La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control (OIC) del INE denunciaron un esquema de fraude en licitaciones por 8,870 millones de pesos. Cinco empresas simularon competencia y subcontratación, con connivencia de funcionarios públicos, mientras la omisión de alertas previas marcó el proceso.
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ASF destapa red de colusión empresarial que detrajo fondos del INE
La Auditoría Superior de la Federación expuso un esquema defraudatorio de 8,870 millones de pesos en licitaciones del INE, operado por cinco empresas vinculadas.
Durante más de una década, un grupo de cinco empresas habría implementado un patrón para desviar fondos del Instituto Nacional Electoral (INE) por un monto de 8,870 millones de pesos, según reveló Aureliano Hernández, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Este esquema se extendió también a licitaciones de los Organismos Públicos Locales (Oples). Las empresas aparentaban competencia, a pesar de operar bajo el control administrativo de las mismas personas. Una vez que obtenían las adjudicaciones, tercerizaban los servicios a otra de las compañías que formaban parte del mismo concurso de licitación. Esta información salió a la luz durante la entrega del Segundo Paquete de Informes de las auditorías a la Cuenta Pública 2025, en un contexto donde surgía un presunto conflicto de interés de Guadalupe Taddei y la renuncia de 12 funcionarios cercanos a ella en el INE. El Órgano Interno de Control del INE también identificó el esquema de operación, confirmó su titular, Víctor Hugo Carvente Contreras.
Operación empresarial sin capacidad y complicidad institucional
Las empresas adjudicatarias carecían de personal e infraestructura, subcontratando a competidores simulados, evidencia de un contubernio con servidores públicos.
El titular de la ASF, Aureliano Hernández, detalló ante los diputados que la empresa ganadora de los procesos de licitación sistemáticamente subcontrataba a otra de las participantes, todas integrantes de los grupos señalados. Además, las compañías que obtenían los contratos no poseían la capacidad estructural para cumplir con las obligaciones estipuladas, lo que se manifestaba en una evidente falta de empleados e infraestructura. La ASF detectó registros laborales reducidos o nulos, es decir, empresas que, a pesar de facturar cientos de millones de pesos, contaban con menos de 5 trabajadores, y en algunos casos, ninguno. Este esquema de detracción de fondos públicos no podría haberse concretado sin una interconexión con funcionarios estatales. La red identificada en el INE precisó del contubernio entre servidores públicos y las empresas favorecidas en detrimento del patrimonio colectivo. La ASF identificó redes de vínculos entre ambos grupos y funcionarios, así como conexiones entre personas servidoras públicas y distintas empresas.
OIC del INE inició procedimientos sin alerta pública
El Órgano Interno de Control del INE inició procedimientos por faltas graves en mayo de 2025, pero no advirtió a las autoridades sobre las irregularidades pasadas.
Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, aseguró en una comparecencia ante la Cámara de Diputados que se inició un procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas graves contra cinco personas, cuya identidad fue reservada. Carvente Contreras afirmó que las primeras anomalías detectadas ocurrieron en mayo de 2025. Ante cuestionamientos sobre la falta de una advertencia oportuna a las autoridades, el titular del OIC del INE no emitió un posicionamiento. No obstante, entre 2014 y 2025, las cinco empresas vinculadas entre sí y bajo una simulación de competencia recibieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos en diversas licitaciones.
