Claves de la noticia:
- Ejidatario de Solferino: Lucas Vicencio Hernández solicitó la intervención inmediata de la Profepa para auditar la explotación de recursos forestales en un predio en disputa dentro de Solferino.
- Fondo agrario: Vicencio afirma poseer la titularidad legal de las tierras y sostiene que las acusaciones en su contra buscan desviar la atención de la presunta tala clandestina.
- Acoso judicial: El conflicto escala tras recibir un citatorio de la Fiscalía para el próximo 10 de junio, derivado de haber tomado fotografías para documentar el daño ecológico en el terreno.
SOLFERINO, QR.- Ante la presunta explotación ilegal de recursos forestales en la comunidad de Solferino, el ejidatario Lucas Vicencio Hernández urgió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a realizar una inspección inmediata en la zona para constatar los daños ecológicos. El productor argumentó que cualquier aprovechamiento de madera en la región debe alinearse con la ley federal y contar con el aval del posesionario legal, un requisito que actualmente se está omitiendo en el predio en disputa.
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Explotación forestal bajo la lupa ambiental
Vicencio Hernández sostuvo que la intervención de las autoridades ambientales es la única vía para esclarecer el impacto real de las actividades que se realizan en el terreno, del cual asegura tener los derechos debidamente acreditados desde hace varios años mediante documentación avalada por directivas ejidales anteriores.
Explicó que la extracción de recursos maderables no puede operar en la opacidad ni vulnerar los derechos de los ejidatarios. “Es como si en tu predio llegara otra persona a cortar madera. Desde luego que tienes que actuar, porque debe existir un permiso o al menos notificarse al propietario. Si la madera es para construir una palapa o una vivienda, también se tienen que respetar esos procedimientos”, manifestó, haciendo hincapié en que se debe auditar el origen y destino de cada tronco talado.
Denuncian desvío del conflicto hacia la vía penal
El llamado a la Profepa ocurre en un contexto de creciente tensión, luego de que el ejidatario fuera citado a comparecer ante la Fiscalía el próximo 10 de junio, tras ser acusado de ingresar a propiedad privada por el simple hecho de documentar fotográficamente el daño ambiental. Para Vicencio, esta denuncia penal es una estrategia de intimidación promovida por quienes pretenden controlar el ejido para ocultar las irregularidades del fondo.
“El tema que están denunciando no tiene relación con la situación de fondo. Los conflictos agrarios se atienden dentro de los órganos ejidales o ante las instancias agrarias competentes”, expresó el afectado.
Exigen diálogo en la asamblea ejidal
El productor insistió en que las presiones judiciales no detendrán su exigencia de transparencia ecológica. Reiteró que el estatus de las tierras en cuestión debe resolverse en el seno de una asamblea ejidal o mediante el arbitraje de la Procuraduría Agraria, y no en ministerios públicos.
Finalmente, el ejidatario concluyó que su prioridad se mantiene firme: que las autoridades competentes detengan cualquier afectación ambiental en Solferino y se garantice el respeto irrestricto a los derechos ejidales que legalmente le respaldan.
