El juez penal de Chihuahua, Manuel Jurado Torres, enfrenta un proceso por prevaricación agravada tras alterar medidas cautelares a favor de un procesado por violación. Su vinculación procesal exige la renuncia obligatoria al cargo obtenido en elección judicial.
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Captura y procesamiento del juzgador electo en Chihuahua
La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua logró la vinculación a proceso penal contra el juez Manuel Jurado Torres, quien acordó dejar el cargo como condición de suspensión procesal.
La detención de Manuel Jurado Torres, juez penal de primera instancia, la ejecutó la autoridad ministerial del estado tras detectar maniobras constitutivas de delitos en la impartición de justicia. El imputado asumió la titularidad de su despacho mediante el proceso de elección judicial celebrado en junio de 2025, un mecanismo de acceso que somete a estrutinio público la conducta e integridad de los servidores judiciales.
Durante la audiencia inicial, el juzgador formalizó su aceptación del auto de vinculación a proceso penal. Para evitar la continuidad del juicio ordinario, la defensa del funcionario negoció la suspensión condicional del proceso por un plazo de 12 meses, figura jurídica que impone exigencias categóricas para su efectividad.
- Estatus procesal: Aceptación formal del auto de vinculación a proceso penal.
- Mecanismo de salida alterna: Suspensión condicional del proceso por un periodo de 12 meses.
- Condición obligatoria: Renuncia irrevocable al cargo de juez penal de primera instancia.
- Origen del nombramiento: Acceso al puesto mediante la elección judicial de junio de 2025.
El quiebre de la ética en la judicatura reactiva la exigencia de fiscalizar el poder ejercido por funcionarios con capacidad de decisión sobre la libertad de la ciudadanía.
Mecanismo de prevaricación agravada en Hidalgo del Parral
El fiscal Abelardo Valenzuela Holguín imputa al juez haber dictado una resolución ilegal el 23 de diciembre de 2025 para favorecer al cliente de un abogado amigo.
El origen de la imputación radica en una actuación deliberada que contravino la normativa vigente para otorgar ventajas indebidas dentro del sistema penal. El fiscal anticorrupción del estado, Abelardo Valenzuela Holguín, precisó que la prevaricación agravada se configura cuando un servidor público judicial emite de forma consciente una resolución injusta y opuesta al marco legal en el ejercicio de sus atribuciones.
La anomalía ocurrió en el distrito judicial Hidalgo, ubicado en el municipio de Hidalgo del Parral, donde el acusado modificó una medida cautelar gravosa.
- Fecha del acto irregular: 23 de diciembre de 2025.
- Asunto subyacente: Proceso penal contra Julio César M. V., imputado por delitos de violación y violencia familiar.
- Sustitución de la medida: Modificación de la prisión preventiva por resguardo domiciliario.
- Conflicto de interés: Relación de amistad entre el juez Jurado Torres y el litigante defensor del acusado.
- Extemporaneidad procesal: Solicitud de revisión tramitada durante el receso vacacional del Poder Judicial sin justificación de urgencia.
El uso de las estructuras institucionales para la protección de imputados por violencia de género deteriora de forma directa las garantías de justicia para las víctimas.
Exceso de atribuciones y transgresión al Código Procesal
⭕ OJO | DETIENEN A JUEZ EN CHIHUAHUA; RENUNCIARÁ POR CASO DE CORRUPCIÓN
— Los Reporteros MX (@ReporterosMX_) September 12, 2026
El juez penal Manuel Jurado Torres fue detenido en Chihuahua acusado de prevaricación agravada. Tras aceptar su vinculación a proceso, obtuvo la suspensión condicional durante 12 meses y deberá renunciar a… pic.twitter.com/IfoIr5KeJQ
La acusación señala que el juzgador rebasó sus facultades al descalificar a una jueza previa e infringir las reglas de modificación cautelar del artículo 161.
Durante la celebración de la audiencia en el periodo de receso judicial, el juzgador invalidó los criterios de la jueza de control que había dictado originalmente la prisión preventiva. La representación social argumenta que el servidor público rebasó el margen del acto procesal al usurpar atribuciones de una autoridad jurisdiccional de alzada o revisora, facultad que legalmente no le correspondía ejercitar.
La conducta cometida alteró de forma directa los preceptos normativos de la legislación procesal local.
El quebrantamiento del procedimiento legal expone la vulnerabilidad del aparato de justicia frente a acuerdos de complicidad entre operadores jurídicos.
Fiscalización institucional sobre el ejercicio de la función judicial
El caso ratifica la fiscalización sobre el ejercicio del poder público y la responsabilidad institucional de los juzgadores electos por voto popular.
La Fiscalía Anticorrupción acotó que la persecución del delito no pretende vulnerar la independencia judicial ni sancionar el sentido de los fallos por desacuerdo procesal. La investigación se encauza a determinar cuándo el poder delegado por la sociedad es desviado con el propósito explícito de beneficiar intereses privados o facciosos.
La remoción de Manuel Jurado Torres marca un precedente en el marco de la fiscalización a juzgadores que accedieron a sus cargos por la vía de las urnas.
La salida forzada del servidor público restablece el trámite penal sobre una decisión cautelar emitida al margen de la ley en Hidalgo del Parral, cerrando su trayectoria en el Poder Judicial de Chihuahua bajo condiciones de responsabilidad penal.
