CHETUMAL, QR.- El Estado se posicionó en la segunda posición nacional con el porcentaje más alto de incremento al costo de vivienda, de acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

Por municipio, Benito Juárez y Solidaridad están en tercer y cuarto lugar, respectivamente.

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El pasado 10 de noviembre, la SHF publicó el índice de Precios de la Vivienda en México, correspondiente al tercer trimestre del 2023, en la que hace un comparativo con el mismo periodo del 2022.

El informe establece que 15 estados incrementaron su precio con respecto al año pasado, por encima de la media nacional, que es del 11.2 por ciento, entre ellos Quintana Roo.

Primeros lugares precio de vivienda:

Baja California Sur, 17.9 por ciento
Quintana Roo, 16 por ciento
Sinaloa, 15 por ciento.

Los estados que registraron menor incremento son: Estado de México, con 6.4 por ciento y Puebla y Tlaxcala, con 6.9.

Mientras que las primeras posiciones por municipio y/o alcaldía están de la siguiente manera:

-La Paz (Baja California) 18.2 por ciento
Los Cabos, 17.4 por ciento
Benito Juárez (Quintana Roo), 16.2 por ciento
Solidaridad, 15.2 por ciento

En el segundo trimestre, Quintana Roo también se colocó en segundo lugar nacional, con un incremento del 12.9 por ciento. En el caso de Solidaridad, ocupó el segundo lugar, con 13.2 por ciento, y Benito Juárez el cuarto sitio, con 12.8 por ciento.

La SHF destacó que el precio promedio de la vivienda en el país es de un millón 607 mil pesos, y el costo mediano de 937 mil pesos.

El precio de la vivienda a nivel nacional en el tercer trimestre comparado con el mismo periodo del 2022 tuvo un incremento del 10.4 por ciento.

El Índice SHF de vivienda nueva presentó una variación positiva de 12.2%, mientras que el correspondiente a la usada aumentó 10.3% de enero a septiembre de 2023.

La SHF es una Sociedad Nacional de Crédito y es una de las principales instituciones de la banca de desarrollo, perteneciente al sistema bancario mexicano.

Impulsa el desarrollo de los mercados primario y secundario en materia de vivienda, a través de garantías o diversos instrumentos financieros destinados a la construcción, adquisición y mejora de las casas habitación.

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