CANCÚN, QR.- Quintana Roo se ubica en la antepenúltima posición con una calificación global de 0.36, especialmente por su baja evaluación en los factores de orden y seguridad, justicia penal y ausencia de corrupción de la cuarta edición del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 que publica World Justice Project (WJP).
El índice evalúa la situación de las entidades durante 2021 con relación al Estado de Derecho. En ese año, las alertas se encendieron en el estado gobernado por el neopanista Carlos Joaquín González, debido al incremento de la violencia y la lucha entre organizaciones criminales por hacerse del control de las zonas turísticas, situación que se agravó en este 2022.
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Por arriba de Quintana Roo se encuentran los estados de Morelos y Guerrero.
El Estado de Derecho asegura que todas las personas, instituciones, gobiernos y empresas en un determinado territorio se sujeten a reglas y principios de gobernanza que sean parejos para todos, y que cuando alguien no los cumpla tenga que rendir cuentas por ello y el afectado de esa acción pueda recibir justicia.
Desde 2018, WJP desarrolló un índice que mide la prevalencia del Estado de Derecho en cada una de las 32 entidades federativas. Se compone de ocho factores o grandes temas:
- Límites al poder gubernamental
- Ausencia de corrupción
- Gobierno abierto
- Derechos fundamentales
- Orden y seguridad
- Cumplimiento regulatorio
- Justicia civil
- Justicia penal
El índice muestra un estancamiento de los estados, incluso deterioro, en materia de Estado de Derecho.
En una escala de 0 a 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho, Querétaro obtuvo el puntaje más alto con 0.49.
Esta es la primera ocasión en que el estado encabeza el índice, por arriba de Yucatán, que había tenido el primer lugar en las tres ediciones anteriores.
Deterioro en los contrapesos del Estado de Derecho
Al hacer su evaluación de los ocho factores del Índice de Estado de Derecho en México, el World Justice Project alerta que los datos muestran un deterioro de los contrapesos a los ejecutivos estatales.
El componente de límites al poder gubernamental disminuyó en 17 entidades y permaneció sin cambios en nueve.
La caída se explica por el debilitamiento del poder Legislativo local y del poder Judicial para actuar como contrapesos eficaces al Ejecutivo estatal y también por la contracción del espacio cívico, es decir, de la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa para actuar como contrapesos al poder público.
Morelos, Guerrero, Quintana Roo, Ciudad de México y Estado de México son las cinco entidades peor calificadas en el ranking estatal de la organización internacional; Querétaro, Yucatán, Guanajuato, Aguascalientes y Sinaloa se ubican a la cabeza.
