son contra la libre manifestación
El diputado Jorge Sanén Cervantes señaló que las reformas son dirigidas exclusivamente a los prestadores de servicio de transporte y derivado de los conflictos entre taxistas y operadores de Uber, que han escalado a niveles altos y que no solo atentan contra el libre tránsito, sino también contra la integridad de ciudadanos y turistas, así como de su patrimonio.
El pasado 30 de enero, durante su programa La Voz del Pueblo, la mandataria estatal aseguró que era “totalmente” falso que las reformas a Ley de Movilidad y Código Penal atenten contra la libre manifestación de ideas, lo cual también quedó plasmado en un comunicado.
Resaltó que lo que se aprobó con dichos cambios al marco normativo estatal era perseguir de oficio toda agresión, violencia, en el transporte público, aun cuando no haya denuncia.
Entre las sanciones se encuentra el retiro de las concesiones y el incremento en las penas por daños a las vías de comunicación en casos de violencia en el transporte público.
No obstante minutos después de las 19:00 horas del viernes 31 de enero aceptó que con las reformas está latente la posibilidad de atentar contra la libre expresión y la libre manifestación de ciudadanos y ciudadanas de Quintana Roo.
La Consejería Jurídica será la encargada de elaborar la iniciativa que precise el derecho a la manifestación pacífica, y turnarla al Poder Legislativo para su aprobación, en su caso.