Claves de la noticia:
- El Partido del Trabajo propone que el bloqueo de cuentas bancarias requiera la autorización de un juez para evitar arbitrariedades.
- La reforma busca modificar los artículos 115 y 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito.
- El objetivo es equilibrar la lucha contra el lavado de dinero con el respeto a la presunción de inocencia y el debido proceso.
CDMX.– Con el objetivo de blindar los derechos fundamentales de los usuarios del sistema financiero, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Senado, bajo el liderazgo de su coordinador Alberto Anaya Gutiérrez, presentó una iniciativa de reforma que busca transformar el procedimiento de inclusión en la lista de personas bloqueadas. La propuesta central radica en establecer la obligatoriedad de una autorización judicial previa antes de proceder al bloqueo de cuentas bancarias, asegurando que esta medida no vulnere la audiencia previa ni la presunción de inocencia.
La iniciativa pretende modificar los artículos 115 y 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. Según los legisladores, esta medida no busca eliminar las facultades del Estado para prevenir delitos financieros, sino fortalecer su legitimidad mediante un control judicial que hoy es inexistente en el ámbito administrativo de estas sanciones.
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Protección de derechos fundamentales y debido proceso
Durante la presentación de la propuesta, el senador Alberto Anaya subrayó que la inmovilización de fondos no debe considerarse un simple trámite de oficina. Al afectar de manera directa el patrimonio y la capacidad de subsistencia de las personas, esta medida debe ser equiparable a otros actos invasivos como los cateos o las intervenciones de comunicaciones, los cuales ya requieren el aval de un juez en el sistema jurídico mexicano.
“Quien pierde el acceso a su patrimonio no enfrenta una simple molestia administrativa, sino una paralización total de su vida económica”, aseveró Anaya Gutiérrez. El coordinador enfatizó que la intervención de un juez garantiza la imparcialidad en el proceso, evitando que la medida se convierta en una herramienta discrecional.
El impacto del bloqueo de cuentas bancarias en la confianza institucional
El proyecto legislativo detalla que la inclusión en la lista de personas bloqueadas debe estar vinculada estrictamente a la existencia de una orden judicial que fundamente la relación del usuario con delitos específicos, tales como el financiamiento al terrorismo o las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con esto, se busca que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de seguridad financiera sin sacrificar el orden constitucional.
El senador del PT insistió en que un sistema que permite la afectación patrimonial inmediata sin control judicial genera percepciones de inseguridad. Por el contrario, un modelo basado en la legalidad fortalece la confianza de las instituciones y proyecta una imagen de certeza jurídica que beneficia incluso la atracción de inversión extranjera al país.
Hacia un modelo de justicia proporcional y moderno
Finalmente, la reforma apela al principio de proporcionalidad, argumentando que toda restricción de derechos debe ser idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. Para el GPPT, el bloqueo de activos es una herramienta útil para prevenir el uso de recursos ilícitos, pero su aplicación debe evolucionar hacia un esquema donde la eficacia estatal y la protección de la dignidad humana coexistan sin conflictos.
“La fortaleza de un Estado no se mide únicamente por su capacidad de actuar, sino por su capacidad de hacerlo correctamente”, concluyó Alberto Anaya. Tras su presentación, la iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y posterior dictamen.
