Peticiones de Eduardo Albor son rechazadas
La jueza federal Laurie Selber Silverstein, titular de la Corte de Quiebras de Delaware en Estados Unidos, rechazó el pasado 4 de agosto en su totalidad la moción presentada por el empresario Eduardo Albor para desechar el concurso mercantil de Controladora Dolphin, levantar la prohibición de litigar en México y anular las sanciones económicas en su contra.
El fallo determinó que Albor faltó a la verdad bajo pena de perjurio al certificar falsamente el desistimiento de dos juicios de amparo para detener una multa de 10 mil dólares diarios impuesta por violar órdenes judiciales previas.
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De acuerdo con lo revelado por el periodista Darío Celis en su columna de El Heraldo de México, esta determinación judicial ocurre en el marco del litigio por el control del operador de acuarios de Cancún, del cual dependen unos 250 delfines, 97 pingüinos, 18 manatíes, 45 lobos marinos y 17 focas, así como tiburones, flamingos, mantarrayas y reptiles.
El conflicto inició tras las acusaciones formuladas por los socios extranjeros de la firma, Leisure Investments Management, quienes señalaron a Albor por mala administración y por incurrir en un adeudo superior a los 200 millones de dólares con las aseguradoras Prudential, MetLife y Cigna.
Origen de las sanciones y la falsa certificación en la Corte de Quiebras de Delaware
En junio de 2025, el tribunal estadounidense sancionó a Eduardo Albor con una multa de 10 mil dólares diarios tras confirmar que continuaba litigiando en México a pesar de la prohibición expresa fijada por la sede judicial.
Para frenar la acumulación de la sanción financiera, el empresario entregó un escrito en el que certificó, bajo protesta de decir verdad, que había desistido de dos amparos promovidos en tribunales mexicanos y que no daría seguimiento a litigios de control societario sin autorización previa.
La investigación de la jueza Laurie Selber Silverstein concluyó que dicha declaración era falsa al momento de presentarse y continuaba en esa misma condición.
El fallo expone que Albor no se desistió formalmente del juicio, sino que solicitó a un tribunal colegiado mexicano que lo requiriera para ratificar la medida. Al ser emplazado por la autoridad judicial para confirmar el trámite, el empresario no compareció, lo que provocó que el juicio de amparo permaneciera activo y fuera utilizado 11 meses después en Delaware como prueba de una supuesta restitución en la presidencia del Consejo.
Obstaculización administrativa y desacato en el proceso de Controladora Dolphin
La resolución judicial detalla que, desde junio de 2025, la corte mantiene documentadas diversas acciones mediante las cuales Eduardo Albor bloqueó el acceso de la administración autorizada a las cuentas bancarias mexicanas de Controladora Dolphin.
Se asentó que el empresario restringió la disposición a los registros corporativos y a las claves de acceso de servidores y correos electrónicos del grupo.
A la par de estas restricciones operativas, se comprobó que instruyó a empleados y proveedores para no colaborar con la administración designada por el tribunal. Durante este periodo, Eduardo Albor se ostentó como consejero en funciones de las empresas concursadas con base en un fallo dictado por la jueza especializada en Concurso Mercantil, Ruth Haggi Huerta, resolución que no fue apelada en su momento por el empresario.
Implicaciones finales del fallo de la jueza Laurie Selber Silverstein
Al emitir la sentencia definitiva, la juzgadora enfatizó que las violaciones directas a las órdenes del tribunal no pueden ser toleradas ni premiadas dentro del proceso legal.
La jueza Laurie Selber Silverstein señaló en el escrito oficial que la decisión del empresario de ignorar los mandatos de la sede judicial durante un año, mantener la violación a la suspensión automática y rendir una certificación falsa conlleva consecuencias legales directas.
Con la negativa total a la moción de desestimación, Controladora Dolphin se mantiene bajo el esquema de reestructuración fijado por la Corte de Quiebras de Delaware. La resolución deja sin efecto las pretensiones de la defensa de Eduardo Albor, mantiene vigentes las restricciones para litigar en juzgados mexicanos y ratifica la invalidez de los argumentos presentados sobre el control corporativo de la entidad.
