Claves de la noticia:
- El CEMDA exigió formalmente a las autoridades ambientales reponer la consulta pública de proyecto “San Mex” para cumplir con el dictamen de la justicia federal.
- El Poder Judicial determinó que la SEMA violó los derechos de participación ciudadana de los habitantes de Playa del Carmen durante la evaluación ambiental.
- La dependencia estatal enfrenta multas económicas y las consecuencias de la Ley de Amparo si insiste en evadir el cumplimiento inmediato de la sentencia.
CANCÚN, QR.- Gustavo Alanís, fundador y director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), hizo un llamado respetuoso pero firme a la Secretaría del Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo para que acate la sentencia del Tribunal Colegiado. La autoridad judicial ordenó reponer el procedimiento de la consulta pública de proyecto “San Mex”, un complejo especializado para el tratamiento de aguas residuales que se planea edificar en el municipio de Solidaridad.
“La Secretaría del Medio Ambiente ha tenido múltiples oportunidades para cumplir voluntariamente y, en cada una, ha elegido el camino contrario. El Tribunal ya le dijo que vulneró el derecho de participación; el Juzgado le dijo que su alegato de imposibilidad es inválido; y aun así la dependencia insiste. No hay más margen para interpretaciones: debe acatar la sentencia de forma íntegra e inmediata, o enfrentar las consecuencias que la propia Ley de Amparo establece”, argumentó categóricamente Gustavo Alanís.
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SEMA violó el derecho a la participación ciudadana
El conflicto legal escaló tras concederse un amparo a la comunidad de Playa del Carmen. A juicio del juzgador federal, quedó plenamente demostrado que la SEMA violó el derecho a la participación ciudadana dentro del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA). Debido a esto, la autoridad estatal está obligada a reiniciar de forma transparente la consulta pública de proyecto “San Mex” si desea otorgar legalmente las autorizaciones correspondientes para la construcción del complejo.
De acuerdo con las publicaciones oficiales del CEMDA, el Amparo en Revisión 597/2025 derivó originalmente del Juicio de Amparo Indirecto 1105/2024-C-5, promovido por los propios habitantes de la Riviera Maya ante la opacidad del proceso.
Ordenan abrir la consulta pública de proyecto “San Mex”
El desarrollo en cuestión consiste en la construcción y operación de un centro especializado para la recepción, mantenimiento y resguardo de unidades dedicadas a la recolección y transporte de aguas residuales provenientes de distintos giros comerciales de la región. Asimismo, el plan integral contempla la puesta en marcha de una planta de tratamiento de aguas residuales.
La infraestructura proyectada para este complejo de servicios incluye:
- Oficinas administrativas y áreas comunes para el personal.
- Talleres mecánicos y zonas exclusivas de limpieza de unidades.
- Instalaciones para el manejo de lodos y grasas.
- Infraestructura para el tratamiento y almacenamiento de agua tratada.
La obra se pretende desarrollar sobre un predio de aproximadamente 8 mil 725 metros cuadrados ubicado en la localidad de Playa del Carmen, Quintana Roo, y representa una inversión financiera estimada en los 12 millones de pesos.
Ultimátum judicial y sanciones por desacato institucional
Desde el pasado 23 de junio, el acuerdo derivado del Juicio de Amparo Indirecto 1105/2024-C-5 fue radicado formalmente en el Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Quintana Roo. Dicha resolución se emitió con estricto fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, y 196 de la Ley de Amparo.
La justicia federal advirtió que no tolerará más evasivas en la reposición de la consulta pública de proyecto “San Mex”. De persistir la omisión del fallo por parte de la Secretaría del Medio Ambiente, la dependencia podría hacerse acreedora a una multa equivalente a 230 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que representa una sanción económica de 26 mil 981 pesos, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan a los servidores públicos por desacato.
