Claves de la noticia:
- Denuncia legal: Organizaciones ambientales presentaron recursos jurídicos contra el Ejército Mexicano por ejecutar la construcción ilegal de una carretera de 16 kilómetros sin legalidad ambiental en Tulum.
- Ecosistema en riesgo: La vía se asienta directamente sobre el Sistema Sac Actun y la Falla de Holbox, amenazando el suministro de agua dulce de la Riviera Maya y a 78 especies en peligro.
- Fines inmobiliarios: Activistas acusan que el proyecto carece de utilidad pública o conectividad comunitaria, funcionando en realidad como un vector de especulación inmobiliaria con dinero público.
CDMX.— Ante la persistente destrucción de la selva maya y el avance de obras que operan fuera del marco de la legalidad ambiental, las organizaciones Sélvame MX y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) presentaron sendas denuncias legales sobre una obra que calificaron como un ecocidio en marcha. Se trata de la construcción ilegal de una carretera de 16 kilómetros en el municipio de Tulum, ejecutada por el Ejército Mexicano. La obra se realiza sobre el Sistema Sac Actun, uno de los acuíferos subterráneos más grandes y frágiles del planeta, fracturando el corazón de la selva virgen y poniendo en riesgo inminente el suministro de agua dulce de la región.
A través de un boletín de prensa emitido de manera conjunta, las organizaciones y especialistas advirtieron que lo que inicialmente se señaló como una consecuencia colateral del Tren Maya, hoy se materializa como una herida abierta en el ecosistema. De acuerdo con la denuncia de los activistas, este camino no cumple ninguna función de conectividad pública —no funciona como un libramiento vial ni acorta los tiempos hacia Chetumal o Tulum—, ni atiende las necesidades de movilidad, salud o educación de alguna comunidad indígena local. Es más bien un proyecto de especulación inmobiliaria con dinero público.
También te puede interesar: Marriott International inaugura The St. Regis Costa Mujeres Resort, nuevo ícono de lujo
El trazo de esta carretera proviene de un acuerdo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con núcleos ejidales; sin embargo, Sélvame MX señala que la zona afectada carece de actividades agrícolas o asentamientos humanos que justifiquen la vía. “Esta carretera es un vector de destrucción masiva. No es para la gente; es una cicatriz de 16 kilómetros abierta en selva virgen con el único propósito de detonar la especulación inmobiliaria, propiciar invasiones y meter el desarrollo urbano desordenado a la fuerza sobre el acuífero”, alertó Pepé Tiburón, representante de Sélvame MX.
El impacto de la construcción ilegal en el suelo kárstico de Tulum
La preocupación central de la comunidad científica y activista radica en la composición geológica y la ubicación geográfica de la obra. El camino se asienta directamente sobre el sistema de cuevas inundadas Sac Actun y colinda con el sistema de la Falla de Holbox, una fractura que actúa como el principal corredor hidrogeológico de la Península de Yucatán.
La construcción ilegal utilizan maquinaria pesada y la pavimentación en esta zona crítica conlleva tres riesgos ambientales catastróficos e irreversibles:
- Colapsos y hundimientos: Debido a la extrema fragilidad de la delgada capa de roca caliza que cubre los cenotes y cavernas.
- Corte de flujos subterráneos: Interrupción de las venas de agua que corren de manera natural hacia el océano.
- Contaminación del acuífero: Filtración directa de combustibles y residuos al agua dulce que abastece a la población local, al sector turístico de Tulum y a toda la Riviera Maya.
Entre los ponentes se destacó Pedro Uc, poeta y Defensor del Territorio Maya, integrante fundamental de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal. Uc hizo énfasis en la relevancia de la selva maya y, particularmente, en “la importancia de cuidar el recurso hídrico del cual al final del día todos dependemos”. Igualmente, subrayó que, no obstante la construcción del “mal llamado Tren Maya”, los beneficios que se ofrecieron a la población simple y sencillamente no han llegado, lo cual tampoco sucederá con este nuevo tramo vial.
Voces de alerta por la devastación de la selva maya y Sac Actun
Por su parte, José Luis Perlasca Ruz, en representación de Greenpeace México, mencionó que “Sac Actun no es un hecho aislado; lo que está ocurriendo en toda la Península de Yucatán es una acumulación alarmante y simultánea de impactos negativos sobre un territorio cada vez más al límite. Los expertos insisten en que esta construcción ilegal sobre Sac Actun suma considerablemente al deterioro ecológico de la región”.
Añadió que la construcción ilegal representa una muestra más del “profundo desdén” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de las autoridades mexicanas hacia la vida y los ecosistemas, por lo que urgió a comprender lo que verdaderamente está en juego en el sureste mexicano.
“Desde Greenpeace México reiteramos que la Semarnat tiene hoy una responsabilidad histórica. Ya no es suficiente atender proyecto por proyecto mientras el territorio acumula una presión ambiental extrema. La autoridad ambiental debe dejar de actuar únicamente como administradora de permisos y asumir plenamente su obligación constitucional de proteger los ecosistemas estratégicos del país a través de un plan integral de protección de la península, de restauración de la selva maya”, sentenció Perlasca, apuntando que la dependencia debe impulsar una visión regional con límites claros.
Violaciones a las leyes ambientales e impunidad institucional
Por su parte, el fundador y director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Gustavo Alanis Ortega, detalló la gravedad jurídica e institucional del proyecto. Explicó que la edificación del camino pone en riesgo al sistema de ríos subterráneos más grande del mundo y causará cambios irreversibles en el hábitat de un sitio de distribución potencial de hasta 78 especies en riesgo de extinción, resaltando la relevancia del ecosistema para el mono araña.
Asimismo, Alanis Ortega señaló que la controvertida construcción ilegal contraviene de forma directa diversas disposiciones legales del Programa de Ordenamiento Ecológico Cancún-Tulum, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y de la Ley General de Vida Silvestre.
Ante este escenario de impunidad, Sélvame MX, Greenpeace México y CEMDA hicieron un llamado enérgico a las autoridades federales, judiciales y ambientales para detener de inmediato los trabajos de desmonte. Los colectivos advirtieron que continuar con esta construcción ilegal financiada con recursos públicos e infraestructura militar viola flagrantemente el derecho humano a un medio ambiente sano y compromete el futuro hídrico del sureste. “La selva y el acuífero no conocen de fronteras políticas ni de acuerdos ejidales; si Sac Actun colapsa, colapsa la vida en el Caribe”, concluyeron.
