Acreedores internacionales denuncian que Grupo Salinas transfirió activos estratégicos a una nueva subsidiaria y ocultó información financiera sobre un crédito de 290 millones de dólares. La maniobra busca proteger los bienes de la empresa frente a reclamaciones por una deuda impagada que ya supera los 630 millones de dólares en tribunales estadounidenses.
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El método de protección de activos mediante filiales paralelas
La estructura operativa reportada por los tenedores de deuda guarda similitudes con tramas de la televisión comercial. En la narrativa de la producción Betty la Fea, la compañía Ecomoda transfirió recursos y responsabilidades a Terramoda, una entidad alterna creada por la gerencia para eludir embargos de bancos y proveedores, convirtiéndola legalmente en el principal acreedor mediante pagarés y garantías.
Esta dinámica, transmitida en México a través de las señales de TV Azteca, coincide con las acciones legales que los demandantes acusan en Nueva York. Los inversionistas exigen la liquidación de más de 600 millones de dólares derivados de un financiamiento que la empresa mexicana ha dejado de saldar, señalando un presunto vaciado corporativo para salvaguardar los elementos de valor de la compañía.
Desmantelamiento y transferencia de licencias federales
De acuerdo con los reportes presentados ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Grupo Salinas constituyó la firma TVA III con un propósito específico:
- Concentración de valor: La nueva subsidiaria recibió más activos netos que el resto de las filiales de TV Azteca combinadas.
- Aislamiento de obligaciones: El movimiento extrae los componentes valiosos del alcance de las demandas vigentes.
- Inclusión de concesiones: Entre los bienes trasladados se encuentra la licencia de radiodifusión, derecho otorgado por el Gobierno federal mexicano que representa el activo de mayor cotización de la televisora.
Los tenedores de bonos indicaron en una misiva judicial que existe un plan coordinado para situar estos elementos fuera de su alcance. La subsidiaria en cuestión se dispuso originalmente como garantía para respaldar los títulos de deuda por 400 millones de dólares emitidos en 2017, cuyo cumplimiento se interrumpió de forma definitiva en el año 2020.
El financiamiento con Alter Bank y el concurso mercantil
Cinco semanas antes de recurrir a la justicia mexicana para solicitar un concurso mercantil voluntario, TV Azteca gestionó una línea de crédito de hasta 290 millones de dólares con Alter Bank Limited. Los denunciantes manifestaron en las cortes federales de Miami que esta institución, con sede en Santa Lucía, arrastra un historial vinculado a operaciones fraudulentas y transferencias irregulares.
La defensa de los acreedores argumenta que el banco caribeño no disponía de los fondos líquidos requeridos para autorizar un préstamo de tal magnitud. Adicionalmente, señalan que la firma de medios bloqueó de manera sistemática el acceso a la información contractual de este movimiento, lo que levanta sospechas de que la operación constituya una transferencia fraudulenta destinada a alterar el orden de prelación de los cobros.
Al integrarse el crédito de Alter Bank dentro del proceso de concurso mercantil en México, la administración de la televisora le otorgó la máxima preferencia de pago. Esta acción relega a segundo término las obligaciones financieras de 630 millones de dólares adquiridas previamente con los fondos de inversión de Nueva York.
Evolución del litigio internacional en las cortes de Estados Unidos
El origen del conflicto financiero se remonta a 2017, periodo en el que TV Azteca colocó 400 millones de dólares (equivalentes a más de 7 mil millones de pesos) en bonos internacionales. El esquema pactado obligaba al pago de rendimientos semestrales con una tasa de interés anual del 8.25%. En 2020, la empresa suspendió los pagos argumentando complicaciones operativas derivadas de la emergencia sanitaria global. Los títulos de deuda fueron adquiridos por inversionistas estadounidenses mediante corporaciones complementarias domiciliadas en las Islas Caimán.
Para neutralizar los reclamos en el extranjero, la televisora recurrió a un procedimiento judicial restringido ante el Juez Miguel Ángel Robles Villegas en México. La autoridad local dictó una medida cautelar en 2020 que frenó cualquier ejecución o demanda internacional contra TV Azteca por motivos de la contingencia, a pesar de que los consorcios de Grupo Salinas mantuvieron sus actividades presenciales para el personal durante dicho periodo.
Ampliación del proceso judicial y requerimientos en Florida
La estrategia de los demandantes contempla la modificación de su recurso inicial en los tribunales norteamericanos para exigir cuentas sobre la insolvencia declarada por la compañía:
- Acusación de opacidad: Se argumenta la ocultación deliberada de bienes de capital frente a los acreedores legítimos.
- Violación contractual: Se acusa el uso del concurso mercantil en México para evadir las cláusulas fijadas en la emisión de los bonos.
- Emplazamiento de directivos: Se solicitó formalmente a la Corte del Distrito Sur de Nueva York citar a seis altos cargos de Alter Bank que habitan en el estado de Florida para que aporten testimonios y correspondencia sobre la transacción de enero, la cual vence en julio.
Las indagatorias judiciales revelan que Alter Bank opera en Santa Lucía mediante una infraestructura mínima que consta de una sola oficina y tres empleados registrados. Las actas del concurso mercantil en México confirman que TV Azteca se declaró formalmente insolvente al momento de firmar el compromiso financiero en el Caribe.
La documentación contractual de los bonos originales de 2017 prohibía explícitamente a la televisora adquirir nuevos pasivos, a menos que demostrara un nivel de apalancamiento financiero óptimo, condición que la empresa dejó de cumplir desde el año 2019. Los informes entregados en el proceso concursal evidencian que la firma duplicó de forma discreta su endeudamiento total durante los doce meses previos a la solicitud formal de protección judicial.
