El vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, demanda a la FGR esclarecer la presunta triangulación de más de 7 mil 200 millones de pesos durante el gobierno de Samuel García en Nuevo León, tras una denuncia penal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
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FGR bajo presión por supuesta triangulación de recursos en Nuevo León
La Fiscalía General de la República enfrenta una exigencia para investigar una presunta triangulación de más de 7 mil 200 millones de pesos atribuida al gobierno de Samuel García en Nuevo León.
Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, urgió a la Fiscalía General de la República (FGR) a investigar la presunta triangulación de recursos públicos que asciende a más de 7 mil 200 millones de pesos. Estas operaciones habrían ocurrido durante la administración de Samuel García en Nuevo León. La demanda surge después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpusiera una denuncia penal ante la FGR por las operaciones identificadas.
En un pronunciamiento difundido el domingo 1 de noviembre, el legislador calificó el esquema como “la estafa regia”. Acusó directamente al mandatario estatal de posicionarse como el “rey de la triangulación de recursos públicos y la facturación falsa”. La justicia, según Ramírez Cuéllar, debe extenderse “hasta las últimas consecuencias, sin importar los nombres, los cargos ni los partidos políticos”.
Denuncia de la ASF detalla desvío de 928 millones a despacho vinculado
La Auditoría Superior de la Federación identificó rutas de transferencia de recursos públicos donde 928.13 millones de pesos habrían beneficiado a un despacho jurídico relacionado con el gobernador y su padre.
La información de la ASF, citada por Ramírez Cuéllar, revela la identificación de cuatro rutas de transferencias. A través de distintas empresas, 928.13 millones de pesos presuntamente habrían sido dirigidos a un despacho jurídico vinculado directamente con el gobernador y su padre. Reportes periodísticos previos habían cifrado el desglose de estas operaciones en al menos 728 millones de pesos.
El diputado subrayó que estas acusaciones trascienden una confrontación política. Involucran el posible uso del presupuesto público para favorecer intereses particulares. Por ello, exigió que la FGR investigue exhaustivamente las rutas del dinero, identifique a los beneficiarios finales, determine la legalidad de las operaciones y, en caso de acreditar conductas delictivas, proceda contra los responsables. La demanda es inequívoca: “investigaciones rápidas, exhaustivas e independientes, sin encubrimientos ni privilegios para nadie”. Ramírez Cuéllar enfatizó que “ningún gobernador, legislador, funcionario público o empresario puede colocarse por encima de la ley”, y que “los recursos públicos pertenecen a la ciudadanía y deben destinarse al bienestar colectivo, no al enriquecimiento de particulares ni a la consolidación de redes de intereses políticos y económicos”.
Impulso legislativo para desmantelar el fuero y fortalecer la fiscalización
Ramírez Cuéllar presentó una iniciativa de reforma constitucional para eliminar el fuero e impedir que recursos legales paralicen los procedimientos de juicio político contra servidores públicos.
En el mismo pronunciamiento, Ramírez Cuéllar informó sobre la presentación de una iniciativa de reforma constitucional. El viernes 30 de octubre, esta propuesta llegó a la Cámara de Diputados, buscando modificar el artículo 109 de la Constitución. El objetivo central es eliminar el fuero y robustecer los mecanismos de responsabilidad política de los servidores públicos. La reforma busca impedir que juicios de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad detengan los procedimientos de juicio político o la ejecución de las sanciones correspondientes.
El legislador sostuvo que estas modificaciones agilizarán los procesos sin menoscabar el derecho a la defensa ni el control constitucional. Quien recibe un mandato ciudadano, argumentó, “asume una responsabilidad mayor frente al pueblo, no adquiere privilegios para evadir la justicia”. Añadió que “ningún cargo público puede servir de protección frente a posibles actos de corrupción”. Por ello, dinamita la parálisis del juicio político, buscando que las sanciones se cumplan y que “nadie, absolutamente nadie, esté por encima de la ley”. Además, señaló que acelera iniciativas contra la facturación falsa y el “huachicol fiscal”. Estas propuestas buscan fortalecer la supervisión de proveedores del sector público, identificar empresas sin capacidad económica real, mejorar el seguimiento de los recursos y detectar operaciones simuladas.
Antecedentes de las acusaciones: Un patrón de fiscalización sobre Samuel García
La justicia debe llegar hasta las últimas consecuencias, sin importar los nombres, los cargos ni los partidos políticos. https://t.co/hghanhJQMk
— Alfonso Ramírez Cuéllar (@aramirezcuellar) November 2, 2026
Las advertencias de Ramírez Cuéllar sobre el involucramiento de Samuel García en esquemas de facturación falsa datan de octubre de 2025, materializándose en solicitudes de auditoría integral a la ASF.
Las acusaciones de Ramírez Cuéllar contra el gobernador de Nuevo León no son recientes. El comunicado recuerda que, desde el 17 de octubre de 2025, durante la discusión de la Ley de Ingresos para 2026, el legislador advirtió públicamente sobre el presunto involucramiento de García en esquemas de facturación falsa. En esa ocasión, desde la tribuna de la Cámara de Diputados, señaló al mandatario estatal y conminó a las autoridades a actuar contra quienes incurrieran en la simulación de operaciones y la emisión de facturas por servicios inexistentes.
Posteriormente, el 29 de julio de 2026, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo. Este solicitaba a la ASF una auditoría integral de los recursos federales transferidos y ejercidos por el Gobierno de Nuevo León, con especial atención a contratos de prestación de servicios y ejecución de obra pública. La propuesta fue aprobada por el Pleno de la Comisión Permanente el 19 de agosto. El legislador morenista consideró que la ASF atendió esta exigencia de fiscalización, realizando una revisión cuyos resultados culminaron en la presentación de una denuncia penal ante la FGR.
