El Instituto Nacional Electoral (INE) contabiliza 30 renuncias de funcionarios clave, incluyendo 17 de la oficina de la expresidenta Guadalupe Taddei Zavala, señalada por presuntos actos de corrupción. Esta situación emerge mientras la ASF investiga un fraude de 8,870 mdp con factureras.
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Desplome administrativo en el INE y la oficina de Taddei
Un total de 30 funcionarios del INE han dimitido, con 17 de estas bajas directamente vinculadas a la oficina de la expresidenta Guadalupe Taddei Zavala, acusada de corrupción.
El organismo electoral ha sido testigo de una fractura en su estructura administrativa superior. La oficina de la expresidenta, Guadalupe Taddei Zavala, concentró 17 de las 30 renuncias registradas. Entre los perfiles que abandonaron su cargo se encuentra Carlos Daniel Luna Rosas, quien fungía como jefe de Oficina. Además, tres directivos clave presentaron su dimisión: José Alberto Pérez de Acha, director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Iliana Araceli Hernández Gómez, directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y Sergio Uzeta Murcio, coordinador nacional de Comunicación Social.
La lista se agudiza con la salida de Alfonso Burciaga Esparza, director de Recursos Materiales, y Juan Manuel Vázquez Barajas, jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva. También Pedro Pablo Chirinos Benítez, quien ocupó la titularidad de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y posteriormente la coordinación de Gestión y Seguimiento en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, dejó su puesto.
El declive administrativo se extiende a otras áreas estratégicas del INE. La Dirección Ejecutiva de Administración recibió dos renuncias: la del subdirector de Transporte y Administración de Riesgos y la del líder de Proyecto de Servicios de Transporte y Parque Vehicular. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores también registra dos bajas, correspondientes a la coordinadora de Procesos Registrales y al encargado de despacho de la Subdirección de Administración y Recursos Humanos. Finalmente, el subdirector de Apoyo a Órganos Colegiados, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, también formalizó su renuncia, profundizando la tensión estructural en la institución.
Escalada del fraude y tensión estructural por entidades fantasma
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que redes de factureras y ‘empresas fantasma’ defraudaron al INE con 8,870 millones de pesos entre 2014 y 2026, escalando la vulnerabilidad financiera del organismo.
Este quiebre administrativo coincide con hallazgos críticos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El organismo de fiscalización ha identificado un esquema de fraude masivo que involucra a factureras y ‘empresas fantasma’, las cuales habrían defraudado al INE por un monto de 8,870 millones de pesos en el periodo comprendido entre 2014 y 2026.
Esta revelación dispara la preocupación sobre la contención de recursos públicos y la integridad de los procesos de contratación del Instituto. La magnitud de la cifra subraya un riesgo persistente de vulnerabilidad en la gestión financiera del INE, trascendiendo periodos administrativos específicos y planteando la necesidad de una salvaguarda institucional.
Proceso de fiscalización y deslinde de implicaciones
El INE ha iniciado un análisis colegiado de la Junta General Ejecutiva y personal de primer nivel para deslindar responsabilidades, mientras la ASF mantiene una investigación de oficio sobre el fraude de 8,870 mdp.
Frente a la parálisis y el riesgo latente, el INE ha comunicado que mantiene en análisis y revisión la situación de la Junta General Ejecutiva y del personal de primer nivel. Este proceso se lleva a cabo de manera colegiada, involucrando a las diez consejerías electorales. La revisión abarca tanto la Junta General Ejecutiva como los cargos de primer nivel, incluyendo aquellos vinculados directamente con la oficina de la expresidenta.
Adicionalmente, el escrutinio se extiende a las relaciones funcionales y los procesos de contratación que, a partir de información pública reciente, exigen un análisis detallado. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la implicación de los funcionarios que renunciaron después de la expresidenta consejera en el esquema de fraude. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha abierto una investigación de oficio, y será este organismo el que, posteriormente, dé parte a la autoridad correspondiente, dependiendo de las conclusiones de su análisis.
