Auditoría Superior detecta brecha de 9,600 millones en gestión federal

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) notificó a la Cámara de Diputados que el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum acumuló 9,600 millones de pesos en recursos federales sin comprobar, sumando irregularidades detectadas en la Cuenta Pública 2025 a través de dos informes de fiscalización.

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Escalada de denuncias penales por desvío federal

La ASF ha presentado 40 denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción en seis meses por hallazgos de obras no ejecutadas y documentos apócrifos.
El titular de la ASF, Aureliano Hernández, precisó a legisladores de la Comisión de Vigilancia de la ASF que las 21 denuncias penales anunciadas en el primer informe de junio ya fueron judicializadas. Posteriormente, la ASF dinamitó su acción presentando 40 denuncias ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, tan solo a seis meses del inicio de la actual gestión. Estos hallazgos corresponden a obras públicas pagadas y no ejecutadas, equipo médico de alta especialidad no localizado, y la presentación de documentos presuntamente apócrifos para simular el cumplimiento de pago de cuotas de seguridad social. Tales prácticas constituyen un perjuicio directo tanto para el Estado Mexicano como para los trabajadores del servicio de intendencia.

Brecha financiera en sectores clave: agropecuario y educación

El Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México concentran 2,327 millones de pesos en irregularidades.
Entre las anomalías detectadas en el orden federal, destaca una vulnerabilidad estructural en el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios. Allí se identificaron movimientos financieros y gastos de operación que no fueron debidamente aclarados. Similarmente, la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México presentó deficiencias. Ambos casos suman un monto observado de 2,327 millones de pesos, recursos que deberán ser acreditados ante las instancias correspondientes del proceso de fiscalización.

Recorte de ingresos estatales y municipales bajo escrutinio

ASF reporta gastos irregulares por 9600 mmdp
Auditoría Superior detecta brecha de 9,600 millones en gestión federal

Entidades federativas y 42 municipios registran 1,200 millones y 5,200 millones de pesos respectivamente, pendientes de acreditar ante la Auditoría Superior de la Federación.
La segunda entrega de auditorías a las entidades federativas registró más de 1,200 millones de pesos pendientes de aclarar, primordialmente en los sectores educativo y de salud, lo que representa una tensión estructural en la provisión de servicios esenciales. Antes de la conclusión de estas revisiones, diversas entidades reintegraron 1,132 millones de pesos, destacando Puebla, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Morelos, Tabasco, Jalisco, Guerrero y Baja California. El sector salud acumuló el mayor monto reintegrado, con 553 millones de pesos. Estos recursos, de no haber sido desviados, habrían podido contribuir a la adquisición de medicamentos, insumos médicos, equipamiento y a mejorar las condiciones de atención para la población. En el ámbito municipal, las auditorías a 42 municipios revelaron que más de 5,200 millones de pesos quedaron sin acreditar ante la ASF.

Contención de prácticas ilícitas y blindaje institucional

La ASF implementa medidas de contención contra el “coyotaje”, presentando 9 denuncias penales y advirtiendo a entes públicos sobre la fiscalización de proveedores.
Ante los recientes escándalos de corrupción, el auditor Aureliano Hernández enfatizó que la ASF no cuenta con gestores ni representantes particulares, ni utiliza despachos. La institución no tolera el “coyotaje”, prueba de ello son las 9 denuncias penales presentadas por este tipo de prácticas. Por ello, la ASF ha lanzado un llamado a los titulares de entes públicos de los tres órdenes de gobierno para que verifiquen desde el inicio y durante la vigencia de los contratos que sus proveedores y prestadores de servicios cumplan con sus obligaciones fiscales y de seguridad social. El incumplimiento de estas obligaciones implica un posible daño a las arcas del Estado, constituyendo un riesgo persistente para el erario público.

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